Escuché a una dirigente política española decir lo siguiente:
«Aquí se ha acogido a 350.000 ucranianos y a 240.000 venezolanos, que se están comprando el barrio de Salamanca, por cierto, y nadie ha dicho ni mu».
Se refiere en concreto a los venezolanos de Madrid, porque en todo el territorio español rondan los 750.000.
Estas declaraciones se enmarcan en la defensa de una inmigración proveniente de las regiones más deprimidas de África que, según denuncia la dirigente, no recibe el mismo trato ni la misma consideración. Latente en sus palabras hay una premisa muy clara sobre los venezolanos: son ricos y se les abre la puerta porque traen billete. Y es que el precio de los inmuebles en el mencionado barrio oscila entre los 900.000 y 1.200.000 euros; en su tope más alto, poco menos del doble de lo que cuesta un chalet en Galapagar —donde, por cierto, reside la mencionada política, que promueve expropiar viviendas ajenas—.
Seguramente algunos de los millonarios venezolanos en España lo son gracias a las corruptelas del mismo régimen que la dirigente defendió hasta el cansancio y ayudó a consolidar, así que son de su bando. En Venezuela hay un refrán que nace del dominó: «el que le pega a su familia se arruina». Cierto es que España ha sido una nación generosa con no pocos corruptos venezolanos que han encontrado allí refugio y afecto, seguramente por un tema de identidad —histórica, claro—.
Ahora bien, esta casta de fortunas mal habidas representa apenas una minúscula fracción de la diáspora. Aun si calculáramos un hipotético 0,01 % de opulentos (unas 75 personas), la abrumadora realidad es otra: quedan cerca de 749.925 compatriotas que bregan honestamente por su futuro. Ninguno de ellos vive en el barrio de Salamanca ni lo pretende; residen en habitaciones o pisos compartidos y alquilados. Buena parte se desempeña en labores para las cuales suele estar sobrecalificada —algunos repartiendo pedidos en bicicleta bajo el frío mamarro de un invierno madrileño con un título universitario venezolano bajo el brazo—. También hay, por supuesto, venezolanos a los que les ha ido bien gracias a su ingenio y esfuerzo honesto.
Todos ellos entraron legalmente con pasaporte. España ocupa el segundo lugar, detrás de los Estados Unidos, como emisor de remesas hacia Venezuela. Los estudios económicos sobre el flujo migratorio indican que un remitente promedio en España destina una media estimada de 200 dólares mensuales (unos 2.400 dólares al año) para el sostenimiento de sus familiares directos, ayudando a cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y servicios. Todo ello lo hacen con enormes sacrificios y privaciones.
La animadversión de esta dirigente hacia los venezolanos nace, sospecha uno, de la certeza que tiene de que no comparten sus ideas políticas, pues precisamente de ellas escaparon. Y en cuanto a esos opulentos que «se están comprando el barrio de Salamanca», que no se inquiete la susodicha: si sus cofrades ideológicos llegan a triunfar, serán los primeros en poner los pies en polvorosa. Los capitales decentes siempre huyen por temor, y los corruptos porque saben con certeza que «no hay peor cuña que la del mismo palo».
Laureano Márquez P.
@laureanomar
