Al cumplirse cinco meses de los sucesos ocurridos en el Centro Penitenciario Yare III, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la persistencia de un escenario de impunidad institucional, señalando que hasta la fecha las autoridades no han hecho públicos los resultados de las investigaciones ni han establecido responsabilidades por la muerte de cinco personas bajo custodia del Estado.
Los hechos se registraron el pasado 20 de abril, en el marco de una protesta de los privados de libertad provocada por la falta de agua potable y alimentos durante cinco días consecutivos. De acuerdo con los testimonios documentados por la organización, la intervención de comisiones del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas) y del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) derivó en el uso de armas de fuego e impactos de perdigones dentro del Módulo II del recinto.
Víctimas y opacidad institucional
En el operativo perdieron la vida Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios, mientras que un número no precisado de internos resultó herido.
A pesar de que el Ministerio Público anunció en su momento la asignación de la Dirección de Protección de Derechos Humanos para el esclarecimiento del caso —y de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario calificó inicialmente el evento como una «riña interna»—, no existen reportes públicos sobre imputaciones, funcionarios investigados o determinación de la cadena de mando. Por su parte, la Defensoría del Pueblo tampoco ha emitido un informe oficial al respecto.
Traslados masivos y riesgo de alteración de pruebas
Posterior a los acontecimientos, el OVP contabilizó la movilización arbitraria de más de 600 privados de libertad desde Yare III hacia centros de reclusión en Aragua, Carabobo, Guárico y Lara. La organización reiteró su advertencia de que estos traslados masivos, ejecutados sin notificar a los familiares, obstaculizan el proceso judicial al dispersar a testigos clave y posibles víctimas de los sucesos.
Frente a este panorama, el OVP exige la publicación inmediata de las actuaciones fiscales, la identificación y juzgamiento de los autores materiales e intelectuales, la investigación de las denuncias previas sobre tratos crueles y la reparación integral para las familias de los fallecidos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
