La Federación Venezolana de Maestros (FVM) y sus 27 sindicatos filiales fijaron una postura crítica frente al inicio del año escolar 2026-2027, calificando las condiciones actuales como un «desafío desproporcionado» para el gremio. A través de un pronunciamiento oficial, la directiva del magisterio advirtió que la severa crisis socioeconómica y los daños en la infraestructura educativa tras los terremotos de junio ponen en riesgo la seguridad de la comunidad escolar y el derecho a una educación de calidad.
El gremio enfatizó que el ingreso promedio mensual del docente —relegado a unos 0,20 centavos de dólar como salario base— resulta insostenible ante el costo de la canasta alimentaria, que según cifras de la FVM alcanzó los 727 dólares en agosto. A la precariedad salarial se suma la falta de servicios básicos de agua, luz y saneamiento en la mayoría de los planteles del país.
Exigencias prioritarias del magisterio nacional:
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Evaluación técnica de los planteles: La FVM exige realizar inspecciones de infraestructura mediante organismos de gestión de riesgo antes de reabrir aulas, alertando sobre daños estructurales tras los sismos y la arbitrariedad en la rezonificación aplicada en el estado Vargas sin consenso con las comunidades.
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Ajuste salarial y Convención Colectiva: Solicitan la inmediata reanudación de la III Convención Colectiva Única y Unitaria, la restitución de derechos laborales y la indexación de sueldos ajustados al costo real de la canasta básica.
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Atención psicosocial post-sismo: Demandan la implementación de un plan de «escuelas restaurativas» para brindar apoyo emocional a docentes y estudiantes, tras el impacto vivido en más de 1.400 niños y adolescentes luego de los sismos de junio.
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Garantía de insumos y despartidización: Claman por la dotación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), insumos pedagógicos y el rechazo a cualquier intento de adoctrinamiento ideológico en las aulas.
