La estrategia del régimen en estos años ha sido llevarnos de sobresalto en sobresalto, con el único objetivo de no asumir las verdaderas responsabilidades frente a los problemas que agobian al país. No saben cómo resolver la debacle y la salida es distraernos con la zozobra. De la corrupción a la ley habilitante o la emergencia, del saboteo en Amuay al magnicidio, de la inmunidad parlamentaria al desgaste de la democracia parlamentaria. A todas estas, la verdadera zozobra que no se pude tapar es la que produce entre los ciudadanos el desabastecimiento, la inseguridad, la inflación y la crisis hospitalaria.

La habilitante contra la corrupción es un espejismo. Los corruptos fundamentalmente están en el régimen; los gobiernos son los corruptos, no la oposición. La habilitante, que dudo la soliciten, no resolverá el flagelo de la corrupción, lo resuelve la voluntad política de un gobierno, al cual ya se le pasó su tiempo para resolver cualquier cosa.

Constitucionalmente la habilitante no procede. La habilitación legislativa es una delegación que le otorga la AN al gobierno para que dicte normas con carácter, fuerza y valor de ley. La habilitación tiene un carácter excepcional, porque significa que la AN se desprende de su función más preciada. En este momento existen instrumentos legales para enfrentar la corrupción, lo que no existe es Contralor General de la República, ni tribunales ni fiscalía independiente; no existe ni voluntad de enfrentar el problema. Para eso no hay necesidad de habilitar a nadie.

Además, la habilitación no procede para regular tipos penales ni limitaciones a derechos fundamentales, ni crear penas con carácter retroactivo. La jurisprudencia de la CIDH lo prohíbe. No hace falta la habilitación para aplicar con justicia la ley existente.

Por último, la habilitación se otorga mediante ley y debe ser tramitada según el procedimiento de formación de la ley. Para sancionar una ley habilitante se requieren las 3/5 partes de los integrantes de la AN. Otorgar una habilitación sin cumplir con los límites y parámetros que impone el derecho sería un abandono de la función legislativa por parte del Parlamento.

La habilitante será un sobresalto más, que a lo mejor otro sobresalto lo sustituirá. Si la imponen, a su modo, sólo será otro frustrado operativo político.

gfernandez@cjlegal.net

Por Gerardo Fernández

El régimen corrupto emprende una campaña contra la corrupción. Hacen una campaña efectista para hacerle creer al país que ellos no son corruptos y, de paso, pretenden señalar que los corruptos son los opositores, que precisamente no son los que han saqueado las arcas nacionales en los últimos años.

El Gobierno señala que quiere enfrentar el flagelo de la corrupción, del cual es el principal responsable, declarando una emergencia constitucional, por lo visto un estado de excepción constitucional, o solicitando a la AN una Habilitante. Ambas propuestas solo reflejan el desconocimiento que tienen sobre ambas instituciones y, sobre todo, que no quieren resolver realmente el problema. Con propuestas semejantes, solo demuestran nuevamente su incapacidad total y absoluta para gobernar.

Los estados de excepción son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficiente los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos. La excepción está signada por la gravedad, la necesidad, la urgencia, la proporcionalidad en las medidas que se adopten y la temporalidad. El estado de excepción implica restringir garantías constitucionales. Precisamente el Gobierno deja entrever que pretendería restringir el debido proceso y lo que ello implica, garantía que la propia Constitución prohibe restringir. La vía de la excepción constitucional no es jurídicamente viable.

De otra parte proponen una Habilitante. La misma se otorga mediante ley y para sancionarla se requieren las 3/5 partes de los integrantes de la AN, con los cuales no cuenta el régimen. De otra parte, la habilitación no procede para regular tipos penales ni limitaciones a derechos fundamentales. La jurisprudencia de la CIDH lo prohibe.

En definitiva no pretenden acabar con la corrupción, quieren procurar inconstitucionalmente más poder para criminalizar a la oposición.

Para combatir la corrupción se requiere voluntad, que el régimen no tiene. La mejor demostración de ello es que ni al Contralor General de la República han querido nombrar.

gfernandezqcjlegal.net

Por Gerardo Fernández

La inmunidad parlamentaria es una garantía de libertad de funcionamiento de la AN, consagrada para asegurar la independencia y autonomía de la misma. La inmunidad es una prerrogativa procesal que protege al Diputado, a fin de que no pueda ser procesado, detenido, requisado, ni allanado sin que se cumplan formalidades constitucionales previas, como lo son el antejuicio ante el TSJ y, en caso de que sea declarado procedente dicho antejuicio, la autorización de la AN. El respeto a la inmunidad es condición indispensable para la democracia parlamentaria. Se allanó, mejor dicho se arrebató, la inmunidad del diputado Mardo sin respetar ninguna de las formalidades, requisitos, plazos y garantías constitucionales.

En el caso concreto del diputado Mardo, se violentó de manera directa, flagrante e inmediata el Estado de Derecho: i) El TSJ declara con lugar un antejuicio de mérito sin pruebas, las que presentó la Fiscalía eran forjadas y no se permitió a la parte afectada controlar la regularidad, certeza y veracidad de las pruebas. Se vulneró en dicho proceso previo, el derecho a la defensa y al debido proceso.

ii) La AN viola el procedimiento de allanamiento establecido en el artículo 25 del Reglamento de la AN que dispone que una vez recibida la solicitud de autorización por parte del TSJ para allanar la inmunidad de un Diputado, en virtud de la declaratoria con lugar del antejuicio, se procede a nombrar una comisión especial que se encarga de estudiar el asunto y presentar un informe a la plenaria, en un plazo de 30 días. Dicha comisión debe respetar el derecho a la defensa y el debido proceso del Diputado a quien se le pretende allanar la inmunidad. Nada de eso se respeto. iii) Se allanó la inmunidad con una mayoría no calificada, cuando así lo exige la Constitución.

En el caso del diputado Mardo ya se le aplicó la pena y la sanción máxima de inhabilitación política y de suspensión de su cargo, sin ni siquiera haber comenzado un juicio. Se violó la representación popular y el mandato popular que lo eligió. El régimen convirtió el allanamiento en un mecanismo de intimidación y persecución como parte de una ofensiva contra la disidencia, que afecta hoy a la oposición, pero mañana puede afectar al oficialismo.

No hay democracia parlamentaria. El Parlamento pierde con la ilegitimidad de desempeño y ello demuestra y profundiza la ilegitimidad del régimen.

gfernandez@cjlegal.net

Por Gerardo Fernández

La institucionalidad es requisito fundamental para un Estado democrático y eficiente. Sin institucionalidad no hay seguridad y estabilidad jurídica; no hay Estado derecho, ni reglas claras que regulen la vida ciudadana, asociativa o empresarial; no hay justicia y, por supuesto, no hay eficiencia de los órganos del Poder Público. La institucionalidad es indispensable para la prosperidad, la superación y la libertad. Sin institucionalidad hay anarquía y el Estado será un Estado fallido. En Venezuela la institucionalidad está perdida. Las noticias diarias que nos abruman son signos inequívocos de la pérdida de institucionalidad.

Los colectivos aupados por el propio gobierno retan a la policía, la cual pierde autoridad. La inseguridad incontrolable hace que el gobierno implemente múltiples operativos que ninguno funciona; peor, colocan a la FAN a asumir un rol en materia de seguridad y orden público para el cual no está preparada y termina el propio ciudadano siendo víctima del plan «Patria Segura». La fuerza, la impunidad y la anarquía se imponen sobre la ley y la policía.

El TSJ y el Poder Ciudadano sólo dan demostraciones de sumisión al régimen. Los abogados de los presos políticos terminan igualmente siendo víctimas del terrorismo judicial; los diputados de la oposición a la AN les declaran la procedencia de un antejuicio de mérito con pruebas forjadas, para despojarlos de su inmunidad, amedrentarlos y «sacarlos del juego». Las impugnaciones contra las elecciones y los juicio que no convienen al régimen no son decididos o, simplemente desechados sin argumento jurídico alguno.

La AN totalitaria y antidemocrática en su desempeño, sólo actúa como una caja registradora para aprobar créditos adicionales al gobierno, satisfaciendo su voracidad fiscal y aprobando acuerdos absurdos alabando la democracia inexistente, ensalzando la legitimidad de un régimen ilegítimo y auto elogiando al régimen. Inseguridad y miedo, es lo único que demuestran.

La administración pública y sus órganos actúan como entes de represión, lo cual se reconoce abiertamente por sus funcionarios. La inseguridad jurídica en materia comercial, financiera y cambiaria sencillamente da al traste con la economía del país y sus actores. La ideologización de las relaciones internacionales compromete la soberanía misma del país. Y el estamento militar tratado como un partido político.

gfernandez@cjlegal.net

Por Gerardo Fernández

Litigar las impugnaciones contra las elecciones resulta aún más complejo cuando se tiene al juzgador en contra. No sólo se litiga contra el CNE, se litiga contra el TSJ, y no en el TSJ; se litiga contra el poder, el abuso y la desviación.

La Sala Constitucional se avocó al conocimiento de las causas de manera arbitraria, vulnerando el principio del juez natural y las competencias especializadas de la Sala Electoral. La ley permite el avocamiento de manera excepcional sólo cuando existan indicios de violación del orden público constitucional, ello para evitar que la Sala Constitucional se avoque a juicios que cursan en otros tribunales de manera arbitraria y caprichosa. En este caso, sin lugar a dudas, no se ha dado este supuesto. Este avocamiento no responde a criterios jurídicos, sino políticos, para procurarse mayor control de los juicios y sus decisiones. Eso es muy peligroso para el estado de derecho, es la prueba de la falta de independencia del Poder Judicial.

En este momento a la Sala le correspondería pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos, ya que no hay causa legal para negarla y tramitar el juicio, permitiendo demostrar la corrupción electoral.

No obstante, la primera actuación de la Sala Constitucional fue requerir al CNE un informe de las resultas de las auditorías efectuadas por el ente comicial. Esa decisión se anticipa al debate de fondo planteado, esperemos que no sea para desestimar arbitrariamente los juicios de manera apresurada. Ya se sabe que esa supuesta auditoría señaló que el proceso electoral arrojo «error cero»; no nos extrañe que con base en ello el TSJ diga que, en consecuencia, todo está perfecto y no hay nada que discutir, desechando de una vez los recursos. Tal decisión sería una grave violación al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso. Hemos dicho que estos recursos son una herramienta para la democracia y una salida a la crisis de legitimidad. La ponderación se impone, le conviene al país en su totalidad.

Lo importante es la constitución de un TSJ imparcial y justo. Por ello se recusaron a todos los magistrados, ya que adelantaron opinión sobre el fondo del debate y hay parcialidad política e ideología. Se utilizan todas las herramientas que ofrece el Estado para recuperar la institucionalidad y el estado de derecho.

Por Gerardo Fernández

En los últimos tiempos se ha planteado la necesidad de una constituyente como una salida a la crisis política. La constituyente se plantea como una salida de transición política y su convocatoria sería una herramienta para superar la crisis de legitimidad y recuperar la institucionalidad democrática. Otros plantean que la constituyente sería una herramienta, una vez que cambie el gobierno, para la recuperación de la institucionalidad y una solución a los problemas y deficiencias gubernamentales.

La constituyente tiene por objetivo una modificación de la Constitución y del orden institucional. Los problemas que aquejan y sufre el país no se resuelven con una constituyente, un cambio de Constitución o un nuevo orden constitucional. Los males que estamos padeciendo no son culpa de la Constitución, no son fundamentalmente un problema constitucional y, un debate constituyente sobre temas constitucionales, en nada contribuye a resolver los problemas de servicios públicos, corrupción, inseguridad, control de cambio, desabastecimiento, desempleo, falta de vivienda, crisis universitaria, epidemia del H1N1, ilegitimidad del gobierno, totalitarismo parlamentario, falta de autonomía del Poder Judicial, CNE y Poder Ciudadano, cadenas de radio y TV, falta de institucionalidad militar, e ineficiencia absoluta del régimen.

Los problemas gubernamentales se resuelven con un nuevo gobierno y gobernando conforme a la Constitución; el cambio de gobierno debe y puede venir conforme a la Constitución y respetando los mecanismos institucionales existentes.

Una constituyente implica por los menos tres procesos electorales; el desgaste de activar institucionalmente el proceso como tal; un largo proceso de debate y la subsecuente polarización y; después de por los menos dos años, una nueva Constitución, eligiendo, en un cuarto proceso electoral, las nuevas autoridades y designando los órganos del poder público. Mientras tanto, hay más inseguridad jurídica e institucional, más polarización, más elecciones, más desgastes, menos gobierno y menos solución a los problemas reales e inmediatos de los ciudadanos.

La constituyente es una caja de Pandora. Después que resolvamos los reales y prioritarios problemas del país, vamos a la constituyente, antes es defraudar al ciudadano.

gfernandez@cjlegal.net

Por Gerardo Fernández

Cómo van las impugnaciones contra las elecciones intentadas por Henrique Capriles y la MUD? De acuerdo a la ley del TSJ, dichas impugnaciones han debido ser admitidas en los siguientes tres días hábiles, una vez presentadas. Conforme a los plazos establecidos en la ley, la tramitación completa de dichos recursos debía tomarse aproximadamente unos tres meses. Ya ha pasado mes y medio y los recursos ni siquiera han sido admitidos.

El primer objetivo era impugnar el proceso electoral y las elecciones por estar viciadas de corrupción electoral. El segundo objetivo, es contar con un TSJ imparcial e independiente que sentencie conforme a derecho. El tercer objetivo, es que se demuestre y pruebe el fraude y, por último, que se declare la nulidad de las elecciones y se repitan conforme a derecho, garantizando el voto libre y democrático.

Todo ello se puede lograr sólo si se cuenta con un TSJ independiente y, por lo tanto, se recusaron motivadamente a tres de los cinco magistrados de la Sala Electoral. Todavía dichas recusaciones no han sido definitivamente resueltas para constituir, si fuera posible, un tribunal autónomo. La admisión se ha tardado. No será fácil desechar dichos recursos, jurídicamente reúnen todas las condiciones para su admisión. Su solidez argumentativa y jurídica los hacen legalmente imposibles de desechar; además, no admitirlos tiene un costo político importante. Desechar los recursos y negar las recusaciones es la demostración del fraude.

El tema es complejo, estamos litigando no sólo contra el CNE y el gobierno. Se litiga además contra el TSJ que está parcializado y está comprometido con el régimen. En definitiva, se litiga contra el abuso y el totalitarismo.

Deberían admitirse los recursos ya. Sin embargo no se admiten, ni se inadmiten, porque para el TSJ parcializado no están dadas las condiciones políticas. Independiente de ello, esos recursos son la salida, en su oportunidad, a la crisis política de legitimidad de origen y de desempeño del gobierno. Son una herramienta institucional de democracia que no se deben desaprovechar ni desechar. Son la válvula de escape a la crisis económica, social y política, inclusive en el seno del propio partido de gobierno que seguro se profundizará, en un futuro cercano.

gfernandez@cjlegal.net

Por Gerardo Fernández

Los recursos de impugnación contra las elecciones deben ser tramitados y decididos por un tribunal independiente e imparcial que administre justicia con objetividad. La Sala Electoral del TSJ no reúne esas características; por eso no se confía en dicho tribunal para que conozca de estas causas.

Necesitamos un TSJ imparcial. Por ello, al momento de presentarse dichas demandas y por actos posteriores, se han recusado a 3 de los 5 magistrados de dicha sala. La recusación es una herramienta procesal que tenemos los abogados para solicitarle al juez que se inhiba de conocer una causa, porque no es objetivo e imparcial.

En el caso concreto se ha planteado que los magistrados no son objetivos e imparciales, porque han militado en el PSUV. Es el caso, que dos de los magistrados han sido postulados y ejercido como diputados, sea a la AN o al Parlatino, por el partido oficialista. Una de las magistradas, además, ha sido postulada por el partido de gobierno como precandidata a gobernadora en Falcón. Esa misma magistrada, por su parte, ha adelantado opinión sobre el tema de la auditoría planteada por el gobernador Capriles, manifestando la improcedencia de la misma, asunto que es parte del debate planteado en el litigio. Pero, por si fuera poco, dicha magistrada ha sido funcionaria de la Cancillería, desempeñándose como embajadora, cuando el canciller era Nicolás Maduro. Por su parte, podemos agregar que el actual presidente de la Sala Electoral en el año 2011 pronunció un discurso en el cual afirmó que el «TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano».

Los magistrados deben separarse del conocimiento de dichas causas, de no hacerlo sería una demostración más de que estamos litigando contra el CNE, el Gobierno y contra el TSJ, no en el TSJ. Sería una comprobación más ante el país y el mundo de la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial.

gfernandez@cjlegal.net

Fuente: EU

Por Gerardo Fernández

El CNE se negó hacer la auditoría del proceso electoral en los términos solicitados por Henrique Capriles. Dicha negativa tenía una razón de ser: si mostraban todo el material electoral se sabía la verdad del fraude. Por ello, se impugnó ante el TSJ las elecciones del 14 de abril.

Son dos los recursos ejercidos. El primero busca la anulación de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, que se repitan de nuevo. Para ello, conforme a la Ley Electoral, se denunció que el proceso electoral está viciado de nulidad porque medió el fraude, la corrupción electoral y la violencia. Dichos vicios se produjeron durante todas las fases del proceso, desde que Maduro asumió la presidencia y fue candidato, cuando la Constitución se lo prohibía, hasta este momento cuando se niega la auditoría y se amedrenta funcionarios públicos.

Se denuncia el abuso y la desviación de poder, la corrupción electoral, la tecnología amedrentadora, la violencia, la falta de equilibrio comunicacional, la parcialidad del CNE, las inconsistencias numéricas, el voto múltiple y asistido, las anomalías del REP, entre otros vicios. El segundo, es un recurso denunciando irregularidades concretas en más de 5 mil centros de votación y más de 21 mil actas de totalización, lo cual afectó a casi 2,4 millones de votos y votantes. El fundamento final de ambos recursos, es que en democracia no sólo basta votar; es necesario que se vote con libertad, sin violencia y respetando el Estado de Derecho.

Sabemos que el TSJ no es imparcial. Pero sin embargo, se acude a él por la oportunidad histórica de darle una salida institucional a la crisis. Aquí litigan los ciudadanos contra el poder abusivo, incluyendo el propio TSJ. El TSJ deberá responderle al ciudadano que está pendiente de ese juicio y controlará sus actuaciones. Estoy seguro que cualquier decisión que adopte el TSJ será esclarecedora: si rechaza los recursos, es la evidencia de la injusticia, el abuso, el fraude y la ilegitimidad del gobierno. Si le da curso al juicio se podrá conocer la verdad y se repetirán las elecciones.

gfernandez@cjlegal.net

Fuente: EU

Por Gerardo Fernández

La oposición ganó. El gobierno logro imponerse y el CNE fue el encargado de avalar tal situación. El resultado: un gobierno ilegítimo y débil; un CNE deslegitimado y; seguimos en grave crisis política.

La auditoría planteada por la oposición fue la forma de reivindicar el voto de la mayoría, dejar en evidencia la situación de fraude e ilegitimidad del gobierno y del CNE y de darle una salida institucional a la crisis. La aceptación inmediata de la auditoría por parte del régimen, fue la salida envalentonada y apresurada para buscar legitimidad política interna y el apoyo internacional. No estaban preparados para una derrota.

El CNE declaró primero que aceptaba la auditoría y el reconteo. Ello alivió temporalmente las tensiones y permitió al gobierno buscar consenso en la Unasur, que pedía el reconteo del 100% de los votos.

Pasados los días, y engañados los presidentes latinoamericanos, ahora el CNE trata de evitar la auditoría en los términos del artículo 156 de la Ley de Procesos Electorales, tal como se lo ha solicitado expresamente en cuatro oportunidades la oposición.

Si el CNE entrega a la oposición, tal como lo ha solicitado reiteradamente, las cajas de comprobantes de votos, las actas de escrutinio, los cuadernos de votación, las incidencias de la captahuellas provenientes del SAI y las actas de la verificación ciudadana, se conoce toda la verdad. El régimen queda al desnudo.

El CNE ofrece una «auditoría chimba» de los comprobantes de votación y el acta de totalización y señalan que tal análisis, no alterará los resultados. Eso no va arrojar la realidad del fraude ni la verdad de lo acontecido. Eso sería una farsa. No es lo que pidió la oposición, ni la comunidad internacional ni el mismo gobierno la noche del 14-A.

La oposición no debe aceptar una auditoría «chimba». La oposición debe asumir políticamente la situación y defender institucionalmente el voto mayoritario del pueblo venezolano. El país cambió definitivamente.

gfernandez@cjlegal.net

Fuente: EU

Por Gerardo Fernández