La caída del viejo orden no garantiza el nacimiento de una república. Entre la tutela estadounidense, la fragmentación opositora y la descomposición del chavismo, Venezuela enfrenta ahora una pregunta más difícil que la salida de una dictadura: quién será capaz de convertir la legitimidad popular en poder institucional
Las revoluciones suelen comenzar prometiendo que el pueblo gobernará y terminan explicándole por qué todavía no está preparado para hacerlo. Las transiciones, por su parte, acostumbran a recorrer el camino inverso: comienzan administradas por élites, militares o potencias extranjeras y solo se convierten en democracias cuando la sociedad logra apropiarse de ellas. Venezuela se encuentra precisamente en ese incómodo punto intermedio.
El viejo régimen ha perdido su relato, pero no todos sus instrumentos. La oposición conserva una legitimidad electoral indiscutible, pero todavía no controla el Estado. Estados Unidos posee la capacidad material para ordenar la transición, aunque no puede fabricar por decreto una autoridad venezolana legítima. Entre esos tres polos —control residual, mandato popular y tutela externa— se libra la verdadera batalla por el futuro del país.
La reunión prevista para el 1 de agosto no será, por tanto, un diálogo convencional. Será una negociación sobre quién define las reglas, los tiempos y los límites de la nueva etapa. Su importancia no reside únicamente en los nombres sentados alrededor de la mesa, sino en la pregunta que flota sobre ella: ¿están los venezolanos diseñando su transición o simplemente ejecutando un cronograma elaborado en Washington?
El poder después del colapso
El chavismo construyó su hegemonía sobre tres promesas: justicia social, soberanía nacional y participación popular. Hoy las tres se encuentran quebradas. El sistema no puede garantizar bienestar, depende de una potencia extranjera para sostener su estabilidad y reprime o ignora incluso a sectores que alguna vez formaron parte de su base.
La contradicción es particularmente corrosiva. Durante décadas, el enemigo imperial sirvió para justificar la concentración del poder, el fracaso económico y la militarización. Ahora, parte de la antigua dirigencia parece administrar el país bajo la supervisión del mismo actor que había convertido en explicación universal de todos sus males.
Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello todavía conservan cargos, redes administrativas, vínculos militares y acceso a recursos, pero su problema ya no es simplemente de legitimidad. Es de utilidad. Habían ofrecido capacidad para contener a las bases chavistas, garantizar continuidad administrativa y evitar un vacío de poder. Si dejan de cumplir esas funciones, también pierden valor para Estados Unidos.
Las protestas de antiguos militantes, el malestar de los sectores más ideologizados y la creciente distancia entre la retórica antiimperialista y la conducta real del poder muestran una fractura difícil de contener. Una élite puede sobrevivir a la impopularidad. Lo que difícilmente puede sobrevivir es a la pérdida simultánea de obediencia, relato y función.
El terremoto político
Los terremotos de junio revelaron esa pérdida con una brutalidad que ninguna campaña electoral habría podido igualar. Las catástrofes naturales son exámenes involuntarios del Estado. Allí donde existen instituciones, aparecen sistemas de rescate, información pública, coordinación territorial y rendición de cuentas. Allí donde solo existe control político, aparecen improvisación, opacidad y abandono.
El desastre no creó la crisis venezolana. Destruyó la escenografía que todavía permitía ocultarla.
La administración encabezada por Delcy Rodríguez pudo conservar ministerios, uniformes y cadenas de mando, pero no demostró poseer un Estado capaz de proteger a la población. Esa diferencia es decisiva. La coerción puede mantener funcionarios en edificios públicos; no puede rescatar sobrevivientes, reconstruir ciudades ni generar confianza.
La catástrofe transformó la disputa por la transición. Antes, la ilegitimidad podía presentarse como un problema jurídico o electoral. Después de los terremotos, se convirtió en una experiencia material: ausencia de servicios, descoordinación, desinformación, falta de recursos y vidas perdidas.
Para Washington esto plantea un dilema. Mantener durante demasiado tiempo a una estructura incapaz de gobernar puede resultar más peligroso que acelerar su sustitución. Pero desplazarla sin contar con una alternativa organizada también implica riesgos. De allí la tentación estadounidense de avanzar por fases, conservar temporalmente partes del aparato y postergar las decisiones irreversibles.
La tutela y sus límites
Estados Unidos posee hoy una influencia extraordinaria sobre Venezuela. Puede reconocer interlocutores, condicionar recursos, garantizar seguridad, ordenar incentivos y fijar el ritmo general del proceso. Esta capacidad puede ser necesaria para impedir el colapso, pero contiene un peligro evidente: que la estabilización provisional se convierta en tutela permanente.
Un Estado tutelado conserva bandera, funcionarios y formalidades jurídicas, pero las decisiones fundamentales se adoptan fuera de sus fronteras. La transición puede entonces quedar atrapada en una fórmula cómoda para todos menos para los ciudadanos: los administradores locales mantienen sus posiciones, Washington controla los grandes movimientos y las elecciones son prometidas para una fase posterior.
La soberanía no se recupera negando la existencia de la tutela. Se recupera construyendo capacidades para volverla innecesaria.
La dirigencia democrática debe reconocer que Washington actuará conforme a sus propios intereses. Estados Unidos desea estabilidad, seguridad energética, reducción de amenazas transnacionales, control migratorio y limitación de la influencia de potencias rivales. La democracia venezolana será prioritaria en la medida en que pueda demostrar que sirve mejor a esos objetivos que una administración residual desacreditada.
Esta es una realidad incómoda, pero no excepcional. Las grandes potencias rara vez organizan transiciones por altruismo. Apoyan sistemas políticos cuando estos coinciden con sus cálculos estratégicos. La tarea de los venezolanos consiste en hacer coincidir democracia y estabilidad, no en esperar que Washington las considere automáticamente equivalentes.
El peligro del nuevo mesianismo
La oposición enfrenta su propia prueba. María Corina Machado representa el liderazgo electoral más poderoso del país y Edmundo González conserva el mandato presidencial derivado del voto. Negar esa realidad sería intentar construir una transición sin su principal fuente de legitimidad.
Pero reconocer un liderazgo no significa convertirlo en infalible.
Venezuela ya padeció las consecuencias de una política organizada alrededor del salvador providencial. El personalismo chavista no fue solamente un exceso propagandístico; fue el mecanismo mediante el cual las instituciones fueron vaciadas y sustituidas por lealtades. Repetir esa estructura con otro signo político debilitaría desde el origen la república que se pretende reconstruir.
Un liderazgo electoral no se convierte automáticamente en gobierno. Para hacerlo necesita partidos, cuadros técnicos, administración territorial, relaciones con las Fuerzas Armadas, autoridad judicial, sistema electoral, coaliciones sociales y reconocimiento internacional. Necesita, en otras palabras, dejar de ser únicamente movimiento y convertirse en institución.
La cuestión no es escoger entre María Corina, la Asamblea Nacional de 2015, los partidos o la sociedad civil. Es asignarles funciones complementarias. El liderazgo electoral aporta legitimidad; la representación parlamentaria ofrece continuidad jurídica; los partidos suministran estructura; la sociedad civil genera presión; y los técnicos deben preparar la capacidad de gobernar.
La ausencia de una coordinación eficaz entre estos actores constituye actualmente la principal debilidad democrática.
La partida estadounidense
El calendario electoral de Estados Unidos añade urgencia. Las elecciones legislativas de noviembre de 2026 crean incentivos para que la administración presente resultados visibles antes de que los votantes acudan a las urnas.
Washington necesita una historia de éxito: estabilización, liberación de presos, recuperación energética, reducción de la migración o inicio de un proceso electoral. Pero una historia electoral estadounidense no es necesariamente una transición venezolana.
Existe el riesgo de que una fotografía, un acuerdo petrolero o un anuncio general sean presentados como victoria, aunque las instituciones fundamentales permanezcan intactas. Por eso la presión ciudadana debe concentrarse en resultados verificables: cronograma público, garantías electorales, libertades civiles, reconstrucción del sistema judicial, rendición de cuentas y transferencia progresiva del poder.
En el ajedrez, una ventaja material puede perderse por mala coordinación. En el juego de Go, una pieza aislada puede ser rodeada, aunque parezca dominante. La oposición venezolana posee la pieza más valiosa —la legitimidad—, pero todavía no controla los puntos estratégicos del tablero: las instituciones, los recursos, la seguridad y el territorio.
La transición
La transición solo será venezolana cuando exista una estructura nacional capaz de negociar con Estados Unidos sin depender completamente de él. Esto exige ampliar la coalición mínima ganadora más allá de las fronteras tradicionales de la oposición: sociedad civil, partidos, academia, sectores chavistas disidentes, empresarios, regiones, sindicatos.
No todos los antiguos chavistas tienen la misma responsabilidad. Una democracia que trate como enemigos permanentes a millones de ciudadanos obligará a muchos de ellos a refugiarse detrás de la vieja élite. La justicia debe distinguir entre responsables de crímenes, operadores corruptos, funcionarios administrativos, militantes y antiguos simpatizantes.
La reconciliación no significa impunidad. Significa evitar que la transición se convierta en una guerra social interminable.
La movilización y la negociación tampoco son caminos incompatibles. La calle demuestra legitimidad, la negociación convierte presión en acuerdos, las instituciones transforman acuerdos en autoridad, la vigilancia internacional garantiza cumplimiento y la ciudadanía impide que la tutela se vuelva permanente.
Venezuela no necesita otro liderazgo emocional. Necesita uno organizacional, una arquitectura de poder democrático.
El viejo orden está agotado, pero todavía ocupa espacios. Estados Unidos abrió el tablero, pero no debe quedarse con la partida. Los terremotos destruyeron la ficción de que podía existir estabilidad sin Estado. Ahora corresponde a los venezolanos convertir su mayoría electoral en organización, su organización en instituciones y sus instituciones en república.
La caída de una dictadura puede ocurrir en un día. La reconstrucción de un Estado exige algo más difícil: que una sociedad deje de esperar ser salvada y aprenda nuevamente a gobernarse.
