La modificación parece pequeña: unas palabras desaparecen de una determinación presidencial estadounidense. Sin embargo, en la política antidrogas, donde las clasificaciones burocráticas funcionan simultáneamente como diagnóstico, instrumento diplomático y mecanismo de coerción, unas pocas palabras pueden modificar los incentivos de gobiernos, agencias de seguridad y organizaciones criminales.
La administración de Donald Trump acaba de introducir precisamente una de esas modificaciones. Venezuela continúa incluida entre los principales países de tránsito de drogas o producción ilícita identificados por Estados Unidos. Lo que cambió es otra cosa: Washington dejó de incluirla entre los países considerados en “incumplimiento manifiesto” de sus obligaciones internacionales antidrogas.
La diferencia no es semántica.
En septiembre de 2025, Venezuela aparecía tanto en la lista general como entre los cinco países que Washington consideraba que habían incumplido manifiestamente sus compromisos. Un año después permanece en la primera categoría, pero desaparece de la segunda. En la determinación para el año fiscal 2027, Estados Unidos reservó esa evaluación negativa para Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.
Esto no significa que Washington considere resuelto el problema venezolano. Tampoco equivale a declarar que Venezuela ha dejado de ser un corredor importante del narcotráfico. Significa algo mucho más limitado y, estratégicamente, más interesante: Estados Unidos ha decidido reconocer una diferencia entre la existencia del tráfico y la conducta del Estado frente a él.
Esa distinción abre una ventana hacia una política de cooperación condicionada.
Una recompensa que también es una advertencia
Washington no está entregando a Caracas un certificado de buena conducta. Está modificando el precio de la cooperación.
Durante años, la política estadounidense hacia Venezuela descansó predominantemente sobre instrumentos coercitivos: sanciones, procesos judiciales, restricciones financieras y aislamiento diplomático. El nuevo movimiento introduce un incentivo diferente. Si determinadas acciones contra organizaciones criminales producen resultados verificables, Estados Unidos puede reconocer esos avances sin desmontar el resto de su arquitectura de presión.
Es una recompensa reversible. Y precisamente por eso puede resultar útil.
La política antidrogas suele fracasar cuando los incentivos son absolutos. Si un gobierno cree que cooperar no modificará en nada su relación con Washington, tiene pocos motivos políticos para asumir los costos de enfrentarse a organizaciones criminales poderosas. Pero si observa una relación perceptible entre comportamiento y recompensa, el cálculo cambia.
Para Caracas, la modificación ofrece algo que trasciende la lucha contra las drogas: reconocimiento de capacidad estatal.
El gobierno venezolano puede utilizarla para argumentar que controla territorio, que sus organismos de seguridad producen resultados y que Washington está dispuesto a reconocerlos. En un país que busca normalizar progresivamente sus relaciones internacionales, esa señal tiene valor diplomático. Pero allí comienza también el peligro.
Si Caracas convierte un reconocimiento técnico limitado en una proclamación de legitimidad política general, la Casa Blanca podría verse obligada a marcar nuevamente distancia. La cooperación antidrogas funciona mejor cuando ninguna de las partes intenta extraer de ella más capital político del que el acuerdo puede soportar.
El puente existe. Todavía no sabemos cuánto peso resiste.
El enemigo puede simplemente mudarse
Existe además un problema mucho más profundo. Capturar dirigentes criminales no equivale necesariamente a desmantelar mercados criminales.
Las economías ilícitas son extraordinariamente adaptables. Cuando aumenta la presión policial sobre una ruta, los traficantes buscan otra. Cuando un puerto deja de ser seguro, utilizan otro. Cuando una organización pierde a su jefe, puede fragmentarse en varias estructuras más pequeñas y violentas.
La cocaína tampoco desaparece porque una frontera se vuelva más difícil de atravesar.
Por eso, el verdadero examen de la nueva relación entre Washington y Caracas no será el número de capturas anunciadas ante las cámaras. Será lo que ocurra después.
Si aumenta la presión dentro de Venezuela pero las instituciones encargadas de sostenerla continúan siendo vulnerables, el narcotráfico puede desplazarse hacia las fronteras con Colombia y Brasil, hacia corredores marítimos del Caribe o hacia nuevas plataformas logísticas.
El éxito bilateral podría entonces producir un fracaso regional.
Esta es una de las paradojas persistentes de la política antidrogas: destruir una ruta sin reducir suficientemente el mercado que la alimenta puede simplemente cambiar la geografía del crimen.
Por eso importan menos las fotografías de detenidos que indicadores mucho menos espectaculares: investigaciones financieras, decomisos patrimoniales, procesos judiciales sostenibles, cooperación aduanera, intercambio de inteligencia y capacidad para impedir que las organizaciones reconstruyan sus redes.
La prueba está debajo de la superficie
La cooperación estadounidense debería evaluarse mediante resultados verificables, no mediante declaraciones políticas.
¿Existe intercambio de inteligencia procesable?
¿Las autoridades están identificando redes financieras además de capturar operadores?
¿Las investigaciones producen procesos judiciales?
¿Disminuye realmente la capacidad logística de las organizaciones?
¿O simplemente aparecen nuevos grupos ocupando el territorio abandonado por los anteriores?
Estas preguntas permiten distinguir cooperación institucional de cooperación de desempeño.
También permiten detectar una amenaza menos visible: la infiltración criminal del Estado. Las organizaciones de narcotráfico más resistentes rara vez sobreviven únicamente escondiéndose de las autoridades. Prosperan construyendo relaciones con ellas: policías, militares, funcionarios aduaneros, jueces, autoridades locales y empresarios capaces de transformar dinero ilícito en activos aparentemente legítimos.
Por eso una campaña centrada exclusivamente en grandes capturas puede generar una ilusión de progreso.
El objetivo estratégico no debería ser únicamente remover personas del tablero. Debería ser reducir la capacidad del sistema criminal para reemplazarlas.
El valor del silencio
Paradójicamente, parte de esa cooperación probablemente funcionará mejor lejos de los micrófonos.
Compartir inteligencia, identificar cuentas bancarias, seguir embarcaciones o penetrar estructuras criminales exige discreción. La exposición política prematura puede comprometer operaciones y convertir cualquier coordinación técnica en munición para las disputas internas de Washington y Caracas. Pero demasiado silencio genera otro problema.
Cuando una relación bilateral históricamente conflictiva comienza a cambiar sin mecanismos visibles de rendición de cuentas, el vacío se llena rápidamente con sospechas. La cooperación puede ser interpretada como negociación política clandestina, intercambio de favores o reconocimiento implícito.
La salida no es publicar operaciones sensibles. Es publicar resultados.
Washington y Caracas necesitarán demostrar, gradualmente, que cualquier cambio de trato responde a comportamientos medibles.
Ese principio es particularmente importante porque la decisión estadounidense es reversible. Venezuela continúa en la lista general precisamente porque su importancia dentro de la geografía regional de las drogas no ha desaparecido.
La presión permanece incorporada al sistema.
Un mapa que también está cambiando
Hay, finalmente, una cuestión todavía mayor.
Mientras Washington y Caracas intentan gestionar corredores asociados históricamente con la cocaína, el mercado mundial de drogas está experimentando una transformación hacia sustancias sintéticas. El fentanilo y otros opioides sintéticos dependen de cadenas de suministro, precursores químicos y estructuras industriales distintas de las economías tradicionales de coca.
Eso significa que el mapa criminal puede cambiar más rápido que la diplomacia.
Venezuela seguirá siendo relevante por su ubicación geográfica, sus conexiones caribeñas, su proximidad con Colombia y las oportunidades que cualquier debilidad institucional ofrece al crimen transnacional. Pero una estrategia estadounidense obsesionada exclusivamente con rutas físicas corre el riesgo de perseguir el narcotráfico del pasado mientras las organizaciones criminales construyen el mercado del futuro.
La decisión de Washington, por tanto, debería entenderse como un experimento, no como una absolución.
Estados Unidos está enviando dos mensajes simultáneos: Venezuela continúa siendo un territorio crítico dentro del mapa hemisférico de las drogas, pero determinadas formas de cooperación pueden modificar la manera en que Washington evalúa su comportamiento.
La contradicción es deliberada.
Es una puerta entreabierta que puede abrirse o cerrarse dependiendo de lo que ocurra sobre el terreno.
La verdadera prueba llegará cuando desaparezca la novedad diplomática. Cuando las organizaciones criminales adapten sus rutas. Cuando una operación fracase. Cuando aparezcan tensiones políticas entre Washington y Caracas. Cuando cooperar tenga costos internos para ambos gobiernos.
Entonces sabremos si estamos ante el comienzo de una capacidad institucional sostenible o simplemente ante una tregua burocrática.
Porque el narcotráfico tiene una ventaja que los gobiernos frecuentemente subestiman: no necesita ganar una negociación diplomática.
Antonio de la Cruz
