Los ‘pulpos electrónicos’ que proliferan en el vivero de Silicon Valley desde hace 25 años han tenido, hasta ahora, vía libre para contaminar las mentes, sobre todo las de los jóvenes, y sustituir cualquier otro tipo de educación y forma de reflexión. Pero está surgiendo una toma de conciencia: en Europa y en Estados Unidos están apareciendo iniciativas para contener los excesos de estas empresas. En Europa, como ya comentamos aquí mismo hace dos semanas, la Comisión ha impuesto multas considerables a Facebook por sus violaciones de todas las normas del mercado y de las leyes de competencia. La Comisión Europea, al constatar que estos monopolios se comportaban como una mafia, se esforzará cada vez más –por mucho que esto le moleste a Trump– en restablecer, mediante multas y sanciones, un cierto grado de libertad de iniciativa empresarial en este ámbito.
Esta semana, los ‘pulpos electrónicos’ deben defenderse en otro frente, en particular –y para empezar– Facebook e Instagram, que pertenecen a la misma empresa: Meta. Se ha iniciado en Oakland, California, un juicio que durará al menos dos meses y que enfrenta a 29 estados estadounidenses contra Meta. La acusación, en esta ocasión, no se centra en el comportamiento de la empresa por haber incumplido las normas del mercado, sino en el contenido que se difunde en línea. La acusación pretende demostrar que Facebook e Instagram son productos tóxicos, introducidos en el mercado por el equivalente capitalista de los narcotraficantes. ¿Su objetivo? Hacer que los usuarios, especialmente los niños, se vuelvan dependientes y adictos a las redes sociales, con el riesgo de provocar graves trastornos mentales. La acusación da a entender que el uso excesivo de las pantallas provocaría en los más jóvenes depresión, ansiedad, trastornos de la imagen corporal e incluso suicidios. La acusación sería infundada si no estuviera respaldada por la propia documentación interna de Meta, que se ha difundido a través de denunciantes y filtraciones voluntarias del personal de estas empresas. Resulta que Meta, desde hace años, lleva a cabo estudios médicos para medir el impacto de las redes sociales en los jóvenes, especialmente en los menores de 13 años. Estos estudios reconocen que el impacto existe y que los trastornos son reales. ¿Cuál es el principal de ellos? El malestar con el propio cuerpo, en la medida en que quienes consultan las redes sociales constatan que su físico no se ajusta a los criterios de perfección que estas redes les transmiten. En los niños, esta discrepancia puede conducir a la obesidad o, por el contrario, a la anorexia, e incluso a suicidios. Otros estudios internos de la empresa Meta han revelado hasta qué punto las redes sociales recurren a algoritmos que prolongan al máximo el tiempo de uso de las pantallas. Y crean en torno a ellas una auténtica adicción, que elimina cualquier otra actividad de ocio, socialización y educación a través de otros medios de comunicación. Lo cual plantea una cuestión filosófica esencial cuya respuesta no es fácil: ¿no bastaría con no consultar las redes sociales para no ser víctimas? Nada te obliga a ello. En cuanto a las alteraciones mentales que estas provocan, al igual que ocurre con las drogas conocidas, ¿quién es el culpable? ¿Es la droga? ¿O es el consumidor de la droga? No cabe duda de que esta línea de defensa será la de Meta. Pero Meta no podrá negar que la adicción es una estrategia deliberada, contraria a la legislación estadounidense que obliga a las empresas a tener en cuenta la salud y el equilibrio mental de los menores de trece años.
Me viene a la mente un precedente: el del tabaco. En la década de los 80, algunos consumidores de tabaco que padecían cáncer de garganta y de pulmón demandaron a los fabricantes de cigarrillos, acusándolos de distribuir a sabiendas productos tóxicos en la sociedad sin informar a la población de su carácter cancerígeno. Al igual que en el caso de Facebook, se descubrió en aquella época que los fabricantes de tabaco realizaban estudios internos que demostraban la relación directa entre el tabaco y el cáncer. Esos narcotraficantes capitalistas que se limitaban a vender tabaco sabían que estaban poniendo en peligro a los consumidores sin revelárselo. El asunto concluyó en 1998 con un gran acuerdo que indemnizó a miles de víctimas (200.000 millones a lo largo de 25 años), prohibió la publicidad del tabaco en espacios públicos, prohibió la venta a menores y obligó a incluir en cada paquete una advertencia sobre lo peligroso que era el tabaco para la salud. Desde entonces, el consumo ha disminuido enormemente en todos los países occidentales, aunque sin desaparecer por completo, partiendo de la base de que los fumadores, a día de hoy, saben a qué riesgo se exponen.
¿Cabe imaginar que, tras el juicio de Oakland, pero también tras los miles de otros procedimientos iniciados por los usuarios contra Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, se llegue a una negociación global que se asemeje al compromiso que se alcanzó en el caso del tabaco? Los acérrimos detractores de cualquier empresa privada se alegrarán de cualquier decisión destinada a romper los monopolios de Silicon Valley y, de manera más general, de este sector económico que no solo es capitalista, sino que, además, favorece en extremo el capitalismo de Estados Unidos. Pero para los liberales, posicionarse sobre este asunto es más complejo. Las prohibiciones totales del acceso de los jóvenes a las redes sociales, que acaban de aprobarse en varios países, entre ellos Francia y Australia, atentan contra la libertad de expresión y, además, sustituyen la autoridad de la familia por la del Estado. En la sociedad tradicional de la que estamos saliendo, correspondía a los padres controlar el uso que hacían sus hijos de cualquier material o fuente de información que pudiera perjudicarles. ¿Dónde se han metido los padres? Si tienen que delegar por completo en la ley y en el juez, ¿habrán perdido toda autoridad hasta el punto de no saber ya prohibir a los niños menores de trece años que pasen varias horas al día navegando por Facebook, Instagram y páginas pornográficas? Por lo tanto, hay que considerar y temer que el juicio de Oakland, además de revelar las maniobras delictivas e inmorales de Meta, también saque a la luz hasta qué punto los padres han renunciado a sus responsabilidades. Si las redes sociales son tan nocivas como afirman sus acusadores –y como sin duda confirmarán los jueces–, una multa o una prohibición no modificarán los comportamientos. Solo una acción conjunta de la ley y la autoridad parental permitiría no hacer desaparecer las redes sociales, sino reducir su uso a un nivel razonable: es decir, de manera que los niños diversifiquen sus fuentes de acceso al mundo real en lugar de al mundo virtual. ¿Sería una batalla familiar perdida de antemano enfrentarse a Facebook y las páginas similares? Las únicas batallas perdidas de antemano son aquellas que no nos atrevemos a librar.
Guy Norman
