Los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela también han expuesto los cimientos rotos de su economía. Más allá del profundo menoscabo social y comunitario, el país también deberá afrontar una factura que podría superar con holgura los 37.000 millones de dólares, en un momento en que carece de músculo financiero, institucional y humano para afrontarla.
Las cifras disponibles apenas esbozan la magnitud del desafío: la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los daños en edificaciones residenciales, comerciales o educativas equivalen a 24.000 millones de dólares, mientras que el impacto en infraestructura de agua, telecomunicaciones, vías, energía, puertos, aeropuertos, petróleo y gas alcanzan los 13.000 millones de dólares. Pero si se incorporan las pérdidas indirectas, la interrupción de la actividad productiva y de servicios, la dilación de inversiones y el deterioro de infraestructuras clave, el costo total de la reconstrucción podría superar ampliamente ese estimado.
Las secuelas del desastre natural –igual de imponderables en lo emocional– se agravan tras años de alta inflación, escasez, fuga de talento y desgaste del Estado, que ha perdido funciones básicas, como garantizar seguridad jurídica y física, crear clima de negocios y atraer capitales que resultarán críticos en la siguiente fase del desastre. Lo que está en juego no es poca cosa: sostener el impulso en sectores neurálgicos como petróleo, vivienda, vías de comunicación, telecomunicación y electricidad. También, darle soporte a las pequeñas y medianas empresas y comercios, en un entramado donde se estima que hasta el 80% de los trabajadores opera por cuenta propia y vive al día.
Chelo Camacho
Como en otras contigencias, la recuperación petrolera será fundamental, pues se mantiene como la principal fuente de ingresos. Según la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), su amplia infraestructura no fue impactada por el doblete sísmico, que ha causado 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, según el último recuento oficial, además de cientos de edificios dañados.
Sin embargo, el ritmo de las exportaciones se relantizó ligeramente, a 1,2 millones de barriles por día en junio frente a 1,24 millones de barriles en mayo, por demoras en terminales de despacho causadas por los sismos, de acuerdo con datos revisados por Reuters. En una muestra de la siniestralidad regular a la que está expuesta la petrolera, la agencia también reporta que, en solo la semana posterior a los terremotos, la refinería Amuay, la principal del circuito, se detuvo por una falla eléctrica, mientras que un taladro de perforación explotó en la zona central, hiriendo a 17 trabajadores.
“Las operaciones corrientes y la exportación no se han detenido por los terremotos”, resume Armando Arteaga, abogado de petróleo y gas. “Pero es difícil darle seguridad a una empresa ?la que sea, una Exxon o Conoco o Chevron–, que asume que los tribunales venezolanos pueden resolver disputas, que los registros mercantiles pueden ofrecer información para hacer un due diligence o que podrá aplicar criterios tributarios consistentes. Si eso ya venía bajo presión antes del 24 de junio, ahora esa presión se multiplica”, añade el asesor especializado en empresas con interés en explotar las vastas reservas del país caribeño.
Por El País