La estrategia del régimen en estos años ha sido llevarnos de sobresalto en sobresalto, con el único objetivo de no asumir las verdaderas responsabilidades frente a los problemas que agobian al país. No saben cómo resolver la debacle y la salida es distraernos con la zozobra. De la corrupción a la ley habilitante o la emergencia, del saboteo en Amuay al magnicidio, de la inmunidad parlamentaria al desgaste de la democracia parlamentaria. A todas estas, la verdadera zozobra que no se pude tapar es la que produce entre los ciudadanos el desabastecimiento, la inseguridad, la inflación y la crisis hospitalaria.

La habilitante contra la corrupción es un espejismo. Los corruptos fundamentalmente están en el régimen; los gobiernos son los corruptos, no la oposición. La habilitante, que dudo la soliciten, no resolverá el flagelo de la corrupción, lo resuelve la voluntad política de un gobierno, al cual ya se le pasó su tiempo para resolver cualquier cosa.

Constitucionalmente la habilitante no procede. La habilitación legislativa es una delegación que le otorga la AN al gobierno para que dicte normas con carácter, fuerza y valor de ley. La habilitación tiene un carácter excepcional, porque significa que la AN se desprende de su función más preciada. En este momento existen instrumentos legales para enfrentar la corrupción, lo que no existe es Contralor General de la República, ni tribunales ni fiscalía independiente; no existe ni voluntad de enfrentar el problema. Para eso no hay necesidad de habilitar a nadie.

Además, la habilitación no procede para regular tipos penales ni limitaciones a derechos fundamentales, ni crear penas con carácter retroactivo. La jurisprudencia de la CIDH lo prohíbe. No hace falta la habilitación para aplicar con justicia la ley existente.

Por último, la habilitación se otorga mediante ley y debe ser tramitada según el procedimiento de formación de la ley. Para sancionar una ley habilitante se requieren las 3/5 partes de los integrantes de la AN. Otorgar una habilitación sin cumplir con los límites y parámetros que impone el derecho sería un abandono de la función legislativa por parte del Parlamento.

La habilitante será un sobresalto más, que a lo mejor otro sobresalto lo sustituirá. Si la imponen, a su modo, sólo será otro frustrado operativo político.

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Por Gerardo Fernández