La crisis institucional y constitucional apenas comienza. El fondo del problema es que no se quiere respetar la Constitución. La falta temporal del presidente es un hecho y lo que procede constitucionalmente es que mientras este se reincorpora a su cargo, que no pudo juramentar ni asumir, el presidente de la AN queda encargado de la presidencia de la República. Este interinato se limita a noventa días, con una excepcional prórroga acordada por la AN de noventa días más y, si el presidente electo no asume, se produce la vacante absoluta y hay nuevas elecciones en un plazo de treinta días. Si se adopta este mecanismo constitucional, no hay vacío de poder, hay continuidad administrativa y no estamos en esta zozobra que afecta a toda la nación.
El desastre institucional es que no se aplica la Constitución, el que debería asumir no quiere o no lo dejan asumir, el que asume no tiene legitimidad para hacerlo, el que supuestamente ejerce la presidencia de la República decreta, un fraude formal y sustancial, desde La Habana y no sabemos en qué condiciones se encuentra. Y, como no existe separación de poder, el sumiso TSJ avala la situación contribuyendo al fraude total a la Constitución.
La inestabilidad y la debilidad institucional es total y por ello la calificadora Moody’s Investors Service ha cambiado la calificación de Venezuela de estable a negativa. La perspectiva negativa refleja la creciente incertidumbre política y los riesgos asociados a la economía venezolana y a las finanzas del gobierno, ante la incapacidad del presidente Chávez de tomar posesión.
Debemos concentrarnos en que la crisis debe continuar con una falta absoluta en la presidencia y unas elecciones a corto o mediano plazo. La oposición debe prepararse para ello, como lo debe estar haciendo el régimen. Un candidatura de unidad por consenso debe aparecer y la reconstitución de la oposición para una campaña electoral es fundamental, ello acompañado de una estrategia para exigir garantías electorales en el próximo proceso electoral.
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Fuente: EU
