En 2011 la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se anunció como una solución definitiva a la crisis carcelaria. Bajo el discurso oficial de “humanizar el sistema” y formar a una nueva persona, la realidad tomó un rumbo opuesto, las cárceles venezolanas se convirtieron en escenarios de abandono y en la consolidación del poder del pranato e impunidad.
Según la documentación del OVP, 19 masacres sucedieron durante la gestión de Iris Valera, una cuando Mirelys Contreras estaba en el cargo, 2 durante el mandato de Celsa Bautista y la más reciente que fue este año 2026, bajo la administración de Julio García Zerpa.
Masacres más violentas
De estas 24 masacres, una de las más graves ocurrió en el Centro Penitenciario Región Andina (CEPRA), en el año 2012, donde murieron 22 presos; Ese año también fallecieron 26 reclusos en Yare I y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.
Empezando el año 2013, un conteo y una requisa controlada en el Centro Penitenciario Uribana estado Lara, se convirtió en una de las mayores tragedias en la historia carcelaria, donde murieron 65 personas, entre ellas un funcionario de la GNB y dos pastores evangélicos.
Posteriormente, en el 2014, habilitaron la cárcel de Uribana bajo un nuevo nombre: Centro Penitenciario David Viloria, donde los presos protestaron por maltratos y mala alimentación y asaltaron la enfermería e hicieron una bebida con la que murieron 48 presos y se intoxicaron 145 reclusos.
Una explosión de una granada en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), dejó 12 fallecidos en el 2016. Al año siguiente un motín que se registró en Puente Ayala, estado Anzoátegui, dejó un saldo de 15 fallecidos. En una intervención del penal, por parte del ministerio, en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja), murieron 39 reclusos.
Mientras que en el 2018, en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, murieron 11 personas, entre ellas nueve internos y dos funcionarios del ministerio.
Otra de las masacres más sangrientas en la historia de las cárceles fue en el 2020, tras una protesta por la suspensión del pase de paquetería en Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en el estado Portuguesa, donde asesinaron a 49 reclusos y más de 70 resultaron heridos. El hecho terminó con el desalojo del penal.
En el 2023, durante la intervención del Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fallecieron 11 personas privadas de libertad, mientras que el operativo en el Centro Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, ocasionó la muerte de cinco reclusos. Estos entierros fueron controlados por el régimen.
La última masacre que registró el OVP fue en abril de 2026, en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda, donde después de una protesta cinco reclusos fueron asesinados.
Sin investigación
Luego de estos hechos sangrientos se han anunciado investigaciones de las que actualmente se desconocen los resultados y los responsables, y el régimen se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal. Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades que pase un arma a un penal.
No obstante, no todas las muertes fueron en manos de los mismos internos, las mayores masacres, e incluso las últimas, fueron luego de protestas ante la vulneración de los derechos de los privados de libertad, que terminaron en hechos sangrientos ejecutados por funcionarios de seguridad.
El OVP denuncia que tampoco hubo investigación para los funcionarios que, presuntamente, cometieron estas muertes. Estos hechos violentan la Constitución venezolana, que exige un sistema que garantice los derechos humanos, con instalaciones seguras, salubres y orientadas a la rehabilitación, erradicando el control armado interno y el hacinamiento.
Además, el artículo 43 de la Constitución expresa “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Pero el régimen ignora las denuncias de la población penal y viola sistemáticamente sus derechos humanos.
El OVP considera que, tras 15 años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el régimen no solo viola las leyes venezolanas, también las Reglas Mandela y otros estándares internacionales, cometiendo crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben y deben ser investigados y juzgados.
A la fecha, el patrón de respuesta institucional ha sido el silencio y la falta de transparencia y persiste la evasión de responsabilidades sobre el ingreso de armas a los penales. El Estado venezolano sigue en deuda con las víctimas y sus familias; la verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir siendo postergadas.
