La empresa más emblemática y exitosa de la vida económica nacional en 1998 era PDVSA. A partir de 2002, fue incorporada a la denominada política de desarrollo económico y social conocida como Socialismo del Siglo XXI. Sus consecuencias están a la vista. Esta empresa, propiedad del Estado, constituye el mejor reflejo de cómo su manejo por parte de una gerencia pública, escogida únicamente por su lealtad política y no por sus capacidades técnicas y gerenciales, ocasionó al patrimonio nacional pérdidas de cientos de miles de millones de dólares y generó grandes calamidades para las familias venezolanas. Estas sufrieron el deterioro de los servicios y graves inconvenientes en el desenvolvimiento de la vida nacional. Ejemplos de ello son la escasez de combustible y el abandono de las poblaciones petroleras, convertidas en comunidades desprovistas del apoyo que tradicionalmente recibían de las empresas petroleras para su sostenimiento, una práctica que incluso habían iniciado las compañías extranjeras desde los comienzos de la explotación petrolera en el país.
Comencemos por 1998. Para entonces, PDVSA producía más de tres millones de barriles diarios, cubría la demanda nacional de combustible y gas y exportaba parte de su producción, incluido el gas licuado. Contaba con más de 1.000 empresas privadas nacionales que le prestaban servicios en las múltiples actividades que desarrollaba, así como con las mejores empresas transnacionales para ejecutar operaciones en las áreas donde eran requeridas. Tenía expectativas de aumentar su producción para superar los cinco millones de barriles diarios a corto plazo. Cumplía puntualmente con el pago de impuestos y regalías, entregando estos recursos en dólares al Banco Central, y se encontraba solvente con sus proveedores de bienes y servicios. Sus trabajadores eran los mejores remunerados del país y contaban con un fondo de ahorro para sus jubilaciones que superaba los 500 millones de dólares. Además, tenían facilidades crediticias para adquirir viviendas, vehículos y electrodomésticos. Los organismos financieros competían por ofrecerles sus servicios.
En 2026, después de 27 años de un ejercicio del poder antagónico a los intereses nacionales, la realidad es completamente distinta. Una de las decisiones más emblemáticas de ese proceso fue el despido, en 2002, de más de 20.000 técnicos, ingenieros, profesionales y gerentes, quienes acumulaban, en promedio, más de 20 años de experiencia laboral. Hoy, la situación de PDVSA es sumamente compleja. La empresa requiere alrededor de 100.000 millones de dólares o más para recuperar su infraestructura, incluidas sus refinerías, oleoductos, terminales de embarque de petróleo y demás instalaciones vinculadas a la actividad petrolera. Mantiene deudas con empresas transnacionales vinculadas a sus operaciones y que fueron objeto de expropiaciones, estimadas en más de 40.000 millones de dólares. Tiene bonos emitidos por unos 70.000 millones de dólares que, al incorporar los intereses no pagados, se acercan a los 100.000 millones. Vendió parte de su sistema de refinación en Estados Unidos y Europa, cuyos activos tienen actualmente un valor muy superior al precio por el que fueron vendidos. También vendió parte de su flota petrolera, que figuraba entre las más eficientes para el suministro a sus clientes en todo el mundo. A esto se suma una enorme deuda laboral, derivada del despido de los trabajadores en 2002, así como de la apropiación de su fondo de pensiones. Todo lo anterior significa que se necesitarían alrededor de 300.000 millones de dólares para recuperar la capacidad productiva de PDVSA a los niveles de 1998 y cumplir con sus compromisos de deuda.
Como referencia, podemos mencionar dos empresas que en 1998 se encontraban en una situación comparable a la de PDVSA: Aramco, en Arabia Saudita, y la empresa petrolera de Noruega. Hoy, sus activos superan en cinco veces o más los de PDVSA. Esta comparación permite dimensionar lo que ha significado el deterioro de nuestra principal empresa y las oportunidades de desarrollo que Venezuela dejó escapar durante estas casi tres décadas.
El modelo del Socialismo del Siglo XXI redujo al mínimo las expectativas de dos generaciones de venezolanos, que vieron cómo la empresa que llevó progreso y bienestar a la nación durante casi tres décadas terminó convertida en una organización que necesita cientos de miles de millones de dólares para recuperar su capacidad operativa. Pero el daño no se limita a PDVSA. Nos corresponde reflexionar y evaluar cómo este modelo económico y político deterioró todo el sistema empresarial, tanto público como privado, del país, con pérdidas que se estiman en más de 500.000 millones de dólares.
La recuperación de PDVSA no será simplemente la recuperación de una empresa. Será la recuperación de una parte fundamental de la capacidad económica de Venezuela, de su autonomía energética y de las oportunidades de progreso de varias generaciones.
Vicente Brito
Presidente Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
