Los recursos de impugnación contra las elecciones deben ser tramitados y decididos por un tribunal independiente e imparcial que administre justicia con objetividad. La Sala Electoral del TSJ no reúne esas características; por eso no se confía en dicho tribunal para que conozca de estas causas.
Necesitamos un TSJ imparcial. Por ello, al momento de presentarse dichas demandas y por actos posteriores, se han recusado a 3 de los 5 magistrados de dicha sala. La recusación es una herramienta procesal que tenemos los abogados para solicitarle al juez que se inhiba de conocer una causa, porque no es objetivo e imparcial.
En el caso concreto se ha planteado que los magistrados no son objetivos e imparciales, porque han militado en el PSUV. Es el caso, que dos de los magistrados han sido postulados y ejercido como diputados, sea a la AN o al Parlatino, por el partido oficialista. Una de las magistradas, además, ha sido postulada por el partido de gobierno como precandidata a gobernadora en Falcón. Esa misma magistrada, por su parte, ha adelantado opinión sobre el tema de la auditoría planteada por el gobernador Capriles, manifestando la improcedencia de la misma, asunto que es parte del debate planteado en el litigio. Pero, por si fuera poco, dicha magistrada ha sido funcionaria de la Cancillería, desempeñándose como embajadora, cuando el canciller era Nicolás Maduro. Por su parte, podemos agregar que el actual presidente de la Sala Electoral en el año 2011 pronunció un discurso en el cual afirmó que el «TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano».
Los magistrados deben separarse del conocimiento de dichas causas, de no hacerlo sería una demostración más de que estamos litigando contra el CNE, el Gobierno y contra el TSJ, no en el TSJ. Sería una comprobación más ante el país y el mundo de la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial.
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Fuente: EU
Por Gerardo Fernández
