Con su participación en la XXXI Asamblea General y el XXX Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Defensoría del Pueblo de Venezuela formalizó su reincorporación activa a los espacios de cooperación multilateral, con el objetivo de trazar agendas comunes, evaluar el impacto de los entornos tecnológicos sobre las garantías ciudadanas y actualizar los protocolos de tutela institucional.
Durante su intervención central, centrada en el derecho a la educación en entornos digitales, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, examinó la evolución de la transformación tecnológica: desde los primeros esquemas de formación a distancia y las secuelas del aislamiento durante la pandemia, hasta el auge actual de la inteligencia artificial generativa.
González Lobato advirtió que la falta de equidad en la conectividad y en el acceso a las plataformas digitales amenaza con ensanchar las brechas de exclusión y desigualdad en la región, marginando a los sectores más vulnerables de la niñez, la juventud y la comunidad académica.
Asimismo, la funcionaria cuestionó los efectos del uso indiscriminado de estas tecnologías sobre el desarrollo analítico en las aulas, subrayando que la labor formativa debe preservar la curiosidad, el interés genuino por el saber y la tutoría presencial frente a la desconexión social.
«¿Quién es el estudiante que tengo enfrente? ¿A quién estoy evaluando? ¿Dónde está el pensamiento crítico de ese estudiante?», increpó la defensora, al exigir el diseño de políticas públicas que aseguren que la modernización digital no vulnere las capacidades cognitivas ni deje atrás a los entornos escolares más desfavorecidos.
