La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington emitió el pasado 17 de mayo un dictamen a favor de los diputados indígenas de Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos por votación popular en el año 2015 y quienes fueron separados de sus cargos por la simulación de un hecho punible desde el punto de vista electoral.
El defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y diputado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, manifestó que los tres fueron víctimas de la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo los derechos judiciales y políticos al ser despojados en diciembre de 2015 de la inmunidad parlamentaria y de la representación indígena.
“Producto de una simulación de un hecho punible, de una simulación de un fraude electoral que fue fabricado por Jorge Rodríguez y altos dirigentes del PSUV en Amazonas. Esta situación trajo como consecuencia que, al juramentar a los diputados de Amazonas, el TSJ controlado mayoritariamente por el oficialismo declaró en desacato a la Asamblea Nacional y suspendió el ejercicio parlamentario de los diputados indígenas, y los mantuvo con una medida cautelar cinco años. Nunca dictó sentencia de fondo”, explicó.
Precisó Márquez que ahora después de una larga lucha con el apoyo del doctor Moisés Troconis, abogado en ejercicio, y la Fundación El Amparo, recibieron la noticia de que el caso va a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, para que dicten sentencia y acuerden reparaciones e indemnizaciones contra estos imputados.
Indicó que en este caso no solamente les violaron los derechos particulares a los diputados indígenas, sino que los usaron como un pretexto para despojar de la mayoría calificada, de las dos terceras partes a las fuerzas democráticas dentro del parlamento nacional.
“Recordemos que salieron electos 167 diputados, de los cuales la mayoría calificada eran 112 y los 3 diputados de Amazonas hacían la mayoría, entonces el gobierno usando los poderes públicos controlados prácticamente despojó a estos parlamentarios su representación, violando normas nacionales e internacionales, entonces por eso no solamente nos vamos a ocupar de que se investigue el fraude procesal contra los diputados de Amazonas sino el fraude político y constitucional al declarar en desacato a la Asamblea Nacional”, informó Walter Márquez.
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