Tarazona
marzo 25, 2023 6:15 am

Mientras cumplía 627 días de detención arbitraria y de privación ilegítima de su libertad, al profesor universitario Javier Tarazona —director de Fundaredes, una organización dedicada a promover los derechos humanos, la libertad y la democracia— le fue concedido el premio Homo Homini que otorga desde 1994 la organización no gubernamental de la República Checa People In Need.

 

 

«Creemos que las personas —señala People In Need— en cualquier lugar del mundo deberían tener derecho a tomar decisiones sobre sus vidas y a compartir los derechos expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Eso es lo que ha hecho Tarazona desde muy joven. A los 17 años de edad, como cuenta una nota de Erick Lezama en la vida de nos (ver: https://bit.ly/3LORrqv), Tarazona creó la Fundación de Brigadas de Seguridad del Táchira (Fundabriseta) para contribuir al progreso social de los jóvenes. Con el tiempo, de ese embrión nació Fundaredes.

 

 

Tomar decisiones sobre su propia vida y compartir, difundir y defender los derechos humanos es peligroso en Venezuela. Usted que lee, usted que cree en ese simple y profundo enunciado, usted que se compromete con su vigencia cada día de su vida, puede, como Javier Tarazona, ser acusado de instigación al odio. De terrorismo. De traición a la patria. En este lugar del mundo que se llama Venezuela.

 

 

Javier Tarazona estudió educación en la Universidad Pedagógica Nacional Experimental Libertador (UPEL). Se graduó, comenzó a dar clases, hizo una maestría y un doctorado. Fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira. Se casó, tuvo un hijo y, en paralelo, profundizó su activismo para fortalecer el tejido social —son palabras de la vida de nos— cada día más endeble, más agujereado.

 

 

Desde Fundaredes, con un equipo pequeño y abnegado, Tarazona se dedicó a documentar la presencia y actividad de grupos irregulares armados en la frontera venezolana. Acumuló mucha información, sobre el narcotráfico en esas trochas que cruzan de Colombia para acá y de vuelta, sobre la operación de esos grupos irregulares y libres como Pedro por su casa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio medidas cautelares de protección en 2020. Para que el Estado lo protegiera: en cualquier lugar del mundo, no aquí.

 

 

El 2 de julio de 2021 mientras daba un taller sobre derechos humanos en Coro, fue avisado de que hombres armados, algunos uniformados como la policía del estado Falcón, otros del Sebin, unos más de civil, merodeaban por el lugar donde se realizaba la actividad. Decidió, junto con Omar de Dios García, otro miembro de Fundaredes, acudir a la Fiscalía de Coro a denunciar el acoso y la persecución policial. Ambos salieron poco después esposados, y junto con el hermano de Tarazona, Rafael, que también fue detenido, trasladados a Caracas, presentados ante un tribunal e imputados de los delitos con los que el régimen sustituye la declaración universal de los derechos humanos. En este lugar llamado Venezuela.

 

 

Javier Tarazona es el único que sigue detenido. Ya son 630 días, o más. Su  pecado fue solicitar a la Fiscalía General de la República que investigara la relación de altos funcionarios, tanto civiles como militares, con altos mandos de la guerrilla. Y reveló una foto en la cual el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, —ahora desterrado en España, por mediación del inefable José Rodríguez Zapatero— estaba sentado en una mesa con jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas colombianas. Días después se produjo la detención de Tarazona.

 

 

Su puesta en libertad fue exigida esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se sabe que su salud se ha deteriorado durante el penoso e inhumano encierro al que ha sido sometido. Cerca de 300 venezolanos pagan en las cárceles el derecho a decidir sobre su vida

 

 

Editorial de El Nacional