La oposición ganó. El gobierno logro imponerse y el CNE fue el encargado de avalar tal situación. El resultado: un gobierno ilegítimo y débil; un CNE deslegitimado y; seguimos en grave crisis política.

La auditoría planteada por la oposición fue la forma de reivindicar el voto de la mayoría, dejar en evidencia la situación de fraude e ilegitimidad del gobierno y del CNE y de darle una salida institucional a la crisis. La aceptación inmediata de la auditoría por parte del régimen, fue la salida envalentonada y apresurada para buscar legitimidad política interna y el apoyo internacional. No estaban preparados para una derrota.

El CNE declaró primero que aceptaba la auditoría y el reconteo. Ello alivió temporalmente las tensiones y permitió al gobierno buscar consenso en la Unasur, que pedía el reconteo del 100% de los votos.

Pasados los días, y engañados los presidentes latinoamericanos, ahora el CNE trata de evitar la auditoría en los términos del artículo 156 de la Ley de Procesos Electorales, tal como se lo ha solicitado expresamente en cuatro oportunidades la oposición.

Si el CNE entrega a la oposición, tal como lo ha solicitado reiteradamente, las cajas de comprobantes de votos, las actas de escrutinio, los cuadernos de votación, las incidencias de la captahuellas provenientes del SAI y las actas de la verificación ciudadana, se conoce toda la verdad. El régimen queda al desnudo.

El CNE ofrece una «auditoría chimba» de los comprobantes de votación y el acta de totalización y señalan que tal análisis, no alterará los resultados. Eso no va arrojar la realidad del fraude ni la verdad de lo acontecido. Eso sería una farsa. No es lo que pidió la oposición, ni la comunidad internacional ni el mismo gobierno la noche del 14-A.

La oposición no debe aceptar una auditoría «chimba». La oposición debe asumir políticamente la situación y defender institucionalmente el voto mayoritario del pueblo venezolano. El país cambió definitivamente.

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Fuente: EU

Por Gerardo Fernández