El sargento Luis Lobo Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Militar la mañana de este sábado 14 de noviembre, tras sufrir complicaciones de salud en el marco de la huelga de hambre que mantienen 36 efectivos castrenses en la cárcel de Ramo Verde desde el pasado lunes, en exigencia de la revisión de sus procesos judiciales y su libertad, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El militar se encuentra entre los ocho detenidos que sufrieron descompensaciones durante la jornada del viernes y requirieron atención del servicio médico penitenciario. De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, Lobo Medina padece hipertensión arterial y deficiencia respiratoria, patologías que elevan la preocupación de sus familiares ante el deterioro de su condición física.
Exigencias de la protesta
La manifestación pacífica comenzó el 9 de noviembre y agrupa a efectivos procesados por distintas causas, incluidos militares vinculados al caso Cotiza. Los huelguistas reclaman una investigación transparente sobre las presuntas irregularidades en sus expedientes y la aplicación de los beneficios legales que permitan su excarcelación.
Asimismo, los allegados han cuestionado severamente las medidas adoptadas por la dirección del centro penitenciario. El general Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fue señalado directamente por los familiares como responsable de las condiciones a las que son sometidos los manifestantes.
«Los familiares denunciaron que el general Luis Marcelo Ojeda ordenó cerrar el portón que conecta la torre con el patio y, en consecuencia, los detenidos que están en huelga no tienen acceso al agua potable ni a los baños. Responsabilizan al funcionario sobre cualquier daño que sufran los detenidos», advirtió el OVP a través de su cuenta en X.
Tensión y restricción de visitas
La crisis carcelaria ha generado zozobra en el resto de la población penal. El viernes se ordenó la suspensión de las visitas para los 235 privados de libertad que se encuentran en Ramo Verde, una medida que los familiares califican como una represalia directa por la protesta.
Adicionalmente, el organismo indicó que los allegados se mantienen en estado de alerta ante la circulación de rumores sobre posibles traslados y el despliegue de funcionarios con equipos antimotines en las adyacencias del penal, luego de un cacerolazo registrado en horas de la noche.