El director general de la organización no gubernamental (ONG) País Plural, Daniel Picado, aseguró que el proyecto Nuestra Comunidad es de investigación. Esta iniciativa busca conocer cinco dimensiones de vida de personas LGBTIQ+.
“Estas dimensiones son salud, educación, bienestar económico, seguridad personal y derechos civiles y políticos. Los hallazgos son bastantes sorprendentes, pero no nos esperábamos que hubiese tanta participación por parte de la comunidad”, agregó.
De acuerdo con Picado, para este proyecto recibieron más de 800 respuestas en cinco regiones del país: Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y La Guaira.
El activista LGBTIQ+ recordó en entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio que la iniciativa contó con el impulso de varias organizaciones.
“Este proyecto está avalado por la Embajada de Alemania en Venezuela, quienes nos han apoyado. También por los centros de derechos humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad Central de Venezuela (UCV)”, precisó.
Los resultados del estudio sobre la comunidad LGBTIQ+
Picado advirtió que el estudio reveló que funcionarios policiales tienen una selectividad por “abusar, extorsionar y detener arbitrariamente a personas de la comunidad LGBTIQ+”.
“Específicamente hombres gais, mujeres trans y personas no binarias. Es decir que este grupo tiene una vulnerabilidad mucho mayor que el resto de las poblaciones, por encima del 35 % de que puedan ser detenidos”, detalló.
Por otro lado, el activista alertó que las terapias de conversión siguen estando vigentes en Venezuela.
“El sistema de las Naciones Unidas y la Federación de Psicólogos de Venezuela tipificaron que esto es un método de tortura hacia las personas LGBTIQ+. Vimos que más de 130 personas de nuestra muestra han sido víctimas de las terapias de conversión”, señaló.
Asimismo, aseguró que estas terapias de conversión las llevan a cabo grupos religiosos, personal psiquiátrico y organizaciones comunitarias.
Picado también reveló que más del 80 % de la muestra desconocía que en Venezuela existen instrumentos legales sobre la comunidad LGBTIQ+. Tampoco conocen la existencia de la Fiscalía 98°, especializada en investigar casos referentes a esta población.
UR
