Como es sabido, Venezuela se encuentra en pleno desarrollo de un programa de transición tutelada que conduce el Gobierno de los Estados Unidos, mediante tres etapas: una primera de estabilización, orientada a evitar el colapso institucional, económico y de seguridad; una segunda de recuperación institucional y nacional, como comienzo del proceso de reconstrucción del Estado venezolano; y una tercera de transición política y reconciliación, considerada decisiva para pasar de una institucionalidad tutelada a un gobierno democrático con legitimidad de origen.
Seis meses han transcurrido desde el inicio de esta transición tutelada, con resultados que, en algunos ámbitos, como el económico, han sido objeto de importantes cuestionamientos. Ahora, con la mesa de negociación, se aspira a acelerar el cumplimiento de los objetivos planteados, especialmente en materia de rescate de las libertades públicas, reconstrucción del Poder Judicial y recuperación democrática.
Pero no se trata solamente de recuperar la democracia. La profunda crisis institucional que se ha generado en el país pone de manifiesto la necesidad de construir una nueva democracia, y ese debe ser uno de los objetivos prioritarios de un Nuevo Sistema Nacional Electoral, concebido como la partida de nacimiento de esa nueva democracia venezolana.
Este nuevo sistema electoral debe concebirse bajo la premisa de que la calidad de una democracia depende, en buena medida, de la calidad de su sistema electoral, y entendiendo igualmente que las reglas electorales influyen decisivamente en la representación, la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones.
Por ello, Venezuela enfrenta hoy una urgencia histórica: configurar un sistema electoral confiable que permita garantizar una democracia real, recuperar la estabilidad política y contribuir a la sólida reconstrucción institucional del país. Debe entenderse que el derecho al voto, por sí solo, no es suficiente. Lo decisivo es que todo el proceso electoral —antes, durante y después de la elección— sea libre, transparente, competitivo, verificable y sometido a controles independientes y efectivos.
Como características fundamentales, el Nuevo Sistema Nacional Electoral debe estar presidido por un Consejo Nacional Electoral (CNE) como autoridad electoral verdaderamente independiente, profesional y completamente autónoma del Gobierno y de cualquier partido político. Debe, además, disponer de un Registro Electoral íntegro, actualizado y auditable, abierto a la verificación ciudadana y técnica, de manera que todos los actores puedan tener confianza en la autenticidad del padrón electoral.
El sistema debe garantizar el sufragio universal, libre y secreto, sin persecución política, exclusiones arbitrarias ni inhabilitaciones discrecionales. Todos los ciudadanos deben tener igualdad de derechos para elegir y ser elegidos. La campaña electoral debe desarrollarse en condiciones auténticamente democráticas, con plena libertad de expresión, libertad de organización política y acceso equitativo a los medios de comunicación.
Debe existir, además, una prohibición efectiva del uso del aparato estatal y de los recursos públicos para favorecer a una determinada opción política. Es fundamental garantizar la transparencia integral de cada etapa del proceso electoral, mediante observación nacional e internacional independiente, acceso oportuno a la información y participación efectiva de los partidos y organizaciones de la sociedad civil.
Se requiere igualmente un sistema de escrutinio plenamente verificable, con actas públicas, cadena de custodia garantizada, auditorías independientes y publicación detallada de los resultados, de manera que cada ciudadano pueda tener la certeza de que su voto fue correctamente contado y respetado.
Pero un sistema electoral moderno no puede limitarse a garantizar el acto de votar. Debe asegurar también mecanismos eficaces para resolver las controversias electorales mediante una justicia electoral independiente, imparcial y oportuna.
Asimismo, resulta indispensable establecer reglas transparentes para el financiamiento de las campañas, con mecanismos de fiscalización que impidan el uso de recursos públicos o de fondos de origen ilícito para alterar las condiciones de competencia. La representación política debe responder, finalmente, a la voluntad real de los ciudadanos y no a mecanismos destinados a favorecer artificialmente a una determinada fuerza política.
La elección como punto de partida. El objetivo de este Nuevo Sistema Nacional Electoral no debe ser simplemente organizar unas elecciones. Su verdadera finalidad debe ser crear las condiciones institucionales para que el poder político que surja de ellas tenga una auténtica legitimidad de origen y pueda conducir el proceso de reconstrucción democrática y nacional. Por ello, la reforma electoral debe ocupar un lugar central en la agenda de la transición y formar parte de los acuerdos fundamentales de la mesa de negociación.
La liberación incondicional de los presos políticos, la recuperación de las libertades públicas, la reconstrucción del Poder Judicial y la reorganización de las instituciones del Estado son condiciones indispensables, pero no suficientes. Todo ese esfuerzo perdería buena parte de su significado si Venezuela regresara a un sistema electoral vulnerable a la manipulación del poder de turno. Por ello la reconstrucción del sistema electoral no puede limitarse a ajustes superficiales ni a reformas cosméticas. Debe ser una transformación estructural como la hemos planteado, basada en estándares internacionales verificables. Y debe concebirse como condición urgente e indispensable para recuperar la democracia, restablecer la seguridad jurídica y facilitar el camino hacia la estabilidad política y el desarrollo nacional.
Venezuela necesita algo más que una elección. Necesita nuevas reglas para que ninguna elección futura pueda volver a ser secuestrada por el poder político. Esa debe ser la diferencia entre una simple transición de gobierno y una verdadera transición democrática.
El Nuevo Sistema Nacional Electoral debe constituir, por tanto, uno de los grandes acuerdos nacionales de la transición y convertirse en la partida de nacimiento de una nueva democracia venezolana. Una democracia en la que el ciudadano vuelva a ser el verdadero titular de la soberanía; en la que el voto recupere plenamente su valor; y en la que el poder político vuelva a tener una condición esencial que durante demasiado tiempo se perdió: la legitimidad que solamente puede otorgar la voluntad libre, soberana y verificable de los ciudadanos.
Tres decisiones fundamentales deben ser consideradas en la mesa de negociación para asegurar el desarrollo eficiente del nuevo Sistema Nacional Electoral: 1. Definir oportunamente el calendario electoral que incluya, como prioridad, la elección presidencial para permitir que los venezolanos se expresen libremente en la escogencia de quien debe liderar, por mandato popular y sin tutelajes, el inicio del cambio hacia la nueva democracia. 2. Establecer el sistema de votación con papeletas y el conteo manual, como se aplica en la gran mayoría de los países de América Latina y Europa, descartando el uso de las máquinas de votación electrónica por la mala experiencia que se ha tenido en nuestro país. 3. Entender que estas decisiones deben ser acordadas como mandato previo a la designación de los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral.
Finalmente para quienes deben promover los cambios referidos, les recordamos con Alexis de Tocqueville que “La fortaleza de la democracia depende tanto de las elecciones como de las instituciones que garantizan su legitimidad y aceptación.”
José Ignacio Moreno León
