Un acta oficial de la Defensoría del Pueblo, firmada por la delegada del Área Metropolitana de Caracas, Dionita Coronado, ha dejado al descubierto una de las contradicciones más graves del sistema judicial venezolano en tiempos recientes: el reconocimiento formal de la reclusión de un ciudadano que, para la fecha del documento, ya había fallecido bajo custodia del Estado.
La cronología de la contradicción
El documento, que deja constancia de la comparecencia de Carmen Teresa Navas (madre de la víctima), detalla que una comisión de la Defensoría acudió el 23 de octubre de 2025 a la Fiscalía 67. Allí, funcionarios del Ministerio Público aseguraron que Víctor Hugo Quero, procesado por presunta «traición a la patria, conspiración y terrorismo», se encontraba recluido en el Centro de Detención El Rodeo I.
Sin embargo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó posteriormente una realidad diametralmente opuesta: Quero falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.
El dato crítico: Cuando la Defensoría y la Fiscalía informaron a la familia que Quero estaba «activo» y recluido, el detenido ya llevaba tres meses fallecido.
Desaparición forzada y encubrimiento institucional
Este caso ha profundizado las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos sobre el uso de la desaparición forzada y el encubrimiento sistemático. Durante meses, Carmen Teresa Navas recorrió cárceles y sedes policiales buscando una fe de vida, mientras las instituciones negaban información o, como demuestra el acta, entregaban versiones falsas sobre su paradero.
La existencia de un expediente activo en octubre de 2025 para una persona que murió en julio evidencia una ruptura total en los protocolos de información del sistema judicial y penitenciario.
Interrogantes sobre el Estado de Derecho
El fallecimiento de Víctor Hugo Quero bajo custodia estatal —y el posterior ocultamiento del hecho— pone bajo la lupa el rol de tres instancias fundamentales:
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La Defensoría del Pueblo: Por certificar información falsa sin verificación física previa.
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El Ministerio Público: Por mantener causas abiertas y reportar paraderos inexistentes de ciudadanos fallecidos.
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El Sistema Penitenciario: Por la falta de transparencia en los decesos de prisioneros políticos.
Este caso no solo representa una tragedia familiar, sino que se convierte en una prueba documental sobre la falta de coordinación y la opacidad que impera en los organismos de seguridad y justicia en Venezuela.
