Resulta realmente inaudito que todavía existan quienes no se dan cuenta, o fingen no hacerlo, de que la prioridad para salir de la descomunal crisis que nos agobia no es otra que celebrar cuanto antes elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional.
Claro está que esa prioridad lleva apareada la designación urgente de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de un nuevo Consejo Nacional Electoral -aunque sean con carácter interino-, así como la liberación plena de los presos políticos, la eliminación de las inconstitucionales inhabilitaciones políticas y, por supuesto, la fijación de un cronograma electoral de las comicios regionales y municipales, con posterioridad a las elecciones nacionales. Tal sería, en mi opinión, el orden de las prelaciones que debe asumir la comisión instalada para buscar soluciones a la crisis que sufre Venezuela y que suponemos intentará resolverse cuanto antes.
Destaco como prioritarias las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional, conjuntamente con el nombramiento de un nuevo TSJ y un nuevo CNE, porque estamos asistiendo a un peligroso vacío de poder ya que la persona que hoy dice ser presidenta de la República no fue elegida por nadie y carece, por tanto, de legitimidad para desempeñar esa alta responsabilidad. Y en cuanto a la actual Asamblea Nacional, debe recordarse su irregular elección en 2025 y su peculiar conformación contrariando las disposiciones constitucionales al respecto.
No hay que olvidar, por supuesto, el golpe de Estado contra la voluntad popular ocurrido el 28 de julio de 2024 cuando Edmundo González Urrutia fue electo por abrumadora mayoría como presidente de la República. Entonces, los que siguen mandando, pero a la sazón con Maduro a la cabeza, no tuvieron escrúpulos para robarse descaradamente aquellas elecciones ante los ojos de Venezuela y del mundo. Inmediatamente desataron una ola de represión sin precedentes, iniciada esa misma noche cuando empezaron a detener a los representantes opositores en las mesas electorales, al mismo tiempo que ocultaron las urnas de votación, cuyo destino se desconoce hasta ahora, al igual que las actas remitidas al CNE, que nunca aparecieron tampoco. Como se sabe, solo las actas en manos de la oposición democrática sirvieron para demostrar los verdaderos resultados en aquella ocasión frente a los que anunció el régimen, falsos desde todo punto de vista.
Lo que ocurrió en aquella aciaga ocasión, no sólo mancilló la voluntad mayoritaria de los venezolanos, sino que reeditó vergonzosos acontecimientos históricos que anteriormente también desconocieron la soberanía popular, como los sucedidos el dos de diciembre de 1952 y el 15 de diciembre de 1957, bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien también gobernó Venezuela sin que nadie lo hubiera elegido. Sus pupilos de 2025 creyeron que podían hacer lo mismo para continuar en el poder, con las consecuencias que ahora deben asumir.
Ante estas notables circunstancias actuales, la comisión negociadora debería percatarse de la urgencia y conveniencia de acelerar los acontecimientos para salir con éxito de esta crisis y avanzar en el camino de su solución. Y eso sin entrar a calificar su propia legitimidad para hacerlo, visto el surrealismo constitucional que implica que algunos de sus miembros sean diputados con el tiempo vencido como tales (Asamblea Nacional de 2015) y que los otros carezcan -como ya se anotó- también de legitimidad en virtud de su irregular elección (Asamblea Nacional actual), aunque, en el transcurso de las discusiones, parece que estos últimos no actúan como tales sino como emisarios del actual Ejecutivo Nacional. Total, un embrollo más del régimen de facto que existe en Venezuela desde hace largo tiempo.
Por cierto que habría que agregar otro elemento no menos importante al respecto: de la Asamblea Nacional de 2015 sólo aparecen en la citada comisión miembros suyos pertenecientes a dos partidos políticos que la integraron, con exclusión de todos los demás. Este hecho también resulta digno de analizar y poner en evidencia, pues no tiene explicación lógica alguna y menos justificación para que se haya procedido de tal manera. Aun así, y en contravía de la Constitución Nacional, pareciera que la fulana comisión negociadora ha sido aceptada por aquello del realismo político, que muchas veces se impone sobre consideraciones jurídicas, como sucedió, por ejemplo, el 23 de enero de 1958.
En definitiva, lo crucial ahora es avanzar en las soluciones concretas, siendo sin duda urgentes las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional por las razones expuestas. Lo demás vendría por añadidura, si se hacen las cosas de la mejor manera.
Gerhard Cartay
