El año 2026 ha marcado un giro drástico en las políticas migratorias de diversos estados de América Latina. En los programas de gobierno de la región ha prevalecido la instauración de normativas restrictivas para la permanencia de ciudadanos extranjeros, convirtiendo las fronteras en muros infranqueables frente a una migración que huye de dictaduras y economías en ruinas.
Para los venezolanos, este sombrío panorama no es nuevo. Han sufrido las medidas migratorias aplicadas por el gobierno norteamericano desde 2025, incluyendo la suspensión del TPS para 650.000 compatriotas y la consecuente ola de deportaciones, las cuales el régimen usurpador en Venezuela pretende maquillar cínicamente con su plan Vuelta a la Patria.
La onda expansiva de esta política xenófoba se ha extendido notoriamente por América Latina durante el presente año. Inicialmente en Chile, donde residen aproximadamente 800.000 venezolanos, el presidente José Antonio Kast —quien asumió el poder el 11/03/2026— ha adoptado una postura de firmeza implacable frente a la migración irregular, con un enfoque particular en los ciudadanos venezolanos, impulsando tanto llamados a la “salida voluntaria” como acercamientos diplomáticos para facilitar las expulsiones masivas.
Posteriormente, el gobierno de la derechista Keiko Fujimori, quien asumió la presidencia de Perú el 28/07/2026, se sumó a la ola antiinmigración en Latinoamérica. Alineándose con Chile, Ecuador y Colombia, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció el 20/08/2026 “un incremento significativo de operativos policiales y militares para detener y expulsar del país a inmigrantes en situación irregular”, destacando el papel central de las Fuerzas Armadas en estas redadas y en el control de fronteras.
En esa misma dirección, el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha endurecido los controles y modificado drásticamente la política hacia la migración venezolana, pasando de ofrecer procesos temporales de amnistía a desmantelar acuerdos bilaterales mediante el Decreto Ejecutivo 123 del 09/2025, un tratado que había estado vigente durante 15 años.
Recientemente, Abelardo de la Espriella, quien tomó posesión el 07/08/2026 como nuevo presidente de Colombia, declaró el 24/08/2026 el inicio de “operaciones policiales para perseguir y deportar a los inmigrantes irregulares”. Aunque no lo mencionó explícitamente, su anuncio afecta de manera directa a los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, de los cuales 848.000 se encuentran en situación irregular y, de ellos, 193.000 son niños, niñas y adolescentes.
En definitiva, bajo la excusa de tildar a los migrantes irregulares de delincuentes, se estigmatiza a poblaciones enteras al asegurar que son “ilegales”, a pesar de que muchos han intentado regularizarse ante sistemas migratorios inoperantes o colapsados. Este discurso se ha expandido por toda la región y el mundo; no olvidemos cómo en Estados Unidos se ha vinculado a los venezolanos con bandas criminales como el “Tren de Aragua”, utilizándonos a todos como chivos expiatorios para justificar campañas de deportación.
Cuando sumamos la condición agravada en nuestro país, con el régimen que se aferra al poder, el doble terremoto del 24/06/2026 y las recientes inundaciones, en un contexto de ruina económica y social, resulta más que justificable extender la protección bajo la figura de crisis humanitaria. Esto debería determinar a todos estos gobiernos a tener un mínimo de sensibilidad y solidaridad con una población golpeada, restableciendo medidas de permanencia humanitaria —desde TPS, asilo hasta parole— ante la evidente desgracia que sacude a la nación venezolana.
Hasta el momento, no ha habido reacción alguna ni cambio en las decisiones adoptadas por estos gobiernos, ni los organismos internacionales se han manifestado con contundencia contra estas violaciones de los derechos humanos de los migrantes en general y, específicamente, contra la diáspora criolla.
Asumimos una reflexión ancestral sobre cómo nuestro país fue un lugar acogedor, sin condiciones, para migrantes de los cinco continentes, provenientes de una Europa y Asia devastadas por las dos guerras mundiales. En el caso de Colombia, registramos en nuestra geografía a más de 3 millones de colombianos durante el siglo XX, huyendo de un conflicto armado de décadas y de la pobreza. También acogimos a víctimas de dictaduras, como los chilenos durante el régimen de Pinochet. En fin, los barrios y urbanizaciones de nuestras ciudades reconocen históricamente la presencia de peruanos, bolivianos y ecuatorianos, quienes visualizaron nuestro país como una tierra de oportunidades donde existía riqueza y convivencia.
Pero más asombrosa aún es la tímida o nula respuesta de la oposición venezolana. Domesticada o condicionada en el contexto del protectorado, es incapaz de plantarse frente a la administración norteamericana para exigir respeto y consideración hacia la diáspora mediante el restablecimiento de las protecciones migratorias. Su silencio convierte al venezolano víctima de atropellos en un simple daño colateral.
Hay un viejo dicho que reza: “En tiempo de calamidades es cuando se reconocen a los amigos”. Para nosotros los venezolanos, la tragedia sufrida durante el siglo XXI quedará plasmada en piedra y de ella emergeremos para corregir los errores y levantar una nueva Venezuela, próspera y en democracia.
Nota de Condolencia:
El fallecimiento de Patricia Molina nos afecta a todos. Aunque la conocimos por la vía digital, percibimos a un ser humano capaz, amable y receptivo a nuestras contribuciones periódicas. Mi más sentido pésame a sus compañeros de trabajo de El Nacional, a su madre y a toda su familia. QEPD.
Froilán Barrios
