La fecha no depende solo de su decisión, sino de si Venezuela puede garantizar libertad, seguridad y reglas para que su regreso sea el inicio del cambio y no una operación de desgaste.
María Corina Machado enfrenta un momento de máxima fortaleza política y, al mismo tiempo, de máxima exposición estratégica. Su respaldo popular aumentó de 53% en junio a 72% en julio, mientras su imagen negativa cayó de 28% a 14%, según la medición Atlas Intel/Bloomberg citada por medios venezolanos. En contraste, la desaprobación de la gestión de Delcy Rodríguez se ubicó en 64,5%.
Este dato cambia la lectura de la transición, pues Machado no es un actor accesorio ni un símbolo que pueda mantenerse fuera del país mientras otros negocian el futuro venezolano. Ella es la figura con mayor capacidad de dar legitimidad democrática, confianza social y orientación ética a un proceso que hoy sigue siendo frágil, opaco y políticamente desequilibrado.
Su fuerza reside en haber mantenido una referencia clara: la transición no puede ser un simple ajuste de poder, ni una negociación de cuotas entre élites, sino una recuperación de derechos, instituciones, libertad y soberanía popular.
En una sociedad exhausta por años de abuso, pobreza y miedo, Machado representa para una parte mayoritaria del país la esperanza de que Venezuela puede volver a ser una nación con dignidad, reglas y futuro. Ese capital moral es difícil de sustituir y peligroso de desperdiciar.
El riesgo de regresar sin condiciones
El posible regreso de María Corina Machado a Venezuela no debe analizarse solo como un asunto de protección física, aunque su seguridad personal es decisiva, el riesgo principal es político y consiste en que su regreso ocurra bajo condiciones diseñadas para aislarla, desgastarla, responsabilizarla por decisiones ajenas o incorporarla a una transición controlada por quienes preservan el poder real.
El chavismo no actúa como un bloque uniforme y allí adentro el sector con mayor capacidad de coerción, asociado a Diosdado Cabello, jefe máximo de la lo que queda de la revolución bolivariana, conserva incentivos para impedir que Machado vuelva a convertirse en un factor de movilización nacional.
Por su parte, Delcy Rodríguez, subordinada de Cabello, desde el Poder Ejecutivo interino, opera la relación con actores externos, la administración pública y los espacios de negociación. Esta combinación permite una estrategia de doble vía: discurso de normalización y diálogo hacia afuera, control político, vigilancia y preservación de capacidades coercitivas hacia adentro.
En ese contexto, un retorno sin garantías podría ser utilizado para tres fines:
Primero, convertir su presencia en prueba propagandística de “normalidad”, aunque no existan libertades políticas plenas
Segundo, someterla a restricciones administrativas, judiciales o de seguridad que limiten su movilidad, su organización territorial y su comunicación
Tercero, asociarla a acuerdos opacos sobre petróleo, sanciones, activos internacionales o reparto de poder, aun si ella no participó en su diseño.
El regreso solo fortalecerá la transición si ocurre como resultado de condiciones verificables: libertad plena de movilización y expresión, protección efectiva para ella, su equipo y dirigentes regionales; restitución de derechos políticos, liberación de presos políticos, posibilidad de organización en todo el territorio, acceso equitativo a medios y un calendario electoral creíble.
Sin ese marco, el regreso puede convertirse en una operación de desgaste, en vez de significar un avance democrático.
La mesa y el riesgo de sustitución
La mesa entre representantes del gobierno interino y Dinorah Figuera se inició el 6 de agosto bajo respaldo estadounidense. Su objetivo declarado es avanzar en reformas políticas e institucionales con miras a elecciones futuras. Tras la primera ronda, las partes reportaron acuerdos para reformar el Tribunal Supremo de Justicia y gestionar activos venezolanos congelados en el Banco de Inglaterra para la recuperación tras el terremoto.
Machado y Edmundo González no participan en la mesa. Washington respaldó el mecanismo liderado por Figuera, mientras que el chavismo aceptó con facilidad un formato que deja por fuera a la dirigente opositora más popular.
Machado ha mantenido una posición prudente: no será obstáculo para avances reales, pero evaluará el proceso por resultados verificables y no por anuncios. Sus exigencias incluyen liberación de presos políticos, restitución de contrapesos institucionales, levantamiento de inhabilitaciones y un plazo definido para elecciones libres.
Si bien la mesa puede ser útil si abre libertades y produce cambios irreversibles, sin transparencia, participación de la principal fuerza democrática y mecanismos de verificación, corre el riesgo de convertirse en una estructura de sustitución política: muchos interlocutores, muchos comunicados y poco cambio real.
Para el chavismo, ese escenario tiene una ventaja: permite ganar tiempo, reducir presión internacional, blanquear a Delcy y presentar una apariencia de pluralismo sin entregar control institucional.
Para Machado, el riesgo no es quedar fuera de una fotografía, sino que se intente instalar una transición que avance sin el mandato popular que ella representa y que luego se le pida legitimar decisiones tomadas sin ella: debe evitar tanto el aislamiento como la cooptación.
El dilema estadounidense
Dentro de Estados Unidos conviven al menos dos prioridades. Una privilegia estabilidad, flujo petrolero, manejo de activos, contención migratoria y prevención de un vacío de poder. Otra reconoce que no habrá estabilidad sostenible mientras sigan intactos los mecanismos de represión, corrupción e impunidad.
La primera prioridad tiende a considerar incómoda a Machado, porque su presencia dentro de Venezuela eleva las demandas democráticas, dificulta acuerdos graduales con el chavismo y obliga a definir tiempos electorales, garantías y responsabilidades… y obligaría a una transparencia que ha brillado por su ausencia en estos meses post salida de Maduro.
Por eso, una parte de la estrategia estadounidense puede preferir una oposición institucional menos movilizadora, más manejable y dispuesta a negociar la transición paso a paso.
Excluir a Machado es un error de cálculo; porque una estrategia que priorice orden inmediato a costa de legitimidad puede estabilizar temporalmente la administración, pero no resolverá la disputa de fondo. También puede generar frustración social, reducir confianza de inversionistas y permitir que las estructuras del régimen se reorganicen detrás de una fachada de apertura.
Estados Unidos debe entender que la presencia de Machado no es un obstáculo a la estabilidad, sino que es una condición para que la estabilidad tenga respaldo popular y duración. Sin ella, puede haber mesa, petróleo y administración; pero no habrá suficiente confianza política para una transición sostenible.
Recomendación
La estrategia de Machado debe combinar firmeza, prudencia y condiciones claras. No debe aceptar que un regreso físico sea usado para normalizar una transición incompleta, ni que su capital político sea absorbido por negociaciones que no garanticen libertad, institucionalidad y elección.
La posición pública debe ser sencilla: apoyamos todo avance real, pero no legitimaremos una transición sin derechos, sin garantías y sin fecha electoral. El retorno debe anunciarse como un acto de reconstrucción nacional, no como concesión del chavismo ni como resultado de un arreglo opaco.
La recomendación hacia Estados Unidos debe ser igualmente directa: vincular cooperación política, acceso a activos, inversión energética y alivios económicos a resultados verificables. Esos resultados deben incluir liberación de presos políticos, protección de dirigentes y periodistas, autonomía institucional, eliminación de inhabilitaciones y calendario público de elecciones.
María Corina Machado representa una reserva ética, moral y política decisiva. En una lucha donde la sociedad venezolana enfrenta estructuras de abuso, impunidad y miedo, su liderazgo ofrece una referencia de dignidad, libertad y futuro. Preservar esa posición, sin dejar que sea aislada, administrada o manchada por acuerdos oscuros, es hoy una condición esencial para que el pueblo venezolano pueda transformar esperanza en cambio real.
Qué el regreso de María Corina Machado obligaría a responder una pregunta práctica: ¿quién puede garantizar orden democrático en Venezuela? No se trata únicamente de protección personal. Supone coordinar aeropuertos, rutas, comunicaciones, actos públicos, equipos regionales, servicios de emergencia y resguardo de ciudadanos que participen en actividades políticas.
Esa capacidad pondría a prueba la cadena de mando civil sobre policías, militares, inteligencia y autoridades locales. Si un gobierno transitorio no puede garantizar que una dirigente política circule, convoque y se comunique sin interferencias, tampoco podrá garantizar seguridad jurídica a inversionistas, libertad de prensa ni condiciones electorales en el resto del país. El retorno funciona, por tanto, como un test operativo de gobernabilidad democrática
O que, en contextos de alta polarización, los riesgos más probables pueden ser incidentes provocados o amplificados: enfrentamientos alrededor de concentraciones, bloqueos viales, campañas de desinformación, amenazas contra dirigentes locales, sabotaje de servicios, ataques digitales o situaciones de violencia atribuidas de inmediato a distintos actores.
El propósito de estas acciones no tendría que ser eliminarla físicamente. Puede ser generar miedo, justificar restricciones extraordinarias, impedir movilización ciudadana, dañar su reputación o presentar su presencia como una fuente de “inestabilidad”. Por eso, un eventual retorno debe incluir un sistema independiente de documentación y respuesta: registro audiovisual, observadores nacionales e internacionales, protocolos de comunicación de crisis y vocería única basada en hechos comprobables
Ni que la presencia de Machado dentro del país tendría un efecto inmediato sobre expectativas, incluso antes de que cambien leyes, se reestructure la deuda o se firmen acuerdos internacionales. Para empresas, trabajadores, diáspora y actores financieros, su regreso sería leído como señal de que el riesgo de reversión política disminuye y de que existe mayor probabilidad de reglas predecibles.
Ese efecto puede ser positivo, pero exige administración cuidadosa. Una expectativa excesiva puede impulsar decisiones especulativas: movimientos abruptos en dólar paralelo, compras preventivas, promesas de inversión sin respaldo o maniobras sobre activos. La respuesta debe ser sobria: el retorno abre una oportunidad, no resuelve por sí solo inflación, deuda, servicios, empleo o seguridad jurídica. La credibilidad se protegerá con mensajes claros sobre etapas, prioridades y límites
Tampoco que el exilio venezolano ha sido fuente de recursos, denuncias, redes humanitarias, conocimiento técnico y apoyo político. El regreso de Machado puede convertir esa red externa en una plataforma de reconstrucción interna: atraer talento, canalizar apoyo a organizaciones locales, vincular universidades, empresas y gobiernos aliados con necesidades concretas dentro de Venezuela.
Pero también requiere un cambio de método. La diáspora no puede sustituir a quienes han resistido dentro del país ni tomar decisiones sin arraigo territorial. El retorno de Machado sería una oportunidad para recomponer esa relación: liderazgo nacional dentro de Venezuela, apoyo internacional coordinado desde afuera y protagonismo de comunidades, trabajadores, jóvenes, iglesias, gremios y organizaciones sociales en el territorio
Benjamin Tripiér
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