Sólo queda votar. Hay que hacerlo como el único antídoto para luchar contra la adversidad que ha significado este y todos los anteriores procesos electorales que hemos vivido.

Nos preocupa el rol de la FAN como responsables del Plan República, cuyo trabajo es resguardar y trasladar el material electoral y los bienes públicos utilizados en el proceso comicial. También tienen el rol de resguardar por igual a los ciudadanos que ejercemos nuestro voto, sin distinción política de ninguna naturaleza. La FAN debe tener claro que las elecciones son un proceso civil, por lo que son los ciudadanos directamente y a través de los órganos electorales, los protagonistas y directores del proceso. La Milicia debería estar exceptuada de participar en el proceso y sólo el componente competente de la FAN debería participar en el Plan República. Las democracias más sólidas no militarizan los procesos de esta naturaleza. En tal sentido, los ciudadanos y el CNE debemos exigirles a los militares que cumplan con la Constitución y se limiten a ejercer el rol que les impone la ley en este proceso. Todo lo demás atenta contra la democracia y la legitimidad de las elecciones.

El CNE tiene la gran responsabilidad de ser imparcial y comportarse como tal. Debe establecer claramente el rol de sus coordinadores en los centros electorales. La autoridad electoral son los miembros de mesa y ellos deben administrar el proceso en el centro de votación. Deben tener lugar las auditorías y la presencia constante de los testigos y ciudadanos electores, son garantía de respeto del resultado, minimizando riesgos de fraude. El rol ciudadano es fundamental, los mejores guardianes del voto y el resultado electoral somos nosotros mismos. Debemos asumir el próximo domingo con civismo, firmeza y mucha convicción.

La mejor forma de luchar contra el ventajismo, el mal uso de los recursos del Estado y la tecnología amedrentadora es votar masivamente con valentía y decisión. Es una gran oportunidad, no la perdamos.

gfernandez@cjlegal.net

Fuente: EU

Por Gerardo Fernández

Muchos venezolanos y la comunidad internacional democrática está consciente que el CNE no es imparcial. El CNE es parte del régimen. Con esta realidad el 14A se va a unas elecciones presidenciales, en donde el ventajismo, el abuso de poder y el desequilibrio electoral son un hecho y en donde el voto libre y democrático está en peligro.

Esto no debe entenderse como miedo a ir a un proceso electoral, sino como una advertencia de las dificultades que enfrentan la oposición y los ciudadanos sirviendo esto como reto que debe enfrentarse y vencerse.

Las rectoras del CNE deben comprender que la utilización de los recursos, presupuesto y bienes del Estado para una campaña electoral está prohibido por la Constitución y son un delito penado por la ley.

El canal del «Estado» al servicio de la campaña oficialista las 24 horas del día es un delito y no es aceptable. Las cadenas abusivas para promocionar al candidato del régimen deben prohibirse.

La FAN y el Plan República están cuestionados por la actitud partidista y beligerante del ministro de la Defensa. Deben tomarse medidas en cuanto a la forma de participación de la FAN que restablezcan la confianza en gran parte del electorado, la oposición y la comunidad internacional democrática.

El voto libre se ve afectado por el amedrentamiento tecnológico, que implica la captahuellas. Las amenazas veladas y no tan veladas a funcionarios públicos, contratistas del Estado y beneficiarios de las misiones afectan igualmente el voto libre.

El amedrentamiento de círculos paramilitares al ciudadano y dirigentes de oposición en campaña afectan el voto democrático. En definitiva, ustedes, mejor que nadie saben los hechos, acciones y omisión que atentan contra una elección libre.

Sabemos que a ustedes no les importan mucho las leyes y el Estado de Derecho, pero les recordamos que el poder no es eterno y su actuación está siendo vista por mucha gente nacional e internacionalmente. Si el gobierno gana en esas condiciones será un gobierno débil.

gfernandez@cjlegal.net

Fuente: EU

Por Gerardo Fernández

Nunca se aplicó el régimen de las faltas temporales, cuando está más que justificado y su procedencia es irrefutable. El Presidente está incapacitado para gobernar y su ausencia por casi tres meses es evidente. No se aplicó dicho régimen de la falta temporal, porque transcurría el plazo de 90 días para que eventualmente aplicara el régimen de las faltas absolutas. No quieren reconocer la realidad de la situación que justifica el régimen constitucional de las faltas. No suficientemente con estas irregularidades, el Presidente electo nunca ha tomado posesión de su cargo; sin embargo, el gobierno anterior, cuyo mandato está fenecido, continúa en ejercicio inconstitucionalmente, y, para colmo, se nos engaña cuando el Presidente dicta actos de gobierno con una firma dudosa y desde Miraflores, cuando todos sabemos que estaba en Cuba. Los decretos emanados de la presidencia serían nulos, de nulidad absoluta.

En definitiva, el Presidente no gobierna; no puede en términos reales. En términos constitucionales, al Presidente se le feneció su mandato y no toma posesión del nuevo; por lo tanto, no se le puede considerar en funciones de gobierno. El vicepresidente, constitucionalmente hablando, no ha asumido la presidencia, ni pudiera asumir funciones de presidente.

Partiendo de todo ello, no hay quien presida formal y jurídicamente un Consejo de Ministros, con lo cual no se pueden dictar válidamente actos de gobiernos emanados de ese cuerpo colegiado. No hay quien dirija la política exterior, ni comande la FAN, ni ascienda la oficialidad, ni administre la hacienda pública, ni nombre o despida ministros, ni quien decrete estados de excepción, por mencionar algunas decisiones de gobierno. Además, los ministros de un gobierno cuyo mandato feneció, presentaron memoria y cuenta ante la AN. El desastre continúa.

gfernandez@cjlegal.net  // RJSB

Por Gerardo Fernández

Fuente: EU

La crisis institucional y constitucional apenas comienza. El fondo del problema es que no se quiere respetar la Constitución. La falta temporal del presidente es un hecho y lo que procede constitucionalmente es que mientras este se reincorpora a su cargo, que no pudo juramentar ni asumir, el presidente de la AN queda encargado de la presidencia de la República. Este interinato se limita a noventa días, con una excepcional prórroga acordada por la AN de noventa días más y, si el presidente electo no asume, se produce la vacante absoluta y hay nuevas elecciones en un plazo de treinta días. Si se adopta este mecanismo constitucional, no hay vacío de poder, hay continuidad administrativa y no estamos en esta zozobra que afecta a toda la nación.

El desastre institucional es que no se aplica la Constitución, el que debería asumir no quiere o no lo dejan asumir, el que asume no tiene legitimidad para hacerlo, el que supuestamente ejerce la presidencia de la República decreta, un fraude formal y sustancial, desde La Habana y no sabemos en qué condiciones se encuentra. Y, como no existe separación de poder, el sumiso TSJ avala la situación contribuyendo al fraude total a la Constitución.

La inestabilidad y la debilidad institucional es total y por ello la calificadora Moody’s Investors Service ha cambiado la calificación de Venezuela de estable a negativa. La perspectiva negativa refleja la creciente incertidumbre política y los riesgos asociados a la economía venezolana y a las finanzas del gobierno, ante la incapacidad del presidente Chávez de tomar posesión.

Debemos concentrarnos en que la crisis debe continuar con una falta absoluta en la presidencia y unas elecciones a corto o mediano plazo. La oposición debe prepararse para ello, como lo debe estar haciendo el régimen. Un candidatura de unidad por consenso debe aparecer y la reconstitución de la oposición para una campaña electoral es fundamental, ello acompañado de una estrategia para exigir garantías electorales en el próximo proceso electoral.

gfernandez@cjlegal.net/DO

Fuente: EU