Anabel Alayeto, hermana del preso político Jorge Alayeto Bigott —civil condenado a 30 años de prisión por presuntamente grabar un video durante los sucesos del Fuerte Paramacay en 2017—, denunció nuevas irregularidades procesales y anunció que difundirá públicamente los detalles del fallo judicial.
A través de sus redes sociales, Alayeto detalló que, mientras la defensa espera respuesta a los recursos presentados, el expediente que reposaba en la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo fue remitido de manera intempestiva a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado.
«Ante lo que está ocurriendo, creemos que la mejor forma de contribuir a la transparencia es mostrar qué dice la sentencia, en qué página lo dice, qué pruebas utilizaron y qué cuestionó la defensa», enfatizó la vocera, al tiempo que exigió independencia judicial y el estricto apego a la Constitución.
Ocho años de retardo e incautaciones
El caso se remonta a agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles encabezado por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott ejecutó la llamada «Operación David» en la 41° Brigada Blindada del Fuerte Paramacay, en Valencia. El hecho derivó en la prosecución judicial de 23 personas, a quienes se les impusieron las penas máximas de 30 años de cárcel.
Durante ese período, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ejecutó la congelación de cuentas bancarias y el embargo de bienes, entre ellos la Hacienda San Luis, propiedad de Alayeto Bigott, así como la firma Unidad Jurídica de Asistencia S.C. y la Clínica San Lázaro.
Tras más de ocho años de reclusión, familiares sostienen que el proceso contra los civiles juzgados en fueros militares ha estado marcado por un severo retardo procesal, denuncias de torturas y un progresivo deterioro en la salud de los detenidos, por lo que urgieron a la revisión de sus medidas cautelares.
Por el-politico.com