Cualquier análisis de la deuda externa de Venezuela y su eventual reestructuración debe partir de dos elementos. En primer lugar, el origen de esa deuda y su cuantificación en el contexto macroeconómico actual. Un país se endeuda cuando gasta en exceso respecto a lo que le ingresa y ese fue el doloroso caso de Venezuela. El endeudamiento objeto de controversia, es el resultado de la política fiscal suicida y del modelo económico seguido por Hugo Chávez, especialmente entre 2004 y 2012, cuando comenzó la fiebre estatizadora de los medios de producción, la ampliación del rol del Estado en la economía y la emisión masiva deuda.
Creyéndose Lenin en el trópico, se lanzó Chávez por un costoso camino sin retorno al expropiar y confiscar empresas productivas y rentables que pasaron a ser deficitarias y, por tanto, a requerir el auxilio del fisco nacional, cuando antes eran contribuyentes. Sus principales víctimas fueron las empresas petroleras socias de PDVSA, empresas de servicio telefónico y eléctrico, el sector agroalimentario y cadenas de supermercados y firmas dedicadas a la manufactura del acero, cemento, entre tantas otras. Además, al resto de la economía Chávez la asfixió con un control gemelos de precios y de cambio que la colocó a sus píesy a los directivos de las compañías a pedirle favores al gobierno y a recibir humillaciones en transmisiones de radio y TV.
Ese modelo del Estado empresario fue aplaudido por el PSUV y sus socios en la aventura y además por ciertos empresarios tributarios del Estado, todo ello en medio de un auge petrolero que parecía que nunca acabaría. Ese modelo hizo posible que entre 1999 y 2012, en los trece años que mandó Chávez, en ocho de ellos hubiera déficit fiscal. Comenzó así el festival del endeudamiento ya en 2004 para beneplácito de gestores de carteras de inversión y desgracia del pueblo venezolano. Ese proceso de hipotecar a Venezuela lo inició Tobías Nóbrega como ministro de Finanzas mediante una modalidad que hoy puede calificarse como un crimen: emitir deuda denominada en dólares pero pagadera en bolívares, avalada esta política por Jorge Gioirdani, Nelson Merentes y Rafael Ramírez, siendo este último un verdadero mago al revés: endeudó sin tasa ni medida a PDVSA mientras la producción petrolera caía en picada y la deuda emitida se desdoblaba en una fuga de capital fenomenal. Todo ello con la anuencia de la mayoría de los miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional quienes apoyaron aquel frenesí de endeudamiento. La comedia concluyó en noviembre de 2017, cuando el escogido por Chávez, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela cayó en cesación de pagos, con lo cual se produjo, salida Venezuela de la ebriedad monetaria, una especie de tsunami de reclamos de los acreedores exigiendo el pago a un Estado en bancarrota.
Hoy, la verdadera cifra de lo adeudado no se conoce con exactitud porque en Venezuela no existe institucionalidad fiscal, pero parece inverosímil lo adelantado por el Financial Times al estimar la deuda en US$ 240.000 millones, monto éste claramente exagerado y sin fundamento Los pasivos financieros externo en sus distintas modalidades al cierre de junio de 2026, estarían cercanos a los US$ 180.000 millones, entre bonos de la República, bonos de PDVSA, laudos donde Venezuela perdió los juicios, deuda con el Club de París y con China, deuda con proveedores y contratistas, entre otros.
Hoy, Venezuela no puede ni debe pagar semejante deuda generada por Chávez y Maduro. Tiene que reestructurarla pero ahora no es el momento para ello y no lo es porque Venezuela enfrenta una tragedia de magnitudes bíblicas que exige que los recursos que genere el petróleo sean dedicados preferentemente a la atención de los más de 30.000 damnificados y a la reconstrucción del estado La Guaira y otras entidades afectadas. Ciertamente, actualmente Venezuela tiene cerrado el crédito internacional para deuda soberana o de PDVSA porque es un país moroso, pero tampoco está pagando intereses y capital.
Así las cosas, lo procedente es llegar a un acuerdo con el FMI para que Venezuela acceda tanto a sus US$ 5.100 millones por Derechos Especiales de Giro y también a los US$ 5.300 millones a los cuales puede acceder en virtud de la Línea de Financiamiento Rápido a los países en emergencia. Eso sí, tendrá el gobierno que abrir las cajas ocultas con toda la información macroeconómica y permitir que el FMI realice el Artículo 4, en mora desde 2006. Esta opción es mil veces más conveniente para Venezuela: obtener financiamiento del FMI a una tasa de interés máximo del 4% que tener que emitir nuevos bonos producto de una reestructuración con cupones que claramente excederán el 8% o 9%. A los acreedores hay que hablarles claro: hay voluntad para pagar de acuerdo con el análisis de sostenibilidad fiscal, pero el país está severamente afectado fiscal y humanamente y que además el nuevo endeudamiento que surja de la reestructuración debe estar en cabeza de un gobierno electo por el pueblo venezolano.
José Guerra
