El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz anunció este sábado 14 de noviembre la excarcelación de Daniel Enrique Echenagucia, después de que los órganos del sistema judicial aceptaran una recomendación para sustituir su privación de libertad por medidas cautelares, de acuerdo con un comunicado oficial.
La instancia indicó que había solicitado a las autoridades judiciales revisar la situación del ciudadano como parte de las iniciativas orientadas a favorecer la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.
«El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz informa que, en el marco de las iniciativas orientadas a promover la reconciliación nacional y la convivencia pacífica, recomendó a los órganos competentes del Sistema de Justicia Penal la adopción de medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad a favor del ciudadano Daniel Enrique Echenagucia», detalló el texto. La solicitud fue avalada por los tribunales con fundamento en el artículo 242, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Antecedentes del caso y medidas internacionales
Echenagucia Vallenilla, administrador de empresas y ciudadano con doble nacionalidad (venezolana-italiana), cumplía más de dos años de detención tras haber sido arrestado el 2 de agosto de 2024 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en un punto de control en Valencia, estado Carabobo, mientras viajaba junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad, según registros de la organización Foro Penal.
El caso había ganado visibilidad e interés en el ámbito internacional. El pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que su vida, integridad personal y salud enfrentaban riesgos graves y urgentes, documentando denuncias sobre presuntas agresiones, restricciones de comunicación y falta de atención médica para diversas patologías.
Asimismo, su madre, Milagros Vallenilla, había denunciado públicamente que un tribunal ordenó su excarcelación el 19 de enero de 2026, medida que se mantuvo en desacato sin ejecutarse. Ante esta situación, la CIDH requirió al Estado venezolano confirmar la vigencia de dicha boleta de excarcelación, requerimiento que no fue respondido formalmente por las autoridades en su momento.
La liberación se produce apenas dos días después de que el congresista estadounidense Carlos Giménez exigiera públicamente su liberación, denunciando su permanencia en el penal de El Rodeo I a pesar de contar con una orden judicial previa y medidas de protección internacional.
