Hace dos años, el pueblo venezolano concretó una jornada épica al derrotar mediante el voto a la tiranía gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revés definitivo al régimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular no se ha concretado todavía, motivando a que integrantes de la sociedad civil denuncien la incongruente situación que sufre el país.
El Comité Cúmplela en defensa de la Constitución, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, organizaciones políticas y sociales, junto a integrantes de gremios, centrales y federaciones sindicales y sindicatos no confederados han manifestado su posición ante las sedes del CNE de la ciudad capital y varias regiones del país, en torno al significado del 28/07/2024 y la crisis que estremece a la nación.
La declaración señalada indica: «a dos años de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranía que despojó al pueblo, el país entero se levanta y exige democracia, justicia, libertad y la restitución del Estado de derecho».
Por tanto, restablecer nuestra soberanía, el Estado de derecho y de bienestar pasa, entre otras cosas, por el respeto al artículo 5 de la Constitución Nacional. Ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, la juramentación del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional, el cual tendrá entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, éticamente irreprochable y técnicamente capacitado.
Debemos reconocer que nuestro país vive su hora más difícil, agravada por el impacto de los terremotos del 24/06/2026, cuyos efectos han dejado heridas abiertas en todo el tejido social de nuestra geografía nacional. Afirmamos que la tragedia que estremece a toda Venezuela ha sido una de las más graves ocurridas en la historia de América Latina, al combinarse las devastadoras consecuencias del desastre natural con el ejercicio en el poder de un gobierno de facto, ilegítimo e inconstitucional, mediante una gestión usurpadora cuya acción ha desmantelado las instituciones hasta convertirnos en una nación víctima de un Estado fallido y presa fácil del tutelaje de una potencia extranjera.
Aun así, los niveles de resistencia y resiliencia de nuestro pueblo siguen íntegros e inmutables. Debemos sentirnos orgullosos al aplaudir y reconocer su valentía y su alto nivel de solidaridad, al activarse antes que el gobierno de facto en las labores de auxilio y rescate de los afectados por el terremoto y al constituir, en corto plazo, miles de centros de acopio en toda la geografía nacional, para concretar lo mejor de sí en favor de los damnificados y heridos. Adicionalmente, se debe agradecer la solidaridad manifestada por la comunidad internacional.
Es fundamental impulsar un gobierno legítimo responsable de la conducción del país, que asuma un Plan de Emergencia Nacional orientado primordialmente a:
Enfrentar la severa emergencia de una crisis humanitaria compleja que impacta las áreas política, social, económica, cultural y moral de la nación, lo cual exige la legitimidad incuestionable de la conducción de la república.
Dar respuesta inmediata a la libertad de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la libertad de expresión, el cese a la censura en los medios de comunicación, el desmantelamiento de las estructuras represivas y la desaplicación de leyes dictadas para perseguir la disidencia que menoscaban los derechos humanos.
Abordar las urgentes exigencias de atención y protección alimentaria, de hábitat, vivienda y salud de decenas de miles de damnificados y heridos, así como de personas en situación de vulnerabilidad (niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados) afectados por el hambre, la escasez de medicinas y la precarización de la familia, debiendo atenderse con absoluta urgencia moral.
Este plan de emergencia debe contemplar el rescate del valor del trabajo. Ello significa la ruptura del trabajo esclavo, un aumento general y escalonado de salarios y pensiones que dignifiquen al trabajador y a su familia, amparados en un sistema de seguridad social integral, la reanudación de los convenios colectivos, la derogación del memorando 2792 y el instructivo Onapre, el respeto a la libertad y la autonomía sindical, así como a los convenios que amparan a los trabajadores suscritos por el Estado venezolano con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros derechos laborales y sociales.
Todo esto debe estar enmarcado en un proceso inmediato de reactivación del aparato económico y en la ejecución progresiva de un programa dirigido a:
La reinstitucionalización democrática del país.
La necesaria reconciliación nacional, sanando las heridas del tejido social y reivindicando el valor de la dignidad humana.
Superar el odio y los resentimientos sembrados desde el poder, abriendo caminos de diálogo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana en su propia tierra y reconstruyan el tejido moral.
Lograr que el nuevo poder supere la mentira y el engaño institucional, asumiendo como principio situar el centro de toda política y economía en torno a la persona humana y no al poder, pues toda política pública debe estar al servicio de la dignidad del individuo y de sus derechos fundamentales.
Froilán Barrios
