El próximo 19 de noviembre se cumplirán cinco años de la desaparición física del notable historiador Guillermo Morón. Su preocupación por el destino democrático de Venezuela estuvo siempre presente en su obra y en su trayectoria como venezolano ejemplar. «El Estado no ha dejado vivir a la nación ». Con esta afirmación, Morón denunció cómo el estatismo que ha marcado nuestra historia ha debilitado la cultura ciudadana y los valores de una nación independiente. El caudillismo, el militarismo recurrente y el rentismo petrolero han sostenido ese estatismo. También han contribuido a la inestabilidad política y al déficit de ciudadanía que hoy amenaza nuestra democracia.
Es importante distinguir entre nación y Estado. La nación se forma a lo largo de generaciones mediante una lengua compartida, una memoria colectiva, tradiciones, instituciones sociales y un sentido de pertenencia. El Estado, en cambio, es la organización política y administrativa que ejerce el poder. Puede reconocer, proteger y representar a la nación, pero no crearla a voluntad ni sustituirla. Por eso, desde una concepción de nacionalismo antiestatista, las instituciones deben estar al servicio de la nación, y no la nación al servicio de las instituciones. Es decir el Estado debe estar al servicio de la nación, nunca la nación al servicio del Estado.
Un nacionalismo antiestatista, propio de una nación de ciudadanos, debe preservar la cohesión social sin convertir al Estado en dueño de la sociedad. La nación no puede reducirse a una maquinaria electoral, ni el patriotismo a la obediencia administrativa. Una comunidad nacional conserva su vitalidad cuando sus ciudadanos participan en la vida pública, cuentan con instituciones autónomas y pueden exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder. Esa es la base de una democracia de ciudadanos.
En Venezuela, el estatismo, alimentado por el rentismo petrolero y el caudillismo político, ha deteriorado el sentido de pertenencia nacional y la cultura ciudadana. Esta realidad explica, en buena medida, la crisis de nuestras instituciones democráticas y la necesidad de recurrir a apoyos externos para buscar una salida a la prolongada crisis política. A ello se suman la fragilidad democrática, la desconfianza en las instituciones y la pérdida de valores y principios. Estas condiciones han favorecido la corrupción, que corroe tanto la gestión pública como la vida social. También han contribuido a los alarmantes niveles de pobreza y marginalidad que padece el país.
Las investigaciones de Latinobarómetro reflejan los bajos niveles de confianza interpersonal existentes en Venezuela. Su informe de 2024 registra que apenas el 15 % de los venezolanos considera que se puede confiar en la mayoría de las personas. Esta realidad, junto con las limitaciones de la participación cívica, revela la debilidad de nuestro capital social. También ayuda a explicar la escasa capacidad de organización y respuesta colectiva frente a los problemas de las comunidades.
Ante estas consecuencias del estatismo y el déficit de ciudadanía, el nuevo gobierno que surja del rescate de la democracia deberá impulsar la reconstrucción de una verdadera nación de ciudadanos. Para ello necesitará un sistema educativo moderno, humanista y comprometido con los valores democráticos. Sin embargo, cualquier reforma educativa debe partir de una comprensión clara de la globalización. Las nuevas realidades globales no tienen solo consecuencias económicas. También transforman la política, la gestión pública, las relaciones sociales y las instituciones educativas.
Estos cambios están modificando la conducta individual y la vida en sociedad. A ellos se suman las tensiones ideológicas y culturales de nuestro tiempo, incluidas las derivadas de ciertas corrientes del progresismo, el neomarxismo y el globalismo, así como las amenazas del terrorismo islamista. Son fenómenos distintos que deben analizarse con rigor. Todos, sin embargo, plantean debates sobre la defensa de los valores éticos, las libertades individuales y los fundamentos de la cultura occidental, incluida su tradición judeocristiana.
La educación debe ofrecer las herramientas intelectuales y éticas necesarias para comprender estas realidades y defender la libertad, el pluralismo y la democracia. Por eso, el nuevo paradigma educativo debe tener una orientación humanista y basarse en la formación en valores. Frente a la sociedad del conocimiento, necesitamos construir una verdadera sociedad educadora. Esto exige la cooperación del Estado, la familia, la sociedad civil y sus instituciones. También requiere transformar los métodos de enseñanza y las instituciones educativas en todos los niveles. El objetivo es formar una cultura ciudadana que contribuya a construir una nación de ciudadanos, fortalecer la democracia y superar los vicios históricos del estatismo.
Para impulsar la transición del estatismo hacia una nación de ciudadanos, se requiere de un liderazgo sustentado en la confianza, la legitimidad y el reconocimiento social. Un líder que debe pensar y actuar estratégicamente, tener visión de futuro, saber escuchar, delegar y rectificar, y mantenerse abierto al diálogo y a la autocrítica. Sobre todo, debe comprender que la transformación nacional está por encima de sus ambiciones personales y de su ego.
Una transformacion de esta naturaleza no puede quedar en manos de un Caudillo personalista, concentrado en su propia figura y en la exaltación de su carisma. Ese ha sido el dirigente asociado históricamente con el populismo, la concentración de poder, el debilitamiento de las instituciones y las prácticas cleptocraticas.
La diferencia es fundamental: mientras que el Caudillo necesita seguidores y busca que la sociedad dependa de su conducción, el líder democrático forma ciudadanos, construye instituciones sólidas, fortalece la ciudadanía y procura que los cambios perduren más allá de su gestión. El propósito de un liderazgo transformador no es perpetuarse en el poder, sino crear una nación capaz de gobernarse mediante instituciones y ciudadanos libres y responsables.
El compromiso educativo de María Corina Machado
En este contexto adquiere especial relevancia el compromiso de María Corina Machado con la transformación del sistema educativo venezolano. Esta propuesta forma parte de su proyecto de reconstrucción nacional, Venezuela Tierra de Gracia. Su visión parte de una premisa fundamental: la educación debe volver a ser un instrumento de libertad, movilidad social y formación ciudadana. Debe formar personas autónomas, con capacidad crítica y sentido de responsabilidad. Para ello es necesario superar un modelo sometido al control ideológico y avanzar hacia un sistema plural, moderno y abierto a la participación de las familias y la sociedad civil.
Esta orientación quedó reflejada en la presentación que Maria Corina realizó el 12 de mayo de 2026 en la Universidad de Harvard. Allí expuso su propuesta «Venezuela vuelve a aprender» y presentó el programa «Todos a Aprender». Entre sus objetivos se encuentran la recuperación de la infraestructura escolar, la reincorporación de los niños excluidos del sistema, la dignificación de los docentes y la recuperación de los aprendizajes fundamentales, especialmente en lectura y matemáticas. La propuesta también contempla incorporar nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial a la enseñanza.
Uno de sus aspectos más relevantes es el financiamiento educativo por estudiante. Según este modelo, los recursos públicos acompañarían al alumno y las familias podrían elegir el centro educativo de su preferencia. El sistema incluiría instituciones públicas, privadas y comunitarias. En esta concepción, el Estado debe garantizar el derecho a la educación, financiarlo, regularlo y evaluar su calidad. No debe monopolizar su prestación ni utilizarla como instrumento de control político.
La propuesta es especialmente significativa para la construcción de una nación de ciudadanos. Reconoce que la educación no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva de la burocracia estatal. Las familias, los docentes, las universidades, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil deben participar en la formación de ciudadanos libres, responsables y comprometidos con el bien común. Para lograrlo, también será necesario garantizar la igualdad de oportunidades, incluir a los sectores más vulnerables y asegurar la calidad académica. Las diferencias económicas no pueden convertirse en nuevas barreras para acceder a una educación de calidad.
El alcance de esta transformación dependerá de que el compromiso educativo se convierta en una política de Estado. Para ello será necesario un amplio acuerdo nacional basado en la democracia, el pluralismo, la formación ética y la cultura cívica, la autonomía institucional y el respeto a la dignidad humana. No se trata solo de recuperar escuelas, mejorar los salarios docentes o actualizar los programas de estudio. Se trata de transformar la cultura educativa. Cada venezolano debe comprender sus derechos, asumir sus responsabilidades y participar en la construcción de una sociedad libre.
El desafío de Venezuela no consiste únicamente en reconstruir su economía y sus instituciones políticas. Consiste, sobre todo, en reconstruir el tejido social, recuperar los valores que hacen posible la convivencia democrática y superar la cultura estatista que ha limitado el desarrollo nacional. Pasar de un país estatista a una nación de ciudadanos exige una profunda transformación educativa y cultural. Una transformación que requiere ser impulsada por un liderazgo democrático para lograr, con la educación inspirar a los ciudadanos para que sean protagonistas de su propio destino. Porque, como hemos sostenido, sin educación ciudadana peligra la democracia, y sin democracia peligra la educación.
José Ignacio Moreno León
