Republicanos y demócratas mantienen el diálogo para hallar una solución antes del lunes. La oposición se mostró dispuesta a financiar el muro con México, pero Trump pidió más fondos
El líder republicano en el Congreso, Paul Ryan, en el centro. AP
La pelea continúa. Republicanos y demócratas negociaban este sábado a contrarreloj la reversión del cierre de la Administración federal. Tras la fracasada votación del viernes por la noche, ambas fuerzas buscaban una vía para evitar que el apagón burocrático llegase al lunes. Las posibilidades de un acuerdo no eran menores. Pero las diferencias sobre el futuro de los dreamers, la principal exigencia de la oposición para prorrogar los fondos, parecían insalvables ante la insistencia del presidente Donald Trump de no aceptar ningún pacto sobre «inmigrantes ilegales» si no se restablecía la financiación.
En una inusual conferencia de prensa, el director de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, reveló que en la negociación los demócratas se habían mostrado dispuestos a financiar el muro con México, pero no al coste de lo que pedía Trump (18.000 millones de dólares). Fue un indicador de que, por parte de los partidos, las distancias no son tantas. Mulvaney, de hecho, apostó públicamente por un desenlace rápido. Un deseo que compartió el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, que había considerado el cierre “perfectamente evitable” y que ayer se multiplicaba tratando de cerrar una prórroga de solo tres semanas que diese tiempo a un acuerdo migratorio de más aliento.
Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2018
El problema para McConnell, como señalaban los demócratas, no era la oposición. El verdadero escollo radica en la Casa Blanca. La misma noche en que se perdió la votación, la portavoz, Sarah Huckabee Sanders, cargó contra los adversarios políticos, a los que acusó de ser “perdedores obstruccionista”, pero también contra los inmigrantes, los dreamers, y estableció como punto de partida para cualquier avance la aceptación de la prórroga de los fondos federales. Un juego binario en el que el presidente participó. “Los demócratas están utilizando a nuestros militares como rehenes para sus deseos de tener inmigración ilegal sin vigilancia. No podemos dejar que esto suceda”, afirmó el presidente Donald Trump en un tuit.
La postura presidencial y, sobre todo, su tono no fueron secundados por los cabecillas republicanos. El líder en el Congreso, Paul Ryan, invitó a los demócratas a sentarse a dialogar y recuperar el sentido común. “Es un cierre innecesario, no hagamos pagar a los ciudadanos. En Washington hacemos cosas raras, pero esto es una completa locura”, dijo.
La oposición le respondió señalando que la inestabilidad procedía del presidente. Para los demócratas es importante que el peso de la culpa recaiga en la Casa Blanca. Las elecciones intermedias (renovación de toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 39 gubernaturas) se celebran en noviembre y cualquier mal paso puede afectarles. Aunque en los cinco comicios estatales celebrados en 2017 han ganado, las posibilidades de derrota no se han apagado. Diez reelecciones demócratas al Senado se celebran en territorios donde Trump venció a Hillary Clinton en las pasadas presidenciales.
Este miedo a cargar con los costes del shutdown atenazaba también a los republicanos. Durante toda la mañana, el presidente estuvo enviando mensajes en los que responsabilizaba a los demócratas y eludía su papel. El propio McConnell incidió en este punto: “El pueblo americano no puede entender por qué los líderes demócratas creen que todo el Gobierno debe permanecer cerrado hasta que se acuerde lo que quieren en inmigración ilegal”.
No es la primera vez que se cierra la Administración.El shutdown ya ocurrió en 1994, 1995, 2013 y con mucha más frecuencia en los años setenta y ochenta con los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan. Tampoco supone su paralización completa. El cierre afecta a un 38% de empleados “no esenciales” y mantiene activos a aquellos destinados a tareas de seguridad, salud y defensa, así como la seguridad social.Pero el coste es inmenso y para los 16 días de paralización de 2013 ha llegado a cifrarse en 20.000 millones de dólares.
El País
J. M. AHRENS
