El economista y profesor universitario José Guerra analizó el alcance del convenio energético anunciado entre la Casa Blanca y el Ejecutivo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtiendo que la ejecución de la inversión de 100.000 millones de dólares requerirá un proceso gradual sostenido durante varios años.
A través de sus redes sociales, el especialista desglosó los datos clave expuestos tras la confirmación oficial del pacto bilateral sobre las reservas nacionales:
«Explotando unos dos millones de barriles diarios en esos campos, se tardaría 89 años en extinguir los yacimientos. Las reservas petroleras son y seguirán siendo propiedad nacional», enfatizó Guerra respecto a los 65.000 millones de barriles en reservas probadas involucrados en el acuerdo.
Análisis técnico del modelo de explotación
El economista precisó aspectos estructurales sobre la naturaleza operativa y fiscal de la negociación:
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Inversión privada: Explicó que la modalidad de exploración y explotación recaerá en corporaciones privadas —principalmente estadounidenses—, dado que el Gobierno de EE. UU. no posee empresas petroleras estatales.
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Esquema de concesiones: Estimó que el desarrollo de los 17 campos anunciados podría ejecutarse bajo la figura de concesiones petroleras, un esquema similar al utilizado antes de la nacionalización de 1976.
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Marco fiscal y plazos: Señaló que aún no se han especificado los lapsos de duración del contrato ni las tasas impositivas, aunque se presume que se regirán por la Ley de Reforma de la Ley de Hidrocarburos.
Contexto del acuerdo e historia del sector
El comunicado oficial del Gobierno interino catalogó el convenio como una iniciativa histórica orientada a la reconstrucción de la infraestructura hidrocarburífera nacional mediante la atracción de capitales internacionales.
Frente a esto, Guerra recordó que el deterioro del aparato productivo nacional no es un fenómeno reciente:
«La industria petrolera venezolana, y especialmente Pdvsa, comenzó su proceso de destrucción en 2002 debido a un manejo ineficiente y corrupto, sumado a las expropiaciones y confiscaciones de activos iniciadas en 2007. Todo ello derivó en la caída sostenida de la producción y un endeudamiento masivo», concluyó el especialista.