Venezuela necesita inversión petrolera, capital privado y empresas internacionales capaces de aportar tecnología, financiamiento y capacidad de ejecución. Después de años de deterioro, pensar que el Estado puede reconstruir por sí solo la industria sería poco realista.
Pero precisamente por la magnitud de lo que está en juego, los términos y condiciones de los acuerdos petroleros deben conocerse. No estamos hablando de contratos comerciales ordinarios, sino de decisiones que pueden comprometer durante décadas uno de los principales activos del país. La sociedad venezolana debería poder conocer qué se está entregando, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones, cuáles son las obligaciones de las partes y cuánto recibirá efectivamente el Estado. Y, a partir de allí, debería existir un debate público sobre el modelo petrolero que queremos construir.
La preocupación aumenta cuando incorporamos otra realidad venezolana. Transparencia Venezuela estimó que las economías ilícitas generaron rentas equivalentes a 21,7% del PIB en 2021 y 15,7% en 2022. No es un fenómeno marginal, sino una estructura económica de enorme tamaño que durante años ha convivido con instituciones débiles, discrecionalidad y opacidad.
Por eso me preocupa la combinación de una nueva expansión petrolera, grandes flujos de dinero y mecanismos poco transparentes de asignación. Venezuela ya conoce las consecuencias de administrar enormes rentas sin instituciones suficientemente fuertes. Más petróleo puede significar más crecimiento y más ingresos fiscales, pero también puede ampliar los espacios para la captura de rentas, la corrupción y las economías ilícitas.
La alternativa no es impedir la inversión, sino hacerla mejor. Necesitamos procesos competitivos y auditables, contratos públicos, identificación de beneficiarios finales, reglas fiscales claras y mecanismos independientes que permitan seguir el recorrido del dinero desde que se produce un barril hasta que el ingreso correspondiente entra en las cuentas del Estado.
El verdadero éxito petrolero venezolano no debería medirse solamente por volver a producir tres o cuatro millones de barriles diarios. Deberíamos medirlo también por nuestra capacidad de saber quién produce esos barriles, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y qué hacemos con esos recursos.
Si vamos a reconstruir la industria petrolera, aprovechemos la oportunidad para reconstruir también las instituciones que administran su renta. De lo contrario, podemos terminar produciendo mucho más petróleo sin haber cambiado aquello que durante décadas convirtió nuestra mayor riqueza en una fuente permanente de vulnerabilidad
Asdrúbal Oliveros
