Tras el anuncio formulado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre el «mayor acuerdo petrolero de la historia», la opinión pública y diversos analistas evalúan los alcances de un pacto que otorgaría a capitales estadounidenses el control operacional de 17 campos estratégicos en Venezuela. La medida, que abarca el 21% de las reservas probadas del país (unos 65.000 millones de barriles), plantea profundas interrogantes sobre su sustentabilidad legal, el impacto fiscal y el reacomodo geopolítico de la nación.
Opacidad contractual e inquietudes fiscales
Pese a que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, proyectó un ingreso impositivo para el Estado de 209.000 millones de dólares, expertos del sector energético advierten sobre la desventaja financiera del convenio:
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Ingreso irrisorio por barril: El economista petrolero Francisco Monaldi precisó que dicha proyección fiscal equivale a solo 3,2 dólares por barril, una cifra calificada de insignificante al traerse a valor presente.
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Cuestionamiento constitucional: Economistas como Ricardo Hausmann han señalado la falta de legitimidad del Gobierno interino para suscribir acuerdos de esta escala, tildándolos de inconstitucionales.
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Mecanismo corporativo inédito: Según reportes de la prensa internacional (Bloomberg, Axios, The Wall Street Journal), la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono coordinaría una «asociación público-privada» con la firma North American Blue Energy Partners (NABEP). Esto daría origen a una empresa petrolera estatal bajo control mayoritario de Washington, contemplando esquemas de arrendamiento de hasta 100 años.
Cambios en la legislación y actividad de campo
La base operativa de este acuerdo se ampara en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026. Según el jurista Simón Herrera Celis, la creación de los Contratos de Producción Participativa (CPP) revive la mecánica del antiguo sistema de concesiones previo a 1975, al no fijar un límite de tiempo explícito para la explotación.
En el terreno, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó licencias para multinacionales como BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell. Compañías de servicios como Halliburton y SLB alistan la movilización de taladros para elevar la producción, que el mes pasado se ubicó en 1,23 millones de barriles diarios.
Giro geopolítico y eventual salida de la OPEP
El pacto forma parte de la estrategia America First, impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, orientada a garantizar crudo barato para el hemisferio y estabilizar las reservas estadounidenses afectadas por el conflicto en Medio Oriente. Este pivote reconfigura las alianzas estratégicas de Venezuela:
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Desplazamiento de socios no occidentales: El esquema busca relegar la presencia de operadoras estatales de China y Rusia en los yacimientos más codiciados del país.
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Ruptura con la OPEP: El Ejecutivo nacional evalúa su retiro formal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ente fundado por Venezuela en 1960. Aunque el país no está sujeto a cuotas por su declive productivo previa, la salida debilitaría la cohesión del cartel en favor de un bloque energético hemisférico.
Especialistas como el economista Asdrúbal Oliveros enfatizan que la atracción de capitales dependerá de la previsibilidad institucional y el respeto a los contratos. El país se debate así entre aprovechar sus recursos del subsuelo mediante un modelo estratégico o repetir los ciclos históricos de extractivismo y fragilidad institucional.