La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ofreció este viernes una rueda de prensa para ratificar su solicitud de derogatoria de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017.
Durante el encuentro con los medios, los voceros gremiales fijaron posición frente al proceso de consulta pública que adelanta la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma parcial de dicha normativa. El presidente del CNP, Tinedo Guía, indicó que el instrumento legal no admite modificaciones ni puntos intermedios, ya que su propia existencia vulnera garantías fundamentales consagradas en la Constitución, tales como el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información.
Una «mutación del castigo» contra la prensa
A nombre del gremio, Guía alertó que el texto de reforma propuesto representa una «mutación del castigo» y no un avance hacia las libertades democráticas.
Explicó que, si bien el proyecto plantea eliminar las penas privativas de libertad, conserva conceptos jurídicos amplios y discrecionales —como «zozobra», «angustia» u «hostigamiento»— que permiten continuar criminalizando el ejercicio del periodismo y la crítica ciudadana. Asimismo, la institución denunció que sustituir la cárcel por multas desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro de contenidos y el cierre o revocatoria de concesiones a medios solo reconfigura los mecanismos de censura, comprometiendo la sostenibilidad económica de los trabajadores de la prensa y la viabilidad de los medios independientes.
Pliego de exigencias al Poder Legislativo y Judicial
Por su parte, Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, reiteró un pliego de exigencias dirigido a los poderes públicos:
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Al Poder Legislativo: Solicitar la derogación total de la ley.
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Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Emitir la declaratoria de nulidad de un instrumento que consideran abiertamente contrario a los derechos humanos.
«Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley», concluyó Canelón.