El abogado y defensor de derechos humanos, Omar Mora Tosta, denunció este jueves que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo inició una redistribución masiva de causas penales hacia tribunales del interior de Venezuela. Aunque la versión oficial del circuito judicial penal de Caracas alega que la medida busca «descongestionar» la carga laboral, Mora Tosta afirmó que el trasfondo real es el desmantelamiento de una jurisdicción ilegal utilizada para la persecución política.
«Subyace una verdad que es inocultable: es el desmantelamiento de la jurisdicción de terrorismo, una estructura que nunca debió haber existido», sentenció el jurista a través de un video difundido en sus redes sociales.
Los casos emblemáticos afectados por la medida
El abogado detalló que dentro del «enorme listado» de expedientes remitidos fuera de la capital se encuentran casos de gran relevancia pública y política:
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Henry Alviárez (Coordinador nacional de Vente Venezuela)
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Dignora Hernández (Secretaria política nacional de Vente Venezuela)
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Víctor Castillo (Dirigente regional)
Mora Tosta cuestionó la contradicción institucional tras mantener a estos ciudadanos tras las rejas bajo acusaciones extremas: «Tribunales del interior que inicialmente declinaron competencia en Caracas porque supuestamente era un caso de terrorismo, ahora se dan cuenta, después de dos o tres años basados en falsos supuestos, que la causa no tiene razón de ser y que los van a juzgar por delitos comunes».
Una jurisdicción «proscrita internacionalmente»
El especialista en derecho penal recordó que los tribunales con competencia en terrorismo en Venezuela arrastran un vicio de origen insubsanable que los invalida ante la comunidad internacional.
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Ilegalidad de origen: Fueron creados mediante una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no a través de una ley formal debatida y aprobada en el Parlamento, que es el único mecanismo constitucional válido para fundar una jurisdicción.
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Uso político: Según el defensor, la naturaleza de estos tribunales durante todo este tiempo ha sido «única y exclusivamente juzgar por razones políticas a las personas procesadas».
La única salida: Nulidad absoluta
Ante el escenario de traslado de expedientes y el cambio de calificación jurídica a «delitos comunes» tras años de reclusión, la defensa de los procesados fue categórica sobre la ruta legal que corresponde: «La única solución jurídica que tiene esto es la nulidad absoluta de todas esas causas», concluyó Mora Tosta.
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Desmantelan de hecho a Tribunales de Terrorismo y envían los expedientes de las causas al interior del país.Omar Mora Tosta, abogado defensor de Víctor Castillo, Henry Alviarez y Dignora Hernández, ex presos políticos, denuncia la…
— Reporte Ya (@ReporteYa) May 28, 2026