Además de la extracción ilegal de riquezas, las organizaciones denuncian que en la zona confluyen otras actividades ilegales que afectan los derechos y espacios pertenecientes a los pueblos indígenas, entre ellas narcotráfico, contrabando de combustible, trata de personas, homicidios, desapariciones forzadas, explotación sexual, robos y contaminación
Al menos 39 organizaciones no gubernamentales pidieron este viernes al defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, promover una investigación sobre los delitos ambientales que, aseguran, se han cometido en el estado Amazonas (fronterizo con Colombia y Brasil), ligados a la minería ilegal.
«Solicitamos respetuosamente que se ejerzan todas las acciones pertinentes para la protección de los territorios afectados o en peligro en todos los municipios de nuestro estado indígena Amazonas», dice la carta entregada por las organizaciones al ombudsman venezolano, la cual fue difundida por la ONG Provea.
En el escrito, los activistas manifiestan su «profunda preocupación por la minería ilegal y sus repercusiones» en esa región sureña, especialmente en el Parque Nacional Yapacana, donde el Ministerio de Defensa reporta casi a diario detenciones e incautaciones relacionadas con la minería ilegal.
«Solicitamos que se investigue la responsabilidad de los actores y demás participes, investidos o no de autoridad, en relación con los ilícitos ambientales, con la consecuente reparación de los daños causados, evitando a toda costa la impunidad y la inoperancia del Estado ante tales hechos», prosigue el texto.
Además de la extracción ilegal de riquezas, las organizaciones denuncian que en la zona confluyen otras actividades ilegales que afectan los derechos y espacios pertenecientes a los pueblos indígenas.
El narcotráfico, contrabando de combustible, trata de personas, homicidios, desapariciones forzadas, explotación sexual, robos, la contaminación, la presencia de niños y adolescentes en lugares de grupos armados y la proliferación de enfermedades y casos de desnutrición están afectando a la población, según los activistas.
Por ello, piden al Estado aplicar acciones inmediatas «para poner fin a dichas situaciones irregulares».
EC
