Durante casi dos décadas de mi actividad profesional trabajé como asesor de Carmelo Lauría, probablemente el parlamentario venezolano de más larga y destacada trayectoria en materia de finanzas públicas. Trabajar a su lado fue un posgrado invalorable en la universidad de la vida. Durante ese período enseñé Derecho Financiero, Bases Constitucionales de la Tributación, Régimen Fiscal de las Sociedades Mercantiles e Instituciones Financieras Multilaterales en los posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello. También acumulo casi cuatro décadas de ejercicio del derecho tributario a nivel internacional.
Como diputado a la Asamblea Nacional entre 2000 y 2005, dediqué buena parte de mis esfuerzos al presupuesto, el gasto y la deuda pública, así como al control de la gestión fiscal. Si algo aprendí de esas experiencias es que gobernar es saber presupuestar. Las prioridades, las verdaderas intenciones y las posibilidades reales de cualquier Estado se conocen al leer sus presupuestos.
En toda democracia funcional, la discusión del presupuesto y el control de su ejecución son parte central de la actividad política y parlamentaria. En Venezuela, sin embargo, durante las últimas dos décadas este proceso perdió su contenido. Una práctica esencial de la democracia se convirtió en un trámite formal, seguido por una ejecución presupuestaria discrecional y casi absolutamente opaca.
La ausencia de este tema en la conversación política de un momento tan crítico es una deficiencia que debemos corregir. Primero necesitamos un consenso técnico sobre los hechos y las cifras. Luego debemos debatir las propuestas, evitando los lugares comunes y, particularmente, la idea de que, como existe un déficit fiscal, la única respuesta posible es reducir el gasto público.
La realidad venezolana es mucho más compleja. El país tiene un déficit elevado y una deuda que excede su capacidad actual de pago, pero necesita gastar e invertir considerablemente más para recuperar sus servicios esenciales, reconstruir su infraestructura y comenzar a saldar la inmensa deuda social acumulada.
La paradoja fiscal
Antes de entrar en cifras, una advertencia necesaria: ante la ausencia de reportes fiscales oficiales completos y actualizados, los datos que siguen son estimaciones plausibles recopiladas de fuentes disponibles —organismos multilaterales, analistas y prensa especializada—, no cifras oficiales certificadas, y deben entenderse como referencias sujetas a verificación.
El déficit anual se estima entre 6% y 9% del producto interno bruto: una brecha de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, según la estimación del tamaño de la economía. A ello se suma una deuda externa y un conjunto de pasivos que algunos cálculos sitúan entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, incluyendo bonos soberanos y de PDVSA, intereses vencidos, préstamos bilaterales, obligaciones comerciales y laudos arbitrales.
Estoy convencido de que ese monto nominal —que algunos asesores e intermediarios han tenido incentivos para presentar en sus estimaciones más elevadas, como cifras que en meses recientes han llegado a mencionar hasta 240.000 millones de dólares— no debe aceptarse automáticamente como una obligación definitiva e incontrovertible de la República. Venezuela tendrá que realizar una auditoría que examine el origen, la legalidad, las condiciones y los beneficiarios de cada acreencia, distinguiendo entre capital legítimamente adeudado, intereses acumulados, penalidades, obligaciones controvertidas y reclamos sujetos a litigio.
Sobre esa base deberá negociarse una reestructuración que reduzca sustancialmente el valor de la deuda, extienda los vencimientos y establezca un servicio compatible con la recuperación económica y las necesidades sociales. Una parte podría convertirse en inversión productiva y otra canjearse por activos o participaciones en proyectos, mediante procesos transparentes, competitivos y sometidos a control institucional. No se trata de liquidar el patrimonio nacional ni de premiar acreencias especulativas, sino de transformar pasivos impagables en capital, infraestructura y actividad económica.
Pero la otra cara del problema es que el Estado venezolano gasta e invierte muy poco en sus funciones esenciales. El presupuesto nacional de 2026 equivale aproximadamente a 18% del PIB estimado, mientras el gasto del gobierno general supera, en promedio, 40% del PIB en los países de la OCDE.
Venezuela destina alrededor de 1,7% del PIB a educación pública, frente a aproximadamente 5% en el Mercosur y 4,8% en la OCDE. En salud, la partida que combina salud y seguridad social apenas alcanza 1,2% del PIB, por lo cual el gasto exclusivamente sanitario debe ser menor. El promedio regional en salud pública se aproxima a 5% y el de la OCDE a 7%.
La inversión venezolana en infraestructura y obras públicas representa alrededor de 1,1% del PIB, frente a 3% en el MERCOSUR y 3,5% en la OCDE. En ciencia y tecnología, la asignación presupuestaria apenas equivale a 0,16% del PIB.
Cerrar estas brechas y aproximarnos inicialmente al promedio regional requeriría movilizar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares adicionales cada año. Acercarnos progresivamente a parámetros de la OCDE podría demandar entre 15.000 y 17.000 millones anuales.
La magnitud de la deuda social
Esas cifras todavía no reflejan adecuadamente las necesidades acumuladas en pensiones, vivienda, servicios públicos y reconstrucción posterior a los terremotos.
El sistema de pensiones es fragmentado, desigual y opaco. El IVSS cubriría alrededor de 3,2 millones de pensionados, mientras 100% Amor Mayor atendería a más de dos millones de beneficiarios adicionales. Aunque pueden existir duplicaciones, más de cinco millones de adultos mayores dependen de alguna pensión o transferencia estatal.
La pensión formal permanece congelada en 130 bolívares mensuales —menos de un dólar— y es complementada mediante bonos administrativos que no forman parte legal de la pensión ni se ajustan mediante reglas estables. Los pensionados exclusivamente amparados por el IVSS y los beneficiarios de Amor Mayor reciben alrededor de 70 dólares mensuales, mientras algunos jubilados públicos perciben montos superiores.
Garantizar 70 dólares a cinco millones de personas cuesta aproximadamente 4.200 millones de dólares al año. Establecer progresivamente un piso universal de 150 dólares elevaría el costo bruto a unos 9.000 millones anuales. Antes de reformar el sistema será indispensable realizar un censo que identifique beneficiarios, duplicaciones, derechos contributivos y programas asistenciales. La transición deberá sustituir los bonos discrecionales por pensiones formalmente reconocidas, previsibles y sostenibles.
En vivienda, el déficit se aproxima a 2,75 millones de unidades. A un costo promedio de entre 25.000 y 35.000 dólares por solución habitacional, atenderlo representaría una inversión acumulada de entre 69.000 y 96.000 millones de dólares. No todo debe financiarlo o construirlo el Estado. Un programa a diez años deberá combinar crédito hipotecario, inversión privada, alquiler, rehabilitación, vivienda social, regularización de tierras y subsidios focalizados.
La recuperación de los servicios públicos requerirá igualmente inversiones de gran magnitud. Estimaciones disponibles colocan en no menos de 17.670 millones de dólares las necesidades iniciales de electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones. Un programa de diez años tendría que movilizar entre 2.000 y 4.000 millones anuales, combinando inversión pública y privada, concesiones, tarifas sostenibles y subsidios dirigidos a los hogares vulnerables.
A esta cuenta debe añadirse el costo de normalizar los salarios del sector público, hoy sostenidos artificialmente mediante bonos no salariales que rondan apenas 190 dólares mensuales en promedio. Llevar el ingreso de los cerca de 2,5 millones de empleados públicos civiles —sin incluir a la Fuerza Armada Nacional, cuyo caso amerita un estudio aparte— al nivel del salario medio del sector público en la región, una estimación propia basada en datos del Banco Interamericano de Desarrollo que ronda los 850 dólares mensuales, tendría un costo no menor a 19.000 millones de dólares anuales, manteniendo el actual tamaño de la nómina estatal. A esto se suma una deuda pendiente y aún no cuantificada por prestaciones sociales, generada porque buena parte del ingreso real de los trabajadores se ha pagado durante años mediante bonos que no forman parte del salario integral y, por tanto, no han generado las acreencias que exige la legislación laboral vigente. Dimensionar esa deuda retroactiva requiere antes una reforma legal que aún no existe y que deberá decidir cómo —y si— se reconocen esos derechos con carácter retroactivo.
A esta deuda social preexistente se agregan los terremotos del 24 de junio de 2026. El Banco Mundial estima 19.600 millones de dólares en daños físicos directos. La reconstrucción con normas modernas de seguridad, la restauración de servicios y la recuperación económica podrían elevar el esfuerzo total hasta 50.000 millones.
Esta cifra equivale a cerca de la mitad del PIB venezolano y a dos veces y media el presupuesto nacional. La reconstrucción deberá concebirse como un programa plurianual, financiado mediante recursos presupuestarios, crédito multilateral, cooperación internacional, seguros e inversión privada. Debemos evitar la doble contabilización, porque parte de esos daños coincide con las necesidades ya identificadas en vivienda, infraestructura y servicios públicos.
Un Estado que recauda poco, pero castiga al contribuyente formal
La paradoja se completa con una realidad igualmente preocupante: aunque el Estado recauda poco en relación con el PIB, las empresas formales soportan una presión fiscal extremadamente elevada.
Se estima que apenas entre 36% y 40% de las empresas venezolanas paga efectivamente impuestos. El peso del sistema se concentra, por tanto, sobre quienes permanecen en la formalidad. Además del impuesto sobre la renta y el IVA, estas empresas enfrentan impuestos municipales sobre actividades económicas, tasas de aseo urbano y contribuciones parafiscales destinadas al FAOV, el Inces, la ciencia y tecnología, el deporte y los programas antidrogas. Varias se calculan sobre los ingresos brutos o la nómina, no sobre las utilidades.
Analistas nacionales estiman que la tasa efectiva derivada de los tributos nacionales puede aproximarse a 40% de la renta neta. Al agregar las cargas municipales y parafiscales, el gravamen acumulado podría superar 60%, en línea con la última medición del Banco Mundial antes de discontinuar su informe Doing Business, que situó la tasa total de impuestos y contribuciones en 65% de las utilidades comerciales.
Tenemos así una doble distorsión: un Estado con ingresos insuficientes y un sector formal sobrecargado. Aumentar las tasas sobre quienes ya cumplen puede desalentar la inversión, promover la informalidad y terminar reduciendo la recaudación. Pero disminuir impuestos sin ampliar las bases ni ordenar las finanzas públicas agravaría el déficit.
Un acuerdo para los próximos diez años
La respuesta no puede ser una medida aislada ni un programa reservado a economistas. Uno de los grandes objetivos de la transición democrática debe ser construir un acuerdo político y social alrededor de un plan fiscal y de desarrollo con un horizonte mínimo de diez años.
Ese acuerdo debe definir qué Estado queremos y cuánto cuesta financiarlo; cuáles servicios deben ser universales; cómo distribuiremos los ingresos petroleros; qué contribución corresponderá a ciudadanos y empresas; y qué compromisos deberán asumir el Gobierno, los trabajadores, el sector privado, las universidades y la sociedad civil.
El plan tendrá que combinar disciplina fiscal con una expansión progresiva del gasto social y de la inversión. Esto supone eliminar el financiamiento monetario del déficit, recuperar la autonomía del Banco Central, publicar cuentas fiscales consolidadas, auditar y reestructurar la deuda, simplificar el sistema tributario, revisar las cargas parafiscales y ampliar la base de contribuyentes. El objetivo no puede ser cobrar más a los mismos, sino lograr que una economía más grande, formal y productiva genere mayores ingresos públicos con tasas razonables.
El petróleo debe contribuir a ese proceso, pero no puede volver a financiar un Estado clientelar y vulnerable a las fluctuaciones del mercado. Los ingresos extraordinarios deben convertirse en ahorro, infraestructura y capital humano. También será indispensable movilizar inversión privada, financiamiento multilateral y alianzas público-privadas, bajo reglas transparentes y con seguridad jurídica.
El desafío consiste en hacer simultáneamente cosas que parecen contradictorias: reducir el déficit y aumentar el gasto esencial; mejorar las pensiones sin reactivar la inflación; aliviar la presión tributaria y elevar los ingresos fiscales; reconstruir viviendas y servicios sin convertir toda la inversión en deuda pública; y aprovechar el petróleo mientras superamos la dependencia fiscal petrolera.
Resolver esta paradoja requerirá tiempo, secuencia, credibilidad y acuerdos que sobrevivan a más de un gobierno. La transición democrática no estará completa con elecciones libres y nuevas instituciones políticas. También deberá producir un nuevo contrato fiscal: un acuerdo en virtud del cual el Estado rinda cuentas, los ciudadanos contribuyan bajo reglas justas y el gasto público se traduzca efectivamente en derechos, servicios, oportunidades y desarrollo.
Ese es uno de los consensos fundamentales que Venezuela necesita construir.
Leopoldo Martínez Nucete
