El ejercicio del periodismo en Venezuela atraviesa una de sus crisis más complejas en el ecosistema informativo contemporáneo. No se trata únicamente de los bloqueos a portales web, el cierre arbitrario de medios o las inspecciones tributarias convertidas en mecanismos de amedrentamiento. Existe una estrategia más silenciosa, pero igualmente destructiva: la deslegitimación sistemática del título universitario y la devaluación de la formación académica en Comunicación Social.
La falacia del «comunicador digital»
los últimos años, desde diversos espacios del discurso público se ha intentado igualar la labor rigurosa del periodista con la simple emisión de contenidos, las difusiones sin verificación y la propaganda de laboratorio.
Bajo el argumento falaz de que en la era digital «cualquiera que posea un teléfono inteligente es un comunicador», se busca borrar la frontera entre el profesional formado en las aulas y el creador de contenidos movido por la tiranía del algoritmo o la pauta interesada.
Esta equiparación no es fortuita. Despojar al periodismo de su carácter técnico y académico tiene como objetivo central desmantelar el estándar deontológico que resguarda el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna e imparcial.
Cuando se degrada la idoneidad profesional, se vulnera la autoridad moral de quien investiga y contrasta fuentes, facilitando que el poder descalifique denuncias documentadas calificándolas como «opiniones» de un actor más en la red.
Garantía constitucional, no privilegio gremial
El periodismo no consiste únicamente en difundir datos; implica aplicar una metodología de contraste, respetar normas éticas, asumir una responsabilidad social y someter el trabajo a la fiscalización del interés público.
La Ley de Ejercicio del Periodismo y la exigencia del título universitario no constituyen un privilegio gremial ni una barrera corporativa, sino una garantía constitucional destinada a proteger a la sociedad frente a la manipulación, la desinformación y el intrusismo.
Defender la formación académica y la colegiación es defender la calidad de la información que consume el ciudadano.
Pretender sustituir la técnica periodística por la inmediatez del clic o la vocería no calificada es un intento deliberado por vaciar de rigor la fiscalización de la gestión pública.
Frente al intento deliberado de devaluar la profesión, la respuesta gremial e institucional debe mantenerse firme: sin profesionales formados y éticamente comprometidos, la libertad de expresión queda reducida a un espectáculo sin verdad.
Edgar Cárdenas
