La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, activó la Brigada Defensorial Móvil en el estado La Guaira con el objetivo de ofrecer atención directa en materia de derechos humanos a los ciudadanos afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
González Lobato precisó que se trata de la primera Brigada de Protección de Derechos Fundamentales en Emergencia desplegada en el Litoral Central. La unidad recorrerá las comunidades de la franja costera para recibir denuncias, acompañar a las familias damnificadas y velar por la protección de los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.
“Aquí estamos, acercando la Defensoría del Pueblo a los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona de emergencia, para articular respuestas con el sistema de justicia y la administración pública central, velando por la garantía de sus derechos”, afirmó la Defensora.
Foco en sectores vulnerables y denuncias
La funcionaria hizo un llamado a la colectividad para acudir a la unidad móvil o reportar cualquier caso de vulneración de derechos, haciendo especial énfasis en la protección de:
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Niños, niñas y adolescentes.
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Adultos mayores y personas con discapacidad.
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Mujeres víctimas de violencia de género.
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Poblaciones indígenas y personas de la comunidad LGBTIQ+.
Respuesta judicial en la zona de contingencia
Como parte del despliegue institucional, la Defensora del Pueblo recorrió el nuevo Centro de Atención Integral, instalado en las instalaciones de la Unidad Educativa República de Panamá, en La Guaira.
En la inspección participó la cúpula del sistema de justicia nacional, integrada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez; el Fiscal General de la República, Larry Devoe, y el Defensor Público, Daniel Ramírez.
Este centro funcionará como un punto unificado de apoyo legal e institucional durante la emergencia, procesando trámites y requerimientos prioritarios como:
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Protección a la infancia: Tramitación de permisos de viaje, medidas de aseguramiento y procesos de colocación familiar para niños, niñas y adolescentes.
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Atención social y legal: Recepción de denuncias sobre violencia de género, solicitudes en materia de salud y orientación judicial para las familias albergadas temporalmente en el plantel.
Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron las áreas de resguardo e interactuaron con las familias refugiadas para verificar las condiciones de asistencia y la entrega de insumos esenciales.
