El fiscal Federal, Carlos Stornelli, tras la denuncia presentada el pasado mes de junio por la Fundación Clooney en los tribunales e Comodoro Py en la capital argentina y sobre la base del principio de la jurisdicción universal, abrió una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la administración de Nicolás Maduro en el año 2014.
En esta investigación el fiscal busca determinar las presuntas responsabilidades penales de «integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran» por los homicidios de manifestantes cometidos en las protestas de 2014.
Entre los militares investigados se encuentran:
Mayor General Justo José Noguera Pietri, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014;
General de División José Dionisio Goncalvez Mendoza, Comandante de la Guardia del Pueblo en 2014;
General de Brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región N* 2 de Carabobo en 2014;
Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilan, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Región N* 2 de Carabobo en 2014;
Coronel Ephraín Verdú Torrelles, Segundo Comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo en 2014;
Teniente Coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, Comandante del Destacamento N* 24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014;
Teniente Coronel Carlos Martínez Astudillo, Comandante del Destacamento Norte en 2014;
Teniente Luis Amaya Chirino;
Sargento Segundo José Urdaneta Urdaneta,
Sargento Segundo Jhonny Mallarino Miranda,
Sargento Segundo Luis Reyes González,
Sargento Segundo Jorvy Peñaloza Ramírez
Sargento Segundo Royer Alejo Durán;
Sargento Primero Johan Ramírez Hernández;
De acuerdo a los datos preliminares, los funcionarios de la GNB cometieron un ataque «generalizado» y «masivo» contra la población civil generando una «multiplicidad de víctimas».
Para avanzar con la investigación, el fiscal Stornelli pidió informes a al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Corte Penal Internacional (CPI).
Es importante recalcar que la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
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