Gobierno de Delcy Rodríguez formaliza su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional tras denunciar el Estatuto de Roma

Gobierno de Delcy Rodríguez formaliza su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional tras denunciar el Estatuto de Roma

En representación de la presidenta interina Delcy Rodríguez, el embajador Félix Plasencia anunció que el Gobierno venezolano comunicó de manera formal al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma para iniciar el retiro definitivo del país de la Corte Penal Internacional (CPI), en apego al Artículo 127 de dicho tratado.

La medida marca un quiebre en la relación diplomática con el tribunal de La Haya y formaliza la salida del Estado venezolano del sistema de justicia penal internacional.

Acusaciones de «sesgo geográfico» y lawfare

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo justificó la decisión señalando que la CPI ha incurrido en un uso político de sus facultades jurisdiccionales en contra de las naciones del Sur Global.

  • Desproporción en las investigaciones: El gobierno sostuvo que la actuación de la Corte responde a un «sesgo geográfico demostrado», al concentrar sus causas de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina.

  • Denuncia de lawfare: Se acusó al organismo de instrumentalizar la justicia internacional para atentar contra la soberanía y la autodeterminación del país.

«Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia. Rechazamos esta dimensión de lawfare que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano», enfatizó el pronunciamiento presentado por Plasencia.

El proceso bajo el Artículo 127

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia surte efecto un año después de la fecha en que el secretario general de la ONU recibe la notificación oficial. Asimismo, la normativa precisa que la retirada no exime al Estado denunciante de las obligaciones contraídas ni de la cooperación en investigaciones sobre hechos ocurridos con anterioridad a la fecha en que la denuncia se haga efectiva.

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