Quizás sean pocos quienes recuerden el encabezado de nuestro editorial de hoy. Acuñada en referencia a la insania por el hombre común que hacía colas en el centro de Caracas para abordar un autobús o un «carrito por puesto» —antecesor de las insufribles, sobrecargadas, destartaladas y antihigiénicas camionetas que ahora suplen las deficiencias del transporte público, elevando a la enésima potencia el malestar urbano—. Vino a cuento a propósito de unas declaraciones de Francia Márquez, vicepresidente de Colombia, en las cuales elogió, con ditirambos dignos de mejor causa, el sistema sanitario cubano, y encopetó la exportación de médicos promovida por el régimen castrista para colocar sus peones en los tableros del descontento en aquellos países donde no pudieron sembrar, cultivar y hacer florecer el foquismo guevarista, teóricamente sostenido por Regis Debray.

La señora Francia, igual a los sesentosos turistas «patria, mojito o muerte», se dejó hechizar por los serpentinos encantos de un discurso falaz, basado en milagrosas curas por parte de unos presuntos médicos, mitad curanderos, mitad paramédicos, formados en tiempo récord a fin de llenar el vacío generado por el éxodo de médicos bien formados en las universidades precastristas. La joya de esa corona narrativa fue el tratamiento de los trastornos mentales.

Era mandatorio, para quien viajaba a la isla con ánimo de conocer al hombre nuevo, dispensar una visita (guiada, naturalmente) al Hospital Psiquiátrico de La Habana, bautizado en 2006 con el nombre de quien fuese su director durante la friolera de 45 años, Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé. Mejor conocido como Mazorra (nombre de la finca donde se construyeron sus instalaciones), el establecimiento gozó de general admiración y prestigio hasta que la BBC reveló el deceso por hipotermia de 30 pacientes, entre el 11 y el 12 de enero de 2010.

La cadena británica ahondó en el asunto y entrevistó a vecinos del lugar, para quienes «la mayoría de los muertos eran ancianos aquejados de otras dolencias, particularmente respiratorias; las condiciones del hospital son deprimentes: faltan los cristales en las ventanas, no hay colchas y la alimentación es pésima; muchos de los trabajadores del hospital crían puercos con la comida robada a los enfermos. Ahora trajeron una brigada de reparación y un camión de colchas, pero ya es tarde. ¿Cómo es posible encontrar en la calle pacientes semidesnudos pidiendo limosnas?, preguntó una entrevistada». La bomba noticiosa puso en entredicho la solvencia del manicomio, paradigma de los logros alcanzados en materia de salud por la Revolución cubana. ¡Pamplinas! Cual las hazañas deportivas forjadas a punta de esteroides y los presuntos avances educativos basados en el lavado de cerebros y el empobrecimiento curricular. Pero, la segunda al mando de Colombia se comió el cuento. Allá ella: ¡Manicomio a locha!

Editorial de El Nacional

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, junto al mandatario Díaz-Canel en su visita a Cuba

El fiscal de la CPI, Karim Khan, en su última visita a Venezuela

Justamente en los días en que los venezolanos, o una parte de ellos, dirigían su atención al escándalo de corrupción que el régimen ha desatado contra sí mismo —una jugada en la que aún no se destapan todas las cartas— concluía una fase del caso Venezuela I que la Corte Penal Internacional adelanta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Esa fase, que la organización Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) considera histórica, consistió en recabar la opinión y testimonios de las víctimas y sus representantes sobre los asuntos que engloba ese concepto de lesa humanidad. A saber, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual por motivos políticos. Todo ello a cuenta de agentes de seguridad del Estado desde, al menos, abril de 2017.

Si la corrupción es lastimosa, hiriente y sume al país en la calamidad, el caso que se sustenta ante la Corte Penal Internacional puede poner en evidencia ante el mundo la naturaleza de quienes mandan en Venezuela. Un comportamiento que recuerda en mala hora lo que ocurrió en países del Cono Sur durante la denominada Operación Cóndor que juntó a servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la tarea indiscriminada de represión política y terrorismo de Estado.

Venezuela I es una de las 17 investigaciones actuales en la Corte Penal Internacional. Nuestro país, por obra y (des)gracia de este régimen figura al lado de naciones de escasísima tradición democrática como Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Darfur, República Democrática del Congo, Uganda, entre otros.

Esa consulta abierta por la CPI recibió más de 2.000 formularios y videos de las víctimas y sus familiares que, una vez analizados, se constituirán en un informe sobre lo que ha ocurrido —y, lastimosamente, aún ocurre— en el país en estos años de represión a las voces disidentes que exigen democracia y justicia.

Por el volumen de las opiniones y testimonios recibidos, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI ha autorizado una prórroga hasta el 20 de abril próximo para la presentación del informe ante los jueces del organismo.

El régimen de Maduro ha sido informado del proceso (hay un memorando de entendimiento suscrito con la CPI), ha sido escuchado y, también, ha intentado detener la investigación. El fiscal jefe, el británico Karim Khan, ha decidido, sin embargo, continuar adelante, como lo expuso el pasado mes de noviembre cuando se reanudó el caso.

«Mi Fiscalía, sostuvo Khan, reconoce que las autoridades venezolanas han emprendido varias reformas legales destinadas a abordar cuestiones estructurales y sistémicas, y se siente alentada por ello (…) No obstante, la evaluación independiente y objetiva realizada por mi Fiscalía llega a la conclusión de que en la actualidad estos esfuerzos y reformas son insuficientes en su alcance o no han tenido unas consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes».

La CPI, como lo recuerda Provea, ha garantizado que toda la información recibida es estrictamente confidencial, porque la seguridad de las víctimas y de quienes las asisten es primordial. Los venezolanos conocen esos riesgos. Padecen esos riesgos.

Editorial de el Nacional

Una nota en el portal de Venezolana de Televisión —ya saben, «el canal de todos los venezolanos que no son apátridas»— revela el verdadero motivo por el cual Nicolás Maduro se ausentó de la Cumbre Iberoamericana que se realizó durante el viernes y sábado pasados en República Dominicana. «Todo indica que se trató de un falso positivo», se lee en un tuit de la camarada vicepresidenta de la república bolivariana, Delcy Rodríguez, citado por el medio teñido de rojo.

Los médicos de Maduro le informaron, cuenta la hermana Delcy, de un resultado positivo de PCR. Tenía covid. Y precavido como es, y confiado de sus colaboradores, sean médicos o que despachen barriles de crudo, suspendió su viaje a Santo Domingo, temeroso de contagiar a los representantes de otras 21 naciones allí reunidos. Se sabe lo peligroso que pueden resultar estos contagios. Afortunadamente en la Cumbre estaba el compañero Díaz-Canel inmune a ese virus liberal que padecen Boric, Lacalle Pou, Chaves (el de Costa Rica).

No se sabe si los mismos médicos, u otros de mayor compromiso revolucionario, ordenaron dos nuevas pruebas a Maduro. Dio negativo, con lo cual se confirmó el falso positivo. Está sano y presto para la batalla contra la corrupción. ¡Qué alivio para la nación!

Los falsos positivos, antes de este penoso asunto del covid, se referían en nuestro contexto a los caídos (positivo) en combate (falso) en Colombia por la acción de las Fuerzas Armadas. Eran muertos de muerte verdadera pero se descubrió que eran ejecuciones extrajudiciales. Hasta 2.248 falsos positivos para abultar el éxito militar.

¿No es un símil esto de lo que ocurre en la patria de Bolívar (también de Bello y de Gallegos) con el escándalo de corrupción? Hay detenidos —militares, funcionarios, un alcalde, un diputado— lo que es positivo, como consecuencia de una cruzada antivalores, pero a la vista de los miles de millones birlados durante dos décadas… es falso.

La «batalla», como la llama Diosdado Cabello, ha dejado también como saldo, además del «falso positivo» de Maduro —sin duda debido a un bajón momentáneo de las defensas— a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, con muletas y a Tareck el Aissami desaparecido. Los célebres tuits  de rendición del ministro de petróleo del 20 de marzo pasarán a la historia de las luchas intestinas en el proceso robolucionario.

El sábado, mientras Maduro estaba pendiente de saber si era o no un falso positivo, Cabello condujo una marcha de fieles, con poca disposición al aplauso como reflejan los videos, hasta los escombros de lo que una vez fue la tercera empresa petrolera del mundo. En una imagen sonriente al lado de Rodríguez y Pedro Tellechea (ahora jefe del petróleo y de Pdvsa, o mejor dicho, lo que queda de Pdvsa), Cabello descubrió que el monstruo que los carcome es capitalista. La corrupción es capitalista. Después de un cuarto de siglo, los revolucionarios del PSUV siguen seducidos por el vil metal.

“Vayan a Las Mercedes (sureste de Caracas) para que vean que los pillos escondieron las camionetas en las que andan”, gritaba Cabello, lo que era vox populi (conocido y repetido por todos, dice la RAE) desde que el régimen lanzó su campaña “Venezuela se arregló”. Es una pena que Cabello no se haya enterado antes.

“¡Abajo cadenas! gritaba el señor…”, reza una estrofa del Himno Nacional. Doblemente positivo.

Editorial de El Nacional

Todos vestidos con guayabera blanca —del rey Felipe VI para abajo, con la excepción del canciller brasileño y el mandatario boliviano—, jefes de Estado y de gobierno se han reencontrado en Santo Domingo en la XXVIII Cumbre Iberoamericana y del Caribe, tras la interrupción de la pandemia. Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible: los lemas siempre son prometedores, deslumbrantes como ese sol caribeño que los hace a todos más iguales. Por lo menos en el vestir.

La Cumbre Iberoamericana, cuya primera reunión fue en 1991 en Guadalajara, México, congrega a 19 países americanos —17 continentales más Cuba y República Dominicana— y 3 europeos: España, Portugal y Andorra. Los une una historia compartida desde hace más de 500 años y un par de lenguas. Cuando se les escucha como en esta ocasión parecen separados por todo lo demás.

Notas periodísticas de la prensa regional e internacional comparten una mirada crítica sobre estos encuentros que han perdido relevancia y cuyas decisiones tienen escaso impacto en la vida diaria de las naciones que componen la organización. La ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador, alérgico a las reuniones de más de dos, es sintomática: son las naciones con más hablantes de una y otra lengua.

Gustavo Petro, que juega con un lápiz mientras da clase (interviene, perdón), retrató la retórica de estos eventos: «Hablamos más de lo que hacemos». Él, por ejemplo, se excedió de los 7 minutos estipulados para cada orador. No fue el único, de hecho hubo llamadas de atención al respecto.

La agenda de la XXVIII Cumbre Iberoamericana se centró en tres temas: seguridad alimentaria, cambio climático y derechos digitales. Asuntos en los cuales los países de este lado del océano están urgidos de políticas y, sobre todo, de resultados, porque el hambre apremia, la Amazonia se descuida y la brecha digital es más ancha que una calle.

Los buenos propósitos abundan entre los hombres de nuestra región —por cierto, una sola mandataria, Xiomara Castro de Honduras—; sin embargo, cada uno, con algunas excepciones, siguen aferrados a un discurso invariable, que ya no sorprende y que traza una zanja con el vecino: Gabriel Boric alerta sobre la «dictadura familiar» de Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua y el cubano Miguel Díaz-Canel coloca a ese país, junto con Venezuela y Bolivia, como víctimas de Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cuya suerte pende de un hilo, denuncia la desestabilización de la que es víctima su gobierno y por lo cual mantiene un contencioso con el presidente de Argentina, Alberto Fernández (muy afín a Rafael Correa), y que, a su vez, le responde citando al papa Francisco: «Nadie se salva solo».

Luis Alberto Arce, el presidente de Bolivia, en un discurso estructurado en el que destacó los avances socieconómicos de su país, concluyó denunciando el ataque a las democracias populares, porque las otras, las democracias sin apellido, son un espejismo, una trampa de alguien en alguna parte.

Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Ese es el lema. Esa es la aspiración. Pero aún sobrevive la brecha ideológica (esta del tamaño de una autopista) y la victimización. Lo dijo Luis Lacalle Pou, el de Uruguay: “Hay una tendencia, casi un reflejo automático, de buscar los responsables de nuestros males afuera de nosotros mismos”.

Editorial de El Nacional

Mientras cumplía 627 días de detención arbitraria y de privación ilegítima de su libertad, al profesor universitario Javier Tarazona —director de Fundaredes, una organización dedicada a promover los derechos humanos, la libertad y la democracia— le fue concedido el premio Homo Homini que otorga desde 1994 la organización no gubernamental de la República Checa People In Need.

«Creemos que las personas —señala People In Need— en cualquier lugar del mundo deberían tener derecho a tomar decisiones sobre sus vidas y a compartir los derechos expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Eso es lo que ha hecho Tarazona desde muy joven. A los 17 años de edad, como cuenta una nota de Erick Lezama en la vida de nos (ver: https://bit.ly/3LORrqv), Tarazona creó la Fundación de Brigadas de Seguridad del Táchira (Fundabriseta) para contribuir al progreso social de los jóvenes. Con el tiempo, de ese embrión nació Fundaredes.

Tomar decisiones sobre su propia vida y compartir, difundir y defender los derechos humanos es peligroso en Venezuela. Usted que lee, usted que cree en ese simple y profundo enunciado, usted que se compromete con su vigencia cada día de su vida, puede, como Javier Tarazona, ser acusado de instigación al odio. De terrorismo. De traición a la patria. En este lugar del mundo que se llama Venezuela.

Javier Tarazona estudió educación en la Universidad Pedagógica Nacional Experimental Libertador (UPEL). Se graduó, comenzó a dar clases, hizo una maestría y un doctorado. Fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira. Se casó, tuvo un hijo y, en paralelo, profundizó su activismo para fortalecer el tejido social —son palabras de la vida de nos— cada día más endeble, más agujereado.

Desde Fundaredes, con un equipo pequeño y abnegado, Tarazona se dedicó a documentar la presencia y actividad de grupos irregulares armados en la frontera venezolana. Acumuló mucha información, sobre el narcotráfico en esas trochas que cruzan de Colombia para acá y de vuelta, sobre la operación de esos grupos irregulares y libres como Pedro por su casa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio medidas cautelares de protección en 2020. Para que el Estado lo protegiera: en cualquier lugar del mundo, no aquí.

El 2 de julio de 2021 mientras daba un taller sobre derechos humanos en Coro, fue avisado de que hombres armados, algunos uniformados como la policía del estado Falcón, otros del Sebin, unos más de civil, merodeaban por el lugar donde se realizaba la actividad. Decidió, junto con Omar de Dios García, otro miembro de Fundaredes, acudir a la Fiscalía de Coro a denunciar el acoso y la persecución policial. Ambos salieron poco después esposados, y junto con el hermano de Tarazona, Rafael, que también fue detenido, trasladados a Caracas, presentados ante un tribunal e imputados de los delitos con los que el régimen sustituye la declaración universal de los derechos humanos. En este lugar llamado Venezuela.

Javier Tarazona es el único que sigue detenido. Ya son 630 días, o más. Su  pecado fue solicitar a la Fiscalía General de la República que investigara la relación de altos funcionarios, tanto civiles como militares, con altos mandos de la guerrilla. Y reveló una foto en la cual el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, —ahora desterrado en España, por mediación del inefable José Rodríguez Zapatero— estaba sentado en una mesa con jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas colombianas. Días después se produjo la detención de Tarazona.

Su puesta en libertad fue exigida esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se sabe que su salud se ha deteriorado durante el penoso e inhumano encierro al que ha sido sometido. Cerca de 300 venezolanos pagan en las cárceles el derecho a decidir sobre su vida

Editorial de El Nacional

Cuanto más se escucha a Jorge Rodríguez, más moderado parece Diosdado Cabello. ¿Será que el mazo está cambiando de manos? Es una especulación. En este mundo opaco de la revolución bolivariana -en minúsculas, por favor- por mucho que se aten cabos todo sigue enmadejado.

Hablamos de las noches de los cuchillos largos. Del descabezamiento de Tareck Zaidan el Aissami Maddah. El ministro de Petróleo renunciante, que se puso a disposición del partido, se sumó a la cruzada antivalores y desapareció. El miércoles la dirección del partido se reunió. Hizo mutis. Ni siquiera un tuit a sus abnegados camaradas.

El escenario es de Rodríguez. En lo alto del hemiciclo de la Asamblea Nacional. A sus pies, al fondo de su mirada, se instalan 277 diputadas y diputados -eran 167 antes, pero hay mucha inflación en el país- que siguen cada gesto del orador. Atónitos, el rostro arrugado, preocupados, y sin embargo prestos para el aplauso. Se sabe que el presidente del  Legislativo va a referirse al caso que ocupa la atención pública: la sucesión de detenciones contra funcionarios, jueces, diputados, alcaldes, acusados de «graves delitos de corrupción». Hay que estar atentos no vaya a ser que entre tantos nombres…

«Esta investigación apenas comienza, hay 19 detenidos y estoy seguro de que vienen más», calienta motores Rodríguez, como si fuera el fiscal acusador, como si la Policía Nacional Anticorrupción -de la que nadie sabía ni pío hasta hace 72 horas- le rindiera cuentas a él. Sus colegas siguen allí con los dedos cruzados. Uno entre ellos ya cayó: el diputado Hugbel Roa, «panita» de Tareck.

Un breve inciso antes de lo inimaginable de Rodríguez: los maestros, 60 días en la calle pidiendo aumento salarial, incorporan una consigna a su reclamo: «No son las sanciones, es la corrupción». Mientras caen cabezas, nadie explica cómo se esfumaron 3.000 millones de dólares producto de ventas petroleras que nunca ingresaron a las arcas nacionales. En la Venezuela roja, y no de vergüenza, se roba a lo grande aún cuando queden sobras.

Sigue Rodríguez, a toda mecha, convirtiendo el desfalco a la nación en una gesta celebratoria. «Lo digo usando lenguaje de boxeador, gramo a gramo, round a round, es el presidente de la República Bolivariana desde 1830 hasta la fecha que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus  partes, busquen un presidente, además de Hugo Chávez, que haya enfrentado la corrupción de una manera tan determinante, tan valiente, como lo ha hecho Nicolás Maduro…»

Rodríguez pone en primer lugar a Maduro y, desbocado, con el micrófono exigiendo más, repasa casi 200 años de historia republicana y sentencia que no hay otro nombre -«denme uno, un solo nombre, denme uno», retaba a su auditorio entregado y expectante- que haya luchado tanto por el adecentamiento del país…»además de Hugo Chávez». Ese era el nombre que pedía pero se le escapó, por eso el «además», que suena a «por cierto, también un tal…». Hace unos días apenas el régimen celebró con pompa los 10 años de la partida del «comandante eterno». Vinieron Correa, el de Ecuador; Raúl Castro, que heredó Cuba de su hermano, y Ortega, empeñado en sepultar a Sandino. Chávez reposa y desciende en el altar revolucionario.

La república bolivariana tiene veinte años y algo, aunque parecen siglos, pero Rodríguez le extendió carta bautismal desde los inicios de la República -con mayúscula- en 1830. Tremenda «Cosiata».

A la euforia de Rodríguez, la parquedad de Cabello. «Es muy triste a veces encontrar que compañeros de esta Asamblea estén involucrados en actos delictivos». A veces el número dos parece moderado. A veces. La procesión va por dentro.

Editorial de El Naxional

La sesión de actualización oral del informe del alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, sobre Venezuela, fue un balde de agua fría para el representante venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant, quien hizo gala sin embargo de su cinismo, lo que se da muy bien en las altas esferas del régimen, hay que reconocerlo.

Constant felicitó a Türk por sus avances en español y, de inmediato, dijo que la resolución que autorizó la investigación sobre Venezuela era producto «del ruidoso caos del oprobio y la calumnia».

Sus palabras tuvieron escaso eco en la sesión del Consejo de Derechos Humanos porque la mayoría de quienes durante más de una hora hicieron uso de la palabra reiteraron tres peticiones fundamentales: liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, protección del espacio cívico de la sociedad venezolana amenazado por leyes para restringir la actuación de las organizaciones no gubernamentales y lesionar el derecho de asociación y la realización de elecciones libres y justas en 2024.

La representante de Australia preguntó lo que puede parecer una ingenuidad, pero que es el lubricante esencial de una sociedad democrática: «Señor alto comisionado, ¿cómo puede contribuir la comunidad internacional a que haya debate político en Venezuela?». A Constant —impecable en el vestir, como corresponde a un gobierno que cuida las apariencias— le debió apretar el nudo de su corbata azul. Tras una primera interrupción del debate, el venezolano pidió un lenguaje acorde con la legitimidad del gobierno que representa, luego hizo mutis. Porque ya no era un balde sino un chaparrón.

La Unión Europea, Paraguay (hablando a nombre de Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y su país), Estados Unidos, Portugal, Francia, Perú, Marruecos, Uruguay, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, España, Suiza, Georgia, Australia, Luxemburgo, Ucrania (que recordó el vergonzante apoyo del régimen venezolano a la invasión rusa), además de una serie de organizaciones civiles (Civicus; International Service for Human Rights, por la que habló una mujer pemón, que advirtió del peligro de extinción de 51 pueblos indígenas; Human Rights Watch, Comité Internacional de Juristas) y el remate de Türk, todos ellos expresaron su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en el país, hablaron de exilio, de torturas, de desapariciones forzadas, de muertes extrajudiciales, de criminalización de la protesta, de fallas eléctricas, carencia de agua. En fin, de la Venezuela del siglo XXI.

El mundo democrático sabe lo que ocurre en Venezuela. No hay forma de maquillar la realidad, aunque Constant la recubra de seda. Incluso el Brasil de Lula expresó «seguir de cerca» lo que pasa en los derechos humanos en nuestro país y Argentina alentó el levantamiento de «las medidas unilaterales» pero reconoció los retos planteados para la reforma judicial, la reparación de las víctimas, las condiciones de reclusión y la liberación de los detenidos arbitrariamente.

En el epílogo, Türk, cuidando cada palabra como debe ser para que su renovada Misión continué en el país, dijo que la situación venezolana es compleja, con miles de problemas que no se borran de un plumazo. “Es claro que las elecciones justas son un elemento fundamental de un entorno donde se protegen los derechos humanos. Mi oficina abogará por un espacio cívico fuerte e instituciones fuertes”. Habló en inglés. Constant lo entendió, seguro.

Editorial de El Nacional

El Congreso de los Diputados de España debatió ayer y seguirá hoy la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sexta ocasión en que se echa mano de ese recurso constitucional en los más de 40 años de la democracia española. En cuatro de las cinco anteriores fracasó. Lo que con toda seguridad ocurrirá también en esta oportunidad.

La única vez que la moción acabó con el gobierno en funciones fue en 2018, impulsada precisamente por Sánchez contra Mariano Rajoy (Partido Popular). Esta es la segunda moción en contra del presidente de gobierno, todo un récord, y ambas por iniciativa de Santiago Abascal, hombre fuerte de Vox, formación política que se define como de «extrema necesidad» y que la prensa, y también analistas políticos, señalan de “extrema derecha”

Lo curioso de esta moción de censura es que Vox presentó como candidato a suceder a Sánchez al histórico dirigente del Partido Comunista de España, Ramón Tamames: vueltas impensadas de la política que confluyen en este episodio que tanto derecha como izquierda tachan de «esperpento».

Nacido en 1933,  Tamames es economista e historiador y participó activamente en la transición española a la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco, y en la redacción de la Constitución aprobada en 1978 que estipula esta figura de la moción de censura.

En su discurso –que modificó luego de la filtración publicada la semana pasada– dijo que este es «el último tributo” a la defensa de los intereses de su país. Desde hace 25 años no hablaba en el parlamento, en lo que se pensó era el punto final de su vida política que siguió en Izquierda Unida y luego en el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez.

Aunque solo cuenta con el respaldo de los 52 diputados de Vox sobre un total de 350 del Congreso de Diputados -el PP se abstendrá y el PSOE y sus aliados se opondrán-, Tamames aireó temas críticos que la democracia española, tan celebrada en su gestación, ha venido arrastrando en los últimos tiempos y ameritan un debate de fondo.

Partiendo de la concentración multitudinaria del pasado 21 de enero convocada por la sociedad civil bajo el lema de «Por España, la democracia y la Constitución», Tamames plantea que el gobierno de Sánchez y sus aliados amenaza la convivencia y la unidad de la nación española y cuestionó las disposiciones que limitan el uso del castellano en su propio país, una lengua que hablan 600 millones de personas

El viejo luchador por la democracia olvidó pedir el adelanto de las elecciones para mayo próximo cuando se realizarán comicios municipales y autonómicos; sin embargo, incorporó otra propuesta que no estaba en la versión filtrada de su discurso, y que consistió en llamar a los partidos constitucionales para producir un “cambio radical” y recuperar los principios de la monarquía parlamentaria, la unidad nacional y la bandera.

El llamado de Tamames se resume en un paquete de medidas mínimas adecuadas, una ley electoral sin que estén sobrerrepresentados los grupos separatistas, la vigilancia de la corrupción y un pacto para recuperar la concordia, la paz y el entendimiento entre la mayoría de los españoles.

Como era previsible, el debate devino en un choque entre Abascal y Sánchez, mientras el PP pone su atención en la cita electoral de mayo y luego en las generales de fin de año. La moción no sacará a Sánchez, pero todos buscan sacar rédito de esta jugada política. Tamames dejó una pregunta en el aire en el remate de su discurso: ¿Cuándo se jodió España?, frase que tomó de Zavalita, el personaje de Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral.

Editorial de El Nacional

Una rápida sucesión de detenciones policiales que comenzaron el viernes pasado condujo a la media tarde de ayer a la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, que ocupaba el cargo desde abril de 2020.

En un tuit, El Aissami expresó: «En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso».

El proceso al que se refiere es una «cruzada» que dice ha emprendido Nicolás Maduro «contra los antivalores» que todos estarían obligados a cumplir. «Hasta con nuestras vidas», afirma el renunciante para ponerle drama a un asunto que desnuda incompetencia y pugnas en el poder, además de la desaparición de cuantiosas sumas de recursos públicos en un país que está en los huesos.

El Nacional analizó entre noviembre y diciembre del año pasado en varios reportajes la gestión de El Aissami, presentados bajo los títulos “El fracaso de Tareck el Aissami”, “Tareck el Aissami al frente de Pdvsa: el desfalco de las empresas de maletín” y “Los negocios de Tareck el Aissami y Joselit Ramírez”: una radiografía de una gestión que fue incapaz de levantar la producción petrolera y generó graves daños para el país.

Joselit Ramírez, merideño como El Aissami y un hombre de su estrecha confianza, es uno de los detenidos por la Policía Anticorrupción, un cuerpo que pidió su enjuiciamiento a la Fiscalía General de la República. Ramírez era el jefe de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), la encargada de las negociaciones con el petro, moneda digital venezolana sostenida en el petróleo y minerales.

El diario al servicio del oficialismo Últimas Noticias señaló que Ramírez es investigado por la desaparición de 3.000 millones de dólares en ventas de petróleo, que nunca recibió el Estado.

Durante la turbia y perniciosa gestión de El Aissami, Pdvsa firmó varios contratos con la firma Walker International LLC –como se expuso en los reportajes de El Nacional– que tiene su base de operaciones en una pequeña casa en Sarría (próxima al centro de Caracas).

Una empresa de maletín que en una sola operación generó ganancias por 114 millones de dólares, en detrimento del país y de la empresa petrolera. Los contratos se suscribieron con la autorización de El Aissami y la firma de Ramírez.

Adicionalmente se le acusa de haberse apropiado de campos petroleros operativos.

Abogado y criminólogo, el ministro renunciante carecía de la preparación y competencia indispensable para estar al frente de la industria petrolera, a la que accedió como parte de los reacomodos de los grupos en el poder, que ahora pasaron su factura y descabezaron a El Aissami y sus allegados.

En un sainete propio de las dictaduras, que operan sin control político y desconocen la obligación de rendir cuentas, el partido oficial y los voceros del régimen se rasgaron las vestiduras en defensa de la “probidad revolucionaria”. El Aissami bajó la cabeza y dice que se sumará a la lucha contra los “antivalores”.

El gobierno que reclama fondos represados en el sistema financiero internacional muestra una vez más estar incapacitado para proteger los principales recursos nacionales sobre los que se sustenta el presupuesto del país. Faltan más renuncias.

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Editorial de El Nacional

Un chiste de vieja data da cuenta de una mujer que se refocila con sus amantes en su propio hogar, usando como lecho para consumar el adulterio el sofá predilecto del marido. Éste, al saberse coronado con los cuernos de la infidelidad, procede a vender el mueble. De manera análoga al protagonista del chascarrillo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, devenido en cosmetólogo de la lengua, piensa que basta con cambiar el nombre a un crimen para que deje de ser considerado como tal. Al respecto, la edición del lunes 11 de marzo del periódico digital español OK Diario, informa: «Petro propone reducir la criminalidad en Colombia dejando de contar delitos […] El exguerrillero, al igual que Pedro Sánchez o Nicolás Maduro, se une a los que maquillan las cifras con trampas estadísticas».

Las reacciones a sus temerarios planteamientos fueron tratadas, no sin un dejo de sorna, en casi todos los medios independientes de Latinoamérica.  Según Infobae, la televisión mexicana se mofó del exguerrillero en términos cantinflescos: «Petro ha propuesto que una serie de actividades que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen para poder reducir la criminalidad en Colombia». Es de Perogrullo:  si se dejan de contar los delitos, los índices de criminalidad se estancarán o desaparecerán.

Da mucho de qué hablar el izquierdoso mandatario. También su hermano, Juan Fernando, y su hijo, Nicolás, se han convertido en comidilla de los cazadores de escándalos y, por ello, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que les investigara por su presunta participación en la trama urdida por unos abogados que, hablando supuestamente en nombre del gobierno, estarían cobrándole a presos que manifiesten su voluntad de acogerse al proceso de pacificación, a objeto de aligerarle los trámites.

Por esa paz tarifada, Petro pegó el grito en el cielo, aunque ello no le impidió enzarzase en un duelo tuitero con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El inquilino de la Casa de Nariño, haciéndose eco de un artículo de CNN, escribió en su cuenta del pajarito azul: «Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz». El salvadoreño replicó: «¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien por casa?». Si ese toma y daca no fuese tan ajeno al oficio de estadista, se podría pensar que se trata de un juego de niños.

Editorial de El Nacional