Hay catástrofes que destruyen ciudades y hay otras que derrumban ficciones. Los terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes hicieron ambas cosas.
Las imágenes de edificios convertidos en polvo, hospitales improvisados y familias excavando con las manos entre los escombros recorrieron el mundo como cualquier tragedia natural. Sin embargo, conforme avanzaban los días, quedó claro que el verdadero desastre no era únicamente geológico. Bajo las placas tectónicas se fracturó algo más profundo: la ilusión de que todavía existía un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos.
Durante años, la política venezolana giró alrededor de una pregunta obsesiva: quién controlaba el poder. Los terremotos desplazaron el eje de la discusión hacia una interrogante mucho más elemental: ¿quién era capaz de gobernar cuando el país necesitaba ser gobernado?
La diferencia parece semántica, pero es decisiva.
El poder puede imponerse mediante el miedo, la burocracia o las armas. Gobernar exige algo distinto: organizar recursos, generar confianza, coordinar instituciones y ofrecer protección. Cuando la naturaleza destruyó edificios, centros de salud, vías y sistemas de comunicación, desaparecieron los discursos y solo sobrevivió la capacidad real de actuar. Allí comenzó a revelarse una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta.
Las tragedias poseen una virtud incómoda. Eliminan las narrativas.
Un edificio colapsado no responde a consignas ideológicas. Una ambulancia que no llega no puede justificarse con discursos revolucionarios. Un hospital sin electricidad no distingue entre oficialistas y opositores. La realidad se vuelve obstinadamente material y deja al descubierto la distancia entre el relato y los hechos.
Eso explica por qué los terremotos modificaron la conversación política sin necesidad de una sola elección.
Durante años, la legitimidad venezolana fue discutida desde argumentos jurídicos, electorales o diplomáticos. Después del desastre de La Guaira comenzó a medirse con otro criterio: la capacidad efectiva para proteger la vida.
Ese desplazamiento altera por completo el terreno político.
Mientras numerosas comunidades organizaban espontáneamente redes de rescate, distribución de alimentos y atención médica, el aparato estatal aparecía descoordinado, lento o simplemente ausente. La solidaridad ciudadana comenzó a llenar espacios que tradicionalmente pertenecen al Estado. No era una revolución. Era supervivencia. Pero precisamente en esa diferencia radica su enorme significado político.
Las sociedades descubren quiénes son cuando desaparecen las estructuras que organizaban la vida cotidiana.
En Venezuela emergió una ciudadanía mucho más resiliente de lo que muchos suponían y un aparato institucional considerablemente más frágil de lo que el poder admitía.
No se trata únicamente de un problema administrativo.
La legitimidad política no descansa solo sobre el origen del poder, sino también sobre su desempeño. Un gobierno puede conservar edificios, ministerios y uniformes, si deja de ofrecer seguridad y protección, comienza a perder algo mucho más difícil de recuperar: la confianza colectiva.
Ese proceso rara vez ocurre de manera abrupta.
Sucede lentamente, como la erosión de una montaña. Hasta que un acontecimiento extraordinario acelera décadas de desgaste en cuestión de días.
Los terremotos hicieron exactamente eso. También alteraron el contexto internacional.
Estados Unidos, que durante años concentró buena parte de su estrategia en sanciones, presión diplomática y aislamiento, pasó a desempeñar un papel diferente. La emergencia humanitaria obligó a incorporar una dimensión práctica: asistencia, logística, coordinación internacional y apoyo a un eventual proceso de reconstrucción institucional.
No significa que Washington haya abandonado sus objetivos políticos. Significa que comprendió que ninguna transición democrática puede consolidarse sobre un país físicamente devastado.
La estabilización dejó de ser únicamente un concepto político para convertirse también en una necesidad humanitaria.
Por eso comenzó a hablarse simultáneamente de recuperación y transición.
No son procesos idénticos.
Reconstruir viviendas, hospitales y carreteras pertenece al primer capítulo. Reconstruir instituciones, confianza y reglas democráticas corresponde al segundo. Ambos deben avanzar paralelamente. Uno sin el otro terminaría fracasando.
Una reconstrucción física sin transformación institucional reproduciría las causas que agravaron la tragedia. Una transición política sin capacidad para responder a la emergencia social perdería rápidamente legitimidad.
La Venezuela que emerge después del terremoto necesita ambas cosas al mismo tiempo.
En ese contexto adquiere especial importancia la reactivación de las Asambleas 2015 y 2020 que permitan reorganizar el Sistema Electoral (CNE), fortalecer los órganos encargados de impartir justicia (TSJ) y construir garantías para una competencia política creíble.
No será un proceso sencillo.
Las sociedades que han atravesado grandes desastres durante un largo período suelen enfrentar una doble tentación: acelerar soluciones improvisadas o paralizarse esperando condiciones perfectas. Ninguna de las dos conduce necesariamente a una democracia estable.
La experiencia internacional demuestra que las reconstrucciones exitosas requieren paciencia estratégica y decisiones rápidas al mismo tiempo: paciencia para reconstruir instituciones; rapidez para responder al sufrimiento cotidiano.
Venezuela enfrenta precisamente esa paradoja.
Existe además un cambio menos visible, aunque quizá más trascendente.
Durante años, la política venezolana ha estado dominada por la confrontación chavista que impedía producir un punto de encuentro. El terremoto ha introducido un tercer protagonista: la sociedad.
No como una abstracción retórica, sino como una fuerza organizada que comenzó a resolver problemas allí donde el Estado dejó de hacerlo.
Esa energía constituye hoy el activo más valioso del país.
Porque las repúblicas no se reconstruyen únicamente desde los palacios gubernamentales. También nacen desde los barrios, las universidades, las iglesias, las organizaciones civiles, los empresarios, los médicos, los ingenieros y los voluntarios que deciden asumir responsabilidades cuando el Estado deja de cumplirlas.
La historia ofrece numerosos ejemplos de naciones que transformaron una tragedia en el punto de partida de una renovación institucional. También está llena de países que desperdiciaron esa oportunidad y convirtieron el desastre en una prolongación del conflicto.
Venezuela se encuentra justamente en ese cruce de caminos.
Un mes después de los terremotos, el debate ya no gira únicamente alrededor de quién administrará el poder. La cuestión decisiva consiste en quién será capaz de reconstruir la República.
Eso exige liderazgo político, cooperación internacional, instituciones confiables y una ciudadanía que conserve la extraordinaria capacidad de organización demostrada durante la emergencia.
La naturaleza abrió una grieta en el territorio venezolano. Pero la fractura más importante fue otra: separó definitivamente la apariencia de la realidad.
Ahora nadie puede afirmar que el problema consiste únicamente en cambiar nombres o negociar cuotas de poder. Lo que está en juego es algo mucho más ambicioso: recuperar la capacidad del Estado para servir a la sociedad y devolver a los ciudadanos la confianza de que la ley, las instituciones y la democracia pueden volver a ser los cimientos de la vida pública.
Las placas tectónicas dejaron de moverse hace pocas semanas.
La historia, en cambio, apenas comienza a hacerlo.
Antonio de la Cruz
