La derrota electoral de Trump, la rivalidad con China y los intereses petroleros han convertido la transición venezolana en una disputa entre quienes administran el poder, quienes controlan sus recursos y quienes reclaman el derecho a elegir.
Hay una ironía cruel en la historia de Venezuela. Después de décadas de autoritarismo, ruina, persecución y exilio, el país podría descubrir que el mayor obstáculo para recuperar su democracia no está en Caracas, sino en Washington. No porque Washington se oponga a unas elecciones libres, sino porque las grandes potencias confunden sus intereses con los principios que proclaman defender. Y cuando el petróleo entra por la puerta, la democracia corre el riesgo de salir por la ventana.
Las pasadas elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos introdujeron una variable que pocos habían calculado: el debilitamiento de Donald Trump. El presidente que hizo de la fuerza su lenguaje diplomático y del negocio su instrumento predilecto enfrenta ahora un Congreso capaz de cuestionar sus decisiones. Las consecuencias pueden extenderse más allá de las fronteras norteamericanas.
Porque Venezuela no es una isla política. Es una pieza de la confrontación en la que Estados Unidos y China disputan mercados, tecnologías, recursos y espacios de influencia. Una rivalidad que recuerda las grandes competencias imperiales del pasado, aunque hoy las armas son el chip, el dron y el barril.
Pekín comprende algo que Occidente olvida: las batallas decisivas no siempre se libran donde disparan los cañones. A veces se ganan con un puerto, con una carretera financiada a veinte años, o simplemente esperando a que el adversario se desgaste en sus propias contradicciones.
La crisis del estrecho de Ormuz ilustra esa nueva realidad. Una vía por la que circula el veinte por ciento del petróleo mundial puede volverse, con amenazas y restricciones, un instrumento de presión económica formidable. Basta que las aseguradoras eleven sus primas, los barcos cambien de ruta y los mercados anticipen escasez para que el combustible golpee a un trabajador en Ohio o a una familia en Florida.
El ciudadano estadounidense no necesita conocer la geografía del golfo Pérsico para sentir sus consecuencias. Las descubre cuando llena el depósito de gasolina o paga la compra semanal.
Sería excesivo afirmar que China diseñó aquella crisis para provocar una derrota republicana. No necesito probar la intención para señalar el efecto: Pekín mantiene relaciones estratégicas con Teherán, compra su petróleo y busca reducir su dependencia de las rutas energéticas tradicionales. Las potencias aprovechan las vulnerabilidades de sus competidores, las diseñen o no. En política internacional, la oportunidad y la intención rara vez se distinguen.
En esa confrontación, Venezuela ocupa una posición singular: inmensas reservas de hidrocarburos, minerales y una ubicación privilegiada frente al Caribe. Para Washington es seguridad energética. Para China, un espacio de influencia económica. Para los venezolanos debería ser algo más elemental: una nación cuyo destino pertenece a sus ciudadanos.
Y ahí comienza la contradicción.
Desde la operación estadounidense del 3 de enero de 2026, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela vive un experimento político extraordinario. Washington decide sobre la recuperación energética y los acuerdos. Delcy Rodríguez conserva la maquinaria administrativa. María Corina reclama traducir a instituciones el mandato popular del 28 de julio de 2024. Tres fuentes de poder que no coinciden: Washington dispone de recursos y presión; Delcy Rodríguez, de la administración; María Corina, de una exigencia de legitimidad que ninguna transacción petrolera puede reemplazar.
El peligro es que Washington y Delcy se entiendan perfectamente sin resolver las aspiraciones de la líder de las fuerzas democráticas y de los votantes.
Los negocios tienen una ventaja sobre la democracia: sus resultados pueden medirse en barriles, dólares y contratos. La libertad, en cambio, necesita jueces independientes, partidos que puedan competir y ciudadanos sin miedo a votar. Todo eso exige tiempo y, sobre todo, límites al poder.
Un contrato puede firmarse en una tarde. Una república no se reconstruye mediante una firma.
Cada actor mira un reloj distinto: Trump mide barriles y resultados; Rubio, reformas institucionales; Delcy Rodríguez, su propia supervivencia; María Corina Machado y los ciudadanos, el tiempo que falta para recuperar el derecho a decidir. Mientras esos relojes sigan desajustados, Venezuela vivirá en una provisionalidad que amenaza con hacerse permanente.
El nuevo Congreso podría alterar ese equilibrio. Veo ahí una palanca y un riesgo a la vez: puede obligar a transparentar los contratos, pero también convertir la fecha electoral en moneda de cambio entre republicanos y demócratas. Una fecha que se negocia como concesión partidista deja de ser un derecho para convertirse en una ficha. No sería la primera vez que las contradicciones internas de una potencia modifican el destino de otro país.
Pero hay otra ilusión que evitar: que la democracia venezolana dependa de las disputas entre políticos de Washington. Ninguna nación se hace libre entregando a terceros la responsabilidad de definir su futuro.
María Corina enfrenta una tarea que trasciende la movilización: convertir el entusiasmo de la calle en organización, y la organización en instituciones que sobrevivan a sus dirigentes. Las multitudes derriban el miedo, pero no sustituyen a los tribunales ni a un organismo electoral que funcione, y sin esas piezas el abuso siempre encuentra la puerta de regreso.
La historia latinoamericana está llena de revoluciones que prometieron liberar a los pueblos y terminaron cambiando solo el nombre de sus amos.
Por eso importa tanto un calendario electoral verificable, con instituciones independientes, garantías de participación y mecanismos que obliguen a cumplirlo. La fecha, por sí sola, no produce democracia. Pero su ausencia permite que la transición se convierta en una promesa eternamente aplazada. Sin fecha, no hay transición: hay prórroga.
Venezuela necesita recuperar su economía. Sería absurdo despreciar las inversiones, la rehabilitación petrolera o la reconstrucción de sus servicios públicos. Pero una recuperación administrada con privilegios discrecionales puede reproducir las deformaciones que destruyeron al país: concentración de poder, opacidad y ausencia de controles. No compro una recuperación que cambie de dueño los privilegios y deje intacta la arbitrariedad. La prosperidad sin libertad es cómoda para quienes gobiernan; rara vez ofrece seguridad a quienes obedecen.
Tampoco basta con sustituir autoridades. La prueba de una democracia está en que el gobernante pueda perder las elecciones, aceptar su derrota y abandonar el poder sin que el Estado se derrumbe. Ese es el verdadero desafío venezolano.
La competencia entre Washington y Pekín continuará, los mercados seguirán oscilando y Trump librará sus batallas domésticas. Los dirigentes pasarán, como pasan todos, incluso los que se imaginan indispensables.
Pero los venezolanos necesitan algo que ninguna potencia puede concederles como favor: instituciones que les pertenezcan.
La tragedia sería que, tras sobrevivir al autoritarismo, Venezuela terminara convertida en una democracia siempre anunciada y nunca realizada.
Porque el problema no es quién controla hoy el petróleo o el territorio. Es quién tendrá mañana el derecho de gobernar y bajo qué límites.
Una transición que no devuelve el poder a los ciudadanos no es una transición. Es apenas una nueva administración de la dependencia. Me quedo con esa vara: si los venezolanos no pueden elegir y remover a sus gobernantes, todo lo demás, los barriles, los contratos, las fotos en Washington, habrá sido administración, no liberación.
Antonio de la Cruz
