El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el envío al Congreso de dos proyectos de reforma clave con los que busca endurecer radicalmente la política migratoria del país. La medida central propone elevar de cinco a 60 días prorrogables el período de retención de extranjeros en situación irregular, una estrategia diseñada para facilitar los procesos de expulsión que podría impactar directamente a miles de ciudadanos venezolanos.
“Las emergencias en Chile, sean en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que hay que frenar la inmigración irregular, y eso no se puede hacer con un plazo de retención de apenas cinco días”, afirmó el mandatario desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica, donde también supervisó la construcción de zanjas fronterizas.
Las dos reformas clave de la propuesta oficial
El paquete legislativo impulsado desde La Moneda se divide en dos frentes:
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Reforma Constitucional: Modificará la Ley de Migración y Extranjería para permitir el nuevo plazo de retención (60 días), extensible mediante dos prórrogas justificadas. Kast aclaró que se trata de «herramientas para ejecutar una sanción administrativa, no penal», dirigida a quienes ya tienen decretos de expulsión firmados.
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Modificación al Código Penal: Un segundo proyecto de ley buscará tipificar como delito la entrada y salida irregular del país, además de perseguir y castigar penalmente a quienes faciliten el traslado interno o el tráfico de migrantes en rutas de retorno.
Contexto político: Kast, el primer mandatario de derecha conservadora en asumir el poder desde el retorno a la democracia en Chile, cumple así con una de sus principales promesas de campaña basada en la «mano dura» fronteriza en el desierto de Atacama, en los límites con Perú y Bolivia.
Radiografía migratoria: Las cifras de la crisis
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y registros oficiales, el panorama migratorio en Chile refleja una realidad compleja:
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Población irregular: Se estima que actualmente hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular en todo el territorio chileno.
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Frenazo en los ingresos: En 2025 se registraron 26.275 denuncias por ingreso por pasos no habilitados. Esto representa una caída del 10,2% respecto a 2024 y un notable descenso del 53,6% frente al récord histórico de 2021 (56.586 denuncias). La mayoría de los censados siguen siendo de nacionalidad venezolana.
El «cuello de botella» diplomático con Venezuela
A pesar de que el año pasado se dictó la cifra histórica de 23.778 expulsiones administrativas (donde los venezolanos lideraban la lista con el 64,2%), la ejecución real de estas medidas enfrenta un muro político.
Debido a que Chile y Venezuela suspendieron totalmente sus relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, la materialización de los vuelos de expulsión hacia Caracas quedó completamente paralizada. Como consecuencia de este bloqueo, el 50,7% de las deportaciones que sí lograron ejecutarse correspondieron a ciudadanos de nacionalidad colombiana.










