La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, cuestionó este viernes 4 de septiembre la falta de transparencia que rodea la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante una entrevista con el periodista Román Lozinski, la dirigente advirtió que la reestructuración del Poder Judicial no puede limitarse a una sustitución cupular de magistrados si no se ejecuta una depuración profunda en las instancias inferiores.
La defensora de derechos humanos recordó que la negociación institucional en curso contempla la renovación antes de diciembre no solo del TSJ, sino también de sus órganos auxiliares y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). En ese sentido, recriminó que la Asamblea Nacional priorice únicamente al máximo tribunal en las primeras discusiones sin incluir al ente rector del poder electoral.
Exigencias clave planteadas por Solórzano:
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Derogación de leyes punitivas: Reclamó la anulación inmediata de instrumentos normativos que atentan contra las garantías constitucionales, haciendo énfasis en la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y el marco regulatorio restrictivo aplicado a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
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Concursos de oposición auditables: Exigió la realización de concursos públicos legítimos para designar a jueces provisionales y de carrera en las salas de control, juicio, así como en las jurisdicciones civil, laboral y contencioso-administrativa.
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Filtros en el Ministerio Público: Alertó sobre la reciente selección de fiscales provisorios, señalando que la mayoría proviene de las mismas estructuras cuestionadas del organismo. Solicitó activar el periodo de impugnaciones ciudadanas para evitar la ratificación de funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos.
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Despartidización de la magistratura: Instó al Comité de Postulaciones Judiciales a publicar listas transparentes donde se descarte formalmente a aspirantes con militancia en partidos políticos.
Solórzano condicionó la recuperación económica y el flujo de inversiones en el país a la reconstrucción de la seguridad jurídica: «Mientras no haya Estado de Derecho, no hay inversión económica que pueda progresar en Venezuela», concluyó, adelantando que su organización mantendrá una postura de fiscalización sobre los hechos y no sobre meras promesas oficiales.