Flor de un día. Eso fue el acuerdo suscrito en Bridgetown el 17 de octubre de 2023 entre el “gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, como reza el texto olvidado. Pero ese día único de vida fue realmente importante. El denominado Acuerdo de Barbados “liberó” el camino para la realización de la elección organizada por la Comisión Nacional de Primaria que consolidó el liderazgo de María Corina Machado. Conviene recordar que los días previos al 17 de octubre eran los días típicos de una nación gobernada por una dictadura: no se sabe qué va a ocurrir, ni cuándo, ni cómo. Sin embargo, el 22 de octubre, el día de la primaria, ocurrió un fenómeno electoral incontestable..
Es posible pensar que el “gobierno”, para respetar el lenguaje del acuerdo, haya pecado, además de soberbia, de desconocimiento de la realidad política del país y calculó, en consecuencia, que la primaria sería un fracaso. Fue lo contrario: el anticipo del gigantesco deslave electoral del 28 de julio de este año. También es posible pensar que privilegiaron obtener el alivio de las sanciones para salir del marasmo en que quedó el régimen, económico y político, después del escándalo de Tareck el Aissami y los 40 ladrones. Se sabe, hasta la saciedad, que lo que mueve realmente a los “revolucionarios” en el poder es el vil metal que tanto dicen aborrecer.
La primaria tuvo un valor político de gran magnitud: mostró capacidad organizativa en la oposición que autogestionó una elección en la que participaron más de 2,5 millones de personas, evidenció la pulcritud de la Comisión Nacional de Primaria presidida por el doctor Jesús María Casal —ojalá alguna vez tengamos un Consejo Nacional Electoral de esa talla—, expresó el deseo inmenso de cambio político en densas capas de la población, particularmente en sus sectores populares y sirvió para renovar el liderazgo opositor luego de la frustrada experiencia del gobierno interino. No es, para nada, poca cosa.
Una vez que el “gobierno” asumió el golpe de lo que significó la primaria opositora, se dispuso a actuar contra todo lo suscrito en Barbados, siguiendo se supone las instrucciones de Nicolás Maduro y los consejos de Jorge Rodríguez, que estampó su firma en el documento. El Tribunal Supremo de Justicia, siempre atento a la complacencia, produjo una sentencia en la que dejaba “sin efecto” la primaria. Hubo un terremoto, pero no tembló, constataron los magistrados; pasó un huracán, pero ni una sola hoja se desprendió, garabatearon los altos jueces.
Sin entrar en el contenido del acuerdo, en la parte de las consideraciones previas que encabeza el documento, algo así como una declaración de buenas intenciones, el gobierno, con su contraparte, se comprometía a:
Fortalecer una democracia inclusiva y una cultura de la tolerancia y convivencia política.
Acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos consagrados en la Constitución, con todas las garantías.
Rechazar cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones.
Los dos primeros puntos fueron demasiado pronto letra muerta: no hay una democracia inclusiva, sino una dictadura aún más abusiva; y sobre la cultura de la tolerancia y convivencia política dan muestra los 2.000 ciudadanos que fueron perseguidos y encarcelados después de las elecciones del 28J, y una cantidad menor, pero significativa, durante la campaña electoral. Lo de elecciones con todas las garantías incluye inhabilitaciones y bloqueo de candidaturas, secuestro de tarjetas de partidos hasta el robo descarado del resultado electoral.
El tercer aparte es en el que se afinca el “gobierno” para ir contra todo aquel que, por ejemplo, desconozca la veracidad de un resultado electoral sin actas de escrutinio. Ese ciudadano, esos millones de ciudadanos, son violentos. Callarlos, apresarlos si es necesario, da vida a un Estado sin ley y a instituciones sin alma y sin cordura. El efecto, inmune al TSJ, es el desprestigio mundial de Maduro y sus acompañantes.
