En un terminal petrolero, cada barril tiene una historia: se mide en los tanques, se certifica, se carga en un buque y queda en un conocimiento de embarque. Después vienen la factura y la liquidación. Si falta un documento, se busca; si dos mediciones discrepan, se reconcilian. Quien haya cerrado una conciliación conoce la regla: la diferencia se explica o se escala; no se la deja flotando.
Venezuela enfrenta un problema de esa naturaleza, en magnitud mucho mayor. Entre enero y septiembre de 2026, los reportes de M. Juan Szabo y Luis A. Pacheco en El Taladro Azul estiman exportaciones por 244,49 millones de barriles, por un valor bruto de US$18.781,7 millones a precios de referencia. El informe de KPMG, divulgado por The New York Times el 10 de noviembre, registra US$12.260 millones en la Cuenta de Custodia supervisada por el Tesoro estadounidense. La resta es sencilla: US$6.521,7 millones. La explicación no lo es.
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Antes de llamarla dinero perdido, la pregunta de cualquier auditor: ¿estamos comparando las mismas operaciones? Y la inversa, que nadie en Caracas ni en Washington tiene prisa por hacerse: ¿a quién le conviene que la comparación siga imposible?
La primera conciliación
Los US$18.781,7 millones son un valor teórico: volúmenes por precios de referencia, no facturas verificadas. Los US$12.260 millones son depósitos registrados en una cuenta que además recibió minerales y fertilizantes, mientras otras siguieron otros mecanismos. Son universos distintos. Una conciliación rigurosa partiría de las exportaciones físicas y, ajuste a ajuste, mostraría qué monto fue cobrado y dónde se depositó. Sin esos registros, son una diferencia de referencia, no un faltante demostrado. Pero no es inocente: es el tamaño de lo que el país no puede verificar sobre su casi única fuente de ingresos.
Cuánto puede explicar el precio
El precio promedio ponderado de la estimación es US$76,82 por barril; dividir los depósitos de KPMG entre los barriles estimados produce US$50,14, que no es el precio efectivo de venta, pues el numerador mezcla ingresos ajenos y excluye cobros. Cinco dólares de diferencia entre el precio de referencia y el efectivamente realizado mueven la valoración en US$1.222,5 millones; diez dólares, en US$2.444,9 millones. No significa que esos descuentos hayan ocurrido; muestra cuánto cambia el número con referencias en vez de facturas. En crudos pesados pesan además los diferenciales de calidad, logística y azufre, y los precios provisionales.
Por eso la primera evidencia necesaria no es otro promedio mensual: son las facturas finales. Esas facturas existen: están en PDVSA, en los comercializadores, en las autoridades supervisoras. Que no se publiquen es una decisión, no una limitación técnica.
Chevron, NABEP y los derechos sobre el barril
El reportaje del Times señala que Chevron y NABEP comercializan parte de su producción por mecanismos financieros diferentes. Según El Taladro Azul, al cierre de septiembre Chevron producía unos 272.000 barriles diarios y NABEP unos 154.000: juntas, cerca de 426.000. Pero producción operada no significa propiedad exclusiva del operador. En las empresas mixtas hay que distinguir participación accionaria, derechos de levantamiento, recuperación de costos y distribución contractual: un socio puede producir barriles que comercializa otro, o cobrar por otras vías. Conciliar exige reconstruir cada operación hasta su liquidación.
¿Cuántos barriles comercializó Chevron? ¿Cuántos correspondieron económicamente a PDVSA? ¿Qué producción de NABEP quedó fuera de la cuenta, a qué precios, con qué fechas de cobro? Sin ese desglose no se puede cuantificar su parte de la diferencia —y en NABEP, nacida bajo cláusulas de confidencialidad, el desglose no falta por descuido estadístico: es parte del diseño del negocio.
El petróleo que salió dos veces
En junio, unos 410.000 barriles diarios del volumen comercializado eran drenaje de inventarios y reexportación de diluyentes; en septiembre, 83.000 diarios fueron a almacenamiento en Bahamas y Curazao y 900.000 a destinos comerciales. Un barril puede salir a un almacenamiento extraterritorial y venderse después a una refinería —dos documentos de embarque, una sola venta— y crudo de meses anteriores puede venderse hoy sin ser producción corriente. Sin balances ni documentación de venta, la conciliación puede duplicar movimientos o cargar al período ingresos de otros ejercicios.
Washington controla la cuenta. ¿Quién verifica el destino?
El informe de KPMG lleva al destino del dinero: unos US$11.700 millones fueron a subastas de divisas mediante bancos venezolanos; US$130 millones pagaron obligaciones internacionales, y el saldo al 30 de septiembre rondaba US$170 millones. El informe no identifica a los beneficiarios finales de las subastas.
Comprobar que un banco recibió una transferencia no demuestra quién terminó obteniendo los recursos. La distinción tiene traducción política: el arreglo de custodia lo diseñó la administración Trump y lo aceptó el gobierno de Delcy Rodríguez. Es cómodo para ambos firmantes —Washington controla el grifo; Caracas evita el escrutinio sobre el destino final— y su costo lo paga el tercero ausente de la mesa: el país que espera electricidad, salarios y hospitales de ese dinero.
Trafigura y Vitol aportaron conjuntamente el 61% de los depósitos registrados. La concentración no demuestra una irregularidad, pero exige controles de precios y contratos, y verificación independiente. En cualquier jurisdicción seria, que dos casas concentren el 61% de los ingresos petroleros nacionales bajo secreto contractual sería un escándalo; en la Venezuela de los contratos de participación pasa por normalidad administrativa.
El costo invisible de los registros incompletos
Para una petrolera, la incertidumbre contable tiene precio. Los bancos que financian campos necesitan verificar reservas, contratos y flujos; cuando no pueden, suben el margen o cierran el crédito. Una deuda de US$1.000 millones tres puntos más cara pagaría US$30 millones más de intereses al año: US$300 millones en una década. La cifra no mide el sobrecosto venezolano: dimensiona el riesgo. Y ese sobrecosto no lo paga ninguna sigla: lo pagan los venezolanos, en pozos que no se perforan. En proyectos intensivos en capital, la incertidumbre sobre el derecho a cobrar puede pesar tanto como la geológica.
Una auditoría para reconstruir la confianza
La solución no es otro informe agregado. Venezuela necesita una conciliación independiente, operación por operación, hasta el beneficiario final, integrando registros dispersos en archivos separados: PDVSA, empresas mixtas, comercializadores, terminales, bancos y autoridades de las transferencias. Solo separando partidas temporales, precios, derechos contractuales y errores podría saberse si existe una pérdida real.
La reconstrucción necesitará capital, tecnología y operadores experimentados; también algo menos visible y determinante: información confiable. El país puede recuperar barriles antes que credibilidad contable; sostener la inversión será difícil si ambas avanzan a ritmos distintos. Hay una razón que trasciende la contabilidad: ninguna transición será creíble sobre las cuentas de la opacidad. La conciliación no se ha hecho porque a los dos gobiernos que administran el arreglo les resulta más barato no hacerla; cada mes sin ella, el descuento lo sigue pagando Venezuela.
Los US$6.522 millones no son todavía una pérdida comprobada. Son una conciliación pendiente. Y mientras no exista, Venezuela seguirá pagando por una incertidumbre que ninguna reserva petrolera, por gigantesca que sea, puede compensar por sí sola.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
Artículo para Oil & Gas Journal
