La institucionalidad es requisito fundamental para un Estado democrático y eficiente. Sin institucionalidad no hay seguridad y estabilidad jurídica; no hay Estado derecho, ni reglas claras que regulen la vida ciudadana, asociativa o empresarial; no hay justicia y, por supuesto, no hay eficiencia de los órganos del Poder Público. La institucionalidad es indispensable para la prosperidad, la superación y la libertad. Sin institucionalidad hay anarquía y el Estado será un Estado fallido. En Venezuela la institucionalidad está perdida. Las noticias diarias que nos abruman son signos inequívocos de la pérdida de institucionalidad.
Los colectivos aupados por el propio gobierno retan a la policía, la cual pierde autoridad. La inseguridad incontrolable hace que el gobierno implemente múltiples operativos que ninguno funciona; peor, colocan a la FAN a asumir un rol en materia de seguridad y orden público para el cual no está preparada y termina el propio ciudadano siendo víctima del plan «Patria Segura». La fuerza, la impunidad y la anarquía se imponen sobre la ley y la policía.
El TSJ y el Poder Ciudadano sólo dan demostraciones de sumisión al régimen. Los abogados de los presos políticos terminan igualmente siendo víctimas del terrorismo judicial; los diputados de la oposición a la AN les declaran la procedencia de un antejuicio de mérito con pruebas forjadas, para despojarlos de su inmunidad, amedrentarlos y «sacarlos del juego». Las impugnaciones contra las elecciones y los juicio que no convienen al régimen no son decididos o, simplemente desechados sin argumento jurídico alguno.
La AN totalitaria y antidemocrática en su desempeño, sólo actúa como una caja registradora para aprobar créditos adicionales al gobierno, satisfaciendo su voracidad fiscal y aprobando acuerdos absurdos alabando la democracia inexistente, ensalzando la legitimidad de un régimen ilegítimo y auto elogiando al régimen. Inseguridad y miedo, es lo único que demuestran.
La administración pública y sus órganos actúan como entes de represión, lo cual se reconoce abiertamente por sus funcionarios. La inseguridad jurídica en materia comercial, financiera y cambiaria sencillamente da al traste con la economía del país y sus actores. La ideologización de las relaciones internacionales compromete la soberanía misma del país. Y el estamento militar tratado como un partido político.
gfernandez@cjlegal.net
Por Gerardo Fernández
